La semana pasada cinco indígenas fueron asesinados en una vereda de Suárez (Cauca), justo después de la famosa emboscada de las Farc en el vecino municipio de Buenos Aires, que dejó un suboficial y 10 soldados muertos.

Entre un lugar y otro hay apenas unos 50 minutos en carro por las carreteras veredales del Naya, la montañosa región al occidente del río Cauca y en dirección hacia la costa del Pacífico.

Pero más que relacionar los asesinatos con el atentado de la guerrilla, entre los indígenas reunidos en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) -la organización social más fuerte de esa región- lo vinculan a dos asesinatos múltiples que dejaron tres indígenas muertos y uno herido, que ocurrieron en febrero en Caloto, también en el norte del Cauca.

Aunque son pocos los detalles claros, lo que extraña a varios veteranos integrantes de la Acin es que en ambos casos aparecen dos camionetas de vidrios polarizados, en las que -según varios indígenas nasa que las han visto- iba un grupo de hombres encapuchados y armados, y que utilizaron el mismo modus operandi.

El caso de los gemelos

Apenas un día después de la emboscada al batallón del Ejército, se supo que esa misma semana habían sido asesinados cinco integrantes de la familia Tróchez en el cabildo de Cerro Tijera en Suárez.

El martes 14 de abril los indígenas nasa Barney y Wilson Albeiro Tróchez - de 43 y 39 años, respectivamente- se dirigían de la vereda Agua Bonita a la vecina Los Robles para cuadrar los detalles de un partido de fútbol de integración que estaban organizando para mediados de mayo. En ese trayecto desaparecieron.

Al día siguiente, a las 5 de la madrugada, dos camionetas blancas llegaron a la casa de la familia Tróchez y un grupo de hombres armados se llevó a tres personas.

“Durante el ingreso a la vivienda (...) señalaron que se encontraban realizando un allanamiento y un procedimiento judicial“, señaló El País de Cali que dice el informe preliminar de la Policía.

Ese mismo día, hacia las 3:30 de la tarde, los vecinos encontraron en la vereda de Guadualito los cuerpos de Belisario Tróchez de 48 años, Cristian David Tróchez de 18 años y un cuñado, Mario Germán Valencia, todos con tiros de gracia.

Dos días después, el viernes pasado, aparecieron los cuerpos de Wilson y Barney, también con disparos en la cabeza.

Ese ‘modus operandi’ disparó las alarmas en la Acin, cuyos líderes inmediatamente recordaron los asesinatos de tres indígenas nasa en Caloto, un municipio a dos horas en carro, al otro lado del río Cauca y de la Carretera Panamericana, en las montañas justo después de Santander de Quilichao.

El 6 de febrero, dos indígenas del cabildo de Tóez estaban haciendo vigilancia nocturna en el trecho en que ese cabildo linda con la carretera que va desde Caloto hasta Guachené cuando, hacia las 11:30 de la noche, fueron retenidos y su rastro se esfumó.

Se trataba de Gerardo Velasco (de 28 años) y Emiliano Silva (de 40 años), dos corteros de caña -“comuneros” en el lenguaje indígena- que estaban haciendo un turno adicional en la guardia, tras la decisión de ese pequeño cabildo de 250 familias de reforzar el “control territorial”.

Eso después de que Tóez y los otros resguardos nasas sobre la carretera recibieran un panfleto de las Águilas Negras, anunciando el comienzo de una campaña de limpieza social y ordenándoles a todos los nasa de la zona no circular después de las 6 de la tarde por sus tierras.

Al día siguiente, cuando se dieron cuenta de la desaparición de Silva y Velasco, los indígenas del cabildo salieron a buscarlos, sin ningún resultado. Pero un día más tarde encontraron los cuerpos tirados en el canal de aguas de riego de un cañaveral en Guachené, veinte minutos más adelante en la misma carretera, empacados en bolsas y con signos de tortura.

En ese momento apareció un testigo, contando que justo a la hora de la desaparición de Velasco y Silva había visto parar cerca de donde ellos estaban a dos camionetas de vidrios polarizados, una blanca y otra gris oscura.

Acribillados

Apenas tres días después otro caso estremeció a los cabildos de esa zona. Hacia las 6 de la madrugada, dos hermanos regresaban de una fiesta al resguardo nasa de Huellas, situado justo al lado de Tóez sobre la misma carretera. En un confuso incidente del que casi no hay detalles y tampoco testigos, los dos -Rafael Antonio y Harold Martínez- fueron acribillados.

Ambos hermanos, hijos del exgobernador del resguardo Abel Martínez, fueron llevados a un hospital en Cali pero el primero de ellos murió. Harold se salvó.

Así que los indígenas de las dos comunidades, el cabildo de Tóez y el resguardo de Huellas, marcharon hasta Caloto.

Allí, en el parque del pueblo, hicieron una audiencia de denuncia de lo que había sucedido. Minutos después sus gobernadores, Margarita Hilamo de Huellas y Alfredo Campo de Tóez, empezaron a recibir amenazas por mensaje de texto.

“Tienen 24 horas para irse”, decían los mensajes firmados por las Águilas Negras, acusándolos de ser guerrilleros y dirigidos tanto a las autoridades de ambas comunidades como a la guardia indígena de la Acin, que llegó a la zona como refuerzo.

Como es poca la información comprobada sobre estos hechos, hay muchas versiones.

Personas en la zona se cuestionan que el Ejército, que tiene un puesto de control permanente frente al cementerio de Caloto y a 10 minutos de donde desaparecieron Velasco y Silva, no se hubiera enterado de nada ni haya visto las camionetas.

“Hay patrullaje permanente y es la única vía a Guachené. ¿Cómo no se van a enterar? ¿Cómo no los iban a encontrar?”, pregunta una persona de la región que prefiere no revelar su nombre.

“Las amenazas han venido del año pasado, pero sí se incrementaron cuando sucedieron estos hechos”, dice Luz Eida Julicué, una de las consejeras de la Acin.

“Pero nosotros no nos vamos a ir de nuestro territorio. Hacia las 8 de la noche fuimos allá, a la orilla de la carretera a desafiarlos y mostrarles nuestra fortaleza, pero ellos no fueron aunque supimos que había cinco hombres armados merodeando”, cuenta Alfredo Campo, el líder de Tóez.

A partir de ese momento la presencia de las dos camionetas -y de sus integrantes armados y encapuchados- se volvió una constante en la carretera, siendo observados -según varios integrantes de la Acin- de noche y de día por varios de los indígenas.

Testimonios de habitantes de la vereda “La Esperanza” en Cauca desmienten versión oficial

Contagio Radio

La versión de los habitantes de la vereda “La Esperanza”, lugar en el que se registró la muerte de 11 soldados adscritos a la Fuerza de Tarea Apolo de las FF.MM., es muy diferente a la que se ha conocido como la versión oficial.

Según la verificación realizada por el Frente Amplio por la Paz, cerca de 300 habitantes del caserío, denunciaron que los militares se habían apostado en el polideportivo del caserío desde el pasado 19 de marzo y no se retiraron de allí, pese a los reclamos de los habitantes, argumentando que “tenían una orden superior” para permanecer en el centro urbano.

Según los testimonios entregados por los habitantes de la vereda “La Esperanza” en el municipio de Buenos Aires, Cauca, los disparos comenzaron a escucharse hacia las 11:30 de la noche del martes y solo terminaron entre las 5 a.m. y la 6 a.m. del miércoles 15 de abril, este testimonio deja claridad en el hecho de que sí hubo combates entre el Ejército y la guerrilla, y no un ataque unilateral, como han afirmado los medios.

En cuanto a las afirmaciones de oficiales militares, en torno a que los militares estaban en el polideportivo para resguardarse de la lluvia, y solamente desde la misma noche del enfrentamiento, la comunidad afirma que cuando comenzaron los combates no estaba lloviendo y que sólo después de varias horas de comenzados los enfrentamientos fue que el clima comenzó a arreciar.

Según Cristian Delgado, integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, los habitantes de la vereda La Esperanza, solicitaron a los militares que se retiraran del Polideportivo puesto que es un espacio para la población civil y se encuentra a tan solo 50 metros del sector poblado, los militares se retiraron durante 4 días, pero volvieron y se asentaron allí, instalando una base militar desde el 11 de abril, es decir, cinco días antes del hecho que dejó un saldo de 11 militares muertos. Esta evidencia dejaría claro que los militares, asentados en la base tuvieron las condiciones para defenderse siguiendo los protocolos de seguridad para la instalación de una base militar.

Adicionalmente, los habitantes denunciaron, ante la delegación del Frente Amplio, que en la cocina de una de las casas del sector poblado, se encontró el cuerpo sin vida de uno de los militares, lo cual evidenciaría que hubo clara infracción del Derecho Internacional Humanitario, al usar el polideportivo como base militar, pero también al buscar las casas de los civiles para resguardarse en medio de un combate y en una zona de alta confrontación.

Así las cosas, la versión entregada por militares y reproducida por diversos medios de información quedaría desmentida por los habitantes de la vereda, quienes son los testigos directos del lamentable hecho.

El mismo día que el país lamentaba la muerte de los 11 soldados en la vereda La Esperanza en el departamento del Cauca, hombres armados y sin identificar raptaron y asesinaron con tiro de gracia a cinco miembros de una familia indígena. 

También cuentan qué sucede en Suárez

 “La comunidad no ha querido dar más información porque los vehículos se siguen movilizando. Lo que nos preocupa es que vemos el mismo procedimiento: los retienen, los desaparecen y luego aparecen asesinados”, dice Héctor Fabio Dicué, uno de los consejeros de la Acin.

“Que tenga que ver con los hechos desafortunados (la masacre de los soldados) no podemos saberlo, pero sí que hay presencia de actores ilegales”.

Esa -si hay alguna relación entre los asesinatos que vienen cometido los hombres de las camionetas desde hace dos meses y el ataque de las Farc que tiene golpeado el proceso de La Habana- es la pregunta para los indígenas del norte del Cauca.