Mientras el número de víctimas registradas en el país ya supera los siete millones de personas, el Gobierno nacional suma esfuerzos para aumentar los recursos destinados a la ruta integral de reparación, programa que en opinión de algunos sectores, tardaría mucho más de lo planeado.

Además, en un proceso que avanza contrarreloj, el próximo 10 de junio vencerá el plazo para que las personas que se consideren víctimas del conflicto y hayan sufrido un hecho victimizante entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio de 2011, presenten su declaración y sean incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Según el presidente Juan Manuel Santos, más de 500 mil víctimas de las siete milllones 392 mil 679 registradas, han sido reparadas a través de una ruta integral que incluye como pocos países a los desplazados, despojados de tierra, víctimas del terrorismo, tortura, secuestro y delitos contra la integridad sexual.

Por esta razón, se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para ampliar dos años más este registro, facilitar el mismo y dar reconocimiento expreso y legal del desplazamiento intraurbano como hecho victimizante.

Ante las críticas de la capacidad presupuestal para reparar más víctimas, el senador del Polo Democrático Alexánder López Maya explica que el tema no puede mirarse desde el punto de vista fiscal “porque el conflicto armado en Colombia todavía no se ha acabado y se hace imposible cerrar el registro hasta que termine”.

De acuerdo con un censo realizado por la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448, tan solo un 0.9% de las 500 mil víctimas que se encuentran en el exterior no han podido inscribirse en el RUV.

La alarmante cifra responde tanto al temor de algunos connacionales que temen perder su estatus de refugiados si acceden a las medidas de reparación, como a la falta de herramientas efectivas que impiden que la atención que requieren sea garantizada.

Lo mismo ocurre a nivel nacional, donde por falta de divulgación, o por la amenaza latente de grupos armados en ciertos territorios donde hay poca presencia estatal, se dificulta la tarea de desplazarse a un sitio de recepción de declaración e inclusión en el registro oficial de víctimas.

Para esto, el proyecto de ley que busca extender el plazo de registro tiene elementos nuevos como la obligatoriedad de los medios de comunicación y canales públicos de generar una información mayor y precisa que permita a las víctimas conocer cómo se desarrolla el proceso de inscripción. También se faculta a las Embajadas y Consulados de Colombia en todo el mundo para que hagan ese registro en el extranjero.

¿La reparación es viable?

Sin embargo, desde sectores como el Centro Democrático, cuestionan la viabilidad de la reparación a todas las víctimas del conflicto, uno de los temas más sonados en la campaña reeleccionista, que podría no contar con los recursos suficientes para cumplir con su objetivo.

Así lo advierte la senadora Paloma Valencia quien calificó la ley como ‘impagable’ pues “el país no tiene los recursos para proponerlo y menos aún tiene sentido un registro único de víctimas que se cierra con un plazo cuando las víctimas se siguen produciendo todos los días y nuevos ciudadanos hoy y mañana siguen siendo víctimas”, consideró.

Esta posición la respalda el senador Iván Duque, quien asegura que el Gobierno incumple la mayoría de promesas de campaña, incluyendo la de la paz, pues en el presupuesto general este sector estaría cubierto por dos rubros, uno de $7.9 billones para la atención de víctimas y otro de $8 billones para la restitución y reparación, lo que será insuficiente para atender a la cantidad de víctimas del país.

Ante esto, el Gobierno explica que pese al incremento en el registro, el 72% de los hechos ocurrieron antes del año 2012, lo que demuestra que las víctimas sienten confianza en la reparación, por lo que han acudido masivamente al registro.

También en defensa de la ley de víctimas, la Unidad de Víctimas asegura que en el 2015 se incrementó el presupuesto asignado a este sector en un 97% con respecto al 2010 y que las complicaciones en la ejecución responden a las pocas oportunidades para entregar la atención humanitaria, por falta de presupuesto oportuno.

En este punto, el senador Juan Manuel Galán, miembro de la Comisión de Seguimiento a la ley, reconoce que si bien hay dificultades fiscales y presupuestales evidentes, ya se evalúan varias fórmulas que permitan seguir financiando el proceso de reparación que “es muy importante que cumpla hasta donde se ha propuesto en la legislación”.

Los obstáculos

Estudios del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, aseguran que no hay claridad en qué tipo de reparación han tenido las víctimas reparadas, si estas fueron beneficiadas en procesos colectivos y si han tenido un enfoque preferencial.

También advierten que los montos que se están reconociendo a las víctimas de desplazamiento son muy bajos ya que con el decreto 1290 de 2008, se reconocían hasta 27 sueldos mensuales por desplazamiento, cifra que bajado a 17 con la ley de víctimas.

Frente al supuesto cambio en la priorización de las víctimas, Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas explica que en algunos casos se suspende el pago a los hogares que ya cumplen la Subsistencia Mínima para que avancen en la ruta de reparación integral, pues según explica, “al Gobierno no le interesa estar entregando eternamente ayuda humanitaria, sino ayudarlos a superar condición de vulnerabilidad”.

La reparación integral a esta población contempla un subsidio Integral de Tierras, permuta de predios, adquisición y adjudicación de tierras y un subsidio de vivienda de interés social.

Aun así, la Corte Constitucional en Sentencias C-462/13 y SU-254 declaró que tales mecanismos “son adicionales al monto de indemnización administrativa que debe pagarse en dinero”, por lo que el acceso a estas modalidades no constituye indemnización.

Es decir que una víctima reparada, es quien además de una indemnización, cuenta con el cumplimiento de unos mínimos satisfactorios que mejoran su calidad de vida. El representante del Centro Democrático Wilson Córdoba Mena, asegura que entonces, al ritmo actual de ejecución el proceso de indemnización, las víctimas registradas en el país tardarían entre 253 a 402 años en ser reparadas.

En ese punto, hallazgos de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley de Víctimas, conformado por la Procuraduría, Defensoría y Contraloría, señalan que otro obstáculo para la ejecución de la ley es que persiste un alto riesgo de nuevas victimizaciones.

Además, cuestionan la desconexión y falta de continuidad entre el componente de ayuda humanitaria y estabilización socio-económica, lo que está llevando a depender del subsidio monetario de ayuda humanitaria de transición y a vivir del asistencialismo, institucionalizando la tutela para desbloquear los obstáculos de acceso.

A esto se suma que la aplicación del principio de subsidiariedad entre los entes territoriales y nacionales está supeditada a tiempos administrativos y a la firma de convenios interadministrativos que llevan a que el apoyo técnico y financiero no se preste oportunamente.

¿Qué responde el Gobierno?

 En cuanto a la priorización y reparación, Paula Gaviria reitera que en la ley se aclara que la reparación comprende cinco tipo de medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas que pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas, dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante.

Frente a la posibilidad de que incremente el número de víctimas y se haga inviable la reparación, la funcionaria asegura que el riesgo no es tan alto, pues luego de encuestas realizadas en 2013, se concluyó que el subregistro estaría máximo en el 5%.

“Además, la necesidad de ampliar el plazo es para algunos delitos, no para todos. Por ejemplo, la violencia sexual, el reclutamiento de niños y niñas y el de ciertas víctimas que tienen dificultades de acceso como las del exterior o de Fuerzas Militares, frente a las cuales no había claridad si eran parte o no de la Ley”, argumentó Gaviria.

Así las cosas, si bien el país es líder frente a otros en víctimas reparadas, estará en manos del Gobierno Nacional articular la ruta de reparación, para que además de destacar en el papel ser el primer país en reparar en medio del conflicto, lo logre en hechos, especialmente en la carrera por la firma del acuerdo final de paz.