Los miembros de esta estructura serían los herederos del exparamilitar Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, más conocido como ‘Cuchillo’ y serían quienes se dedican, según las investigaciones, a ejercer control territorial de las rutas para el tráfico de estupefacientes, así como realizar extorsiones, homicidios y demás actividades delictivas con las que se lucran.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría y la Regional Tolima realizaron una investigación que permitió focalizar el fenómeno del reclutamiento forzado en la comuna 3 de Ibagué, donde al menos 12 jóvenes, según los casos documentados por la Fiscalía, fueron llevados mediante engaños a las filas de esa organización armada ilegal entre octubre de 2014 y febrero de 2015.

Según lo revelado por la Defensoría del Pueblo, los jóvenes habrían sido incorporados a la banda criminal bajo el ofrecimiento de recibir salarios de millón y medio de pesos mensuales, a cambio de cuidar fincas en algunos municipios de Meta y Guaviare, y en otras ocasiones para realizar supuestas labores de erradicación de plantaciones de coca y amapola, lo cual nunca sucedió.

Defensoría recopiló testimonios que narran que una vez llegaban a la zona de influencia de la banda, eran amenazados y conducidos a lugares de instrucción, donde reciben entrenamiento en el manejo de armas como fusiles AK-47 y M-16, granadas, explosivos y armas cortas tipo pistola 9mm.

Dichos testimonios indican que los jóvenes son obligados a desempeñar labores de extorsión a comerciantes de poblaciones cercanas, a cometer homicidios selectivos, custodiar tanto a los comandantes de la estructura, como los corredores para el transporte de alucinógenos, así como ser informantes de los movimientos que realiza la Fuerza Pública.

Quienes lograron escapar de la banda criminal señalan que también jóvenes mujeres son reclutadas a la fuerza para que ejerzan las mismas funciones, al tiempo que son sometidas a tratos crueles que van desde la esclavitud hasta la violencia sexual.

La Defensoría del Pueblo conoció la situación de una estudiante universitaria quien logró escapar de sus victimarios y fue encontrada por las autoridades en zona rural de Puerto Concordia, Meta.

Por ello, pidió al Ministerio de la Defensa y las autoridades nacionales realizar más controles en este tema, pues los factores de riesgo persisten y el fenómeno podría trasladarse a otras zonas del país, dados los antecedentes de quienes están al frente del grupo posdesmovilizado de las ‘Fiac’.