Los cabos sueltos de la represa El Quimbo

Cortesía Asoquimbo
En menos de un mes terminará de llenarse esta represa en Huila y aún hay varios asuntos pendientes entre los campesinos y la empresa. En el reasentamiento están sin agua, sin cosechas y las tierras a las que llegaron eran de otros que ahora no tienen adónde ir.

“Cuando ya vea el agua cerquita, iré a destechar. Le quito el zinc, las puertas y la madera, para no perder tanto. Es lo único que puedo hacer cuando todo el Gobierno está a favor de Emgesa”. Así se despidió de su casa Francisco Cabrera, un pescador que durante sus 55 años ha vivido del río Magdalena en la vereda Veracruz, en el municipio huilense Gigante.

Su casa es la última que queda en pie en esa zona y aunque hasta el último minuto se resistió a abandonarla, no tuvo otra opción cuando empezaron a llenar las más de ocho mil 500 hectáreas que tendrá la represa El Quimbo. Este megaproyecto es uno de los más grandes del país con capacidad de 400 megavatios y con vida útil de 50 años. Eso, calculan, equivaldrá al 8% de la energía que se consume en el país.

Si se compara con Bogotá, es como si se inundara desde la Plaza Bolívar hasta la calle 100, hacia el Norte, y hasta Fontibón, hacia el Occidente. Y la cantidad de agua que se necesita para El Quimbo es la misma que se requeriría para cubrir más de tres veces la isla de San Andrés. De hecho, ocupará parte de seis municipios de Huila: Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol.

De esta dimensión es la represa que ya comenzó a llenarse el pasado 30 de junio. Ese día, la labor inició en la madrugada y ni la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) ni la Gobernación ni la comunidad se dieron por enteradas.

Esta manera de proceder sacó de casillas al gobernador Carlos Mauricio Iriarte, quien ese mismo día calificó el llenado como una burla a los derechos del Huila, pues todavía no se habían cumplido todos los compromisos adquiridos por la empresa y por el Gobierno Nacional (lea los acuerdos pactados). Por su parte, la CAM pidió suspender esa operación hasta que Emgesa, la multinacional dueña del proyecto, cumpliera unos requisitos para salvaguardar la flora.

Pero hasta hoy la represa se sigue llenando con el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y, de seguir así, estará completa para principios de agosto y empezará su funcionamiento en septiembre.

Aún no se conoce a ciencia cierta cuántos son los afectados por la construcción de la represa. Además, en dos de los cuatro reasentamientos no hay agua potable y ninguno tiene distrito de riego, a pesar de que eran dos de las condiciones que puso en 2009 la Anla a Emgesa para autorizar la hidroeléctrica.

Otro de los grandes problemas es que en las tierras donde están las nuevas casas, trabajaban campesinos que hoy ya no tienen sustento ni techo y Emgesa no los reconoce como afectados.

Excluidos del censo

En 2009 la Anla expidió la Licencia Ambiental 0899, con la que autorizaba a Emgesa a construir El Quimbo. Por su parte, la empresa debía cumplir con ciertas obligaciones y una de ellas era elaborar un censo para saber cuántas y cuáles eran las personas afectadas de maneras directa o indirecta por este megaproyecto.

Entonces llegó el primer problema. Un año después de la autorización, Emgesa censó a cerca de tres mil afectados pero, según Miller Dussán, líder de Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo), la multinacional no tuvo en cuenta a todos los que correspondía.

“Ellos miran solamente la afectación comercial, es decir si trabaja o no en la zona de impacto, pero afectado es todo al que se le vulneran los derechos constitucionales”, explica Dussán.

De hecho, así lo enunció en 2013 la Corte Constitucional, cuando obligó a la empresa a hacer otro censo antes de septiembre de ese año. El objetivo era incluir a toda la población afectada, que iba desde el pescador y el dueño de grandes tierras hasta los comerciantes de zonas aledañas que perdían dinero en sus negocios por la construcción de la represa.

La multinacional no cumplió con el tiempo límite e hizo el censo en 2014. Además, Dussán dice que aunque 28 mil personas se inscribieron, la empresa rechazó a 13 mil bajo el argumento de que no eran afectados. Asoquimbo sostiene que Emgesa excluyó del censo a varias de las poblaciones que la Corte había ordenado proteger y ahora están a la deriva.

Así lo ratifica Francisco Cabrera: “En Veracruz, Emgesa no les dio nada a los mayordomos porque supuestamente el que les tenía que dar era el patrón y ahora están luchando pues se les acabó su actividad”.

VerdadAbierta.com preguntó a Emgesa pero, hasta este artículo, la empresa se abstuvo de responder sobre este dilema en específico.

Además del censo, la otra disputa es de si se considera desplazados o no a quienes abandonaron sus hogares porque iban a ser inundados.

Asoquimbo indica que sí y atribuye la responsabilidad al megaproyecto, mientras que para Emgesa son afectados directos. Por su parte, el Gobierno explica que la hidroeléctrica es un bien para el país y que el modelo de desarrollo no pretende afectar a las personas, explicó Andrés González, embajador de Colombia ante la OEA.

Las diferencias sobre el tema son tales que hasta llegaron a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en la que se analizó el impacto en la gente por los proyectos hidroeléctricos.

Despedida y

bienvenida a medias

El Quimbo lo han pensando desde hace dos décadas. La razón por la que no se había ejecutado es que en 1997 el Ministerio de Medio Ambiente negó la autorización de la represa por “la grave afectación de tierras altamente productivas [...] y por la dificultad de restituir la capacidad productiva de la zona”.

A pesar de la advertencia de lo que podría pasar con las tierras, el proyecto fue aprobado en 2009.

A cambio, los extranjeros tenían que cumplir unos requisitos legales con la comunidad en materia de restitución. El primero es que Emgesa tenía que trasladar a todas las personas antes de empezar a llenar la represa y para eso debía solucionar la compra o reubicación de todos los predios. Aunque el plazo era hasta 2011, al día de hoy no se ha solucionado este asunto pues los campesinos se quejan de que la empresa abusó de su poder para adquirir los lotes y de que los reubicó en un lugar donde ni siquiera hay agua potable.

Para que Emgesa pudiera adquirir los predios con facilidad, entre 2008 y 2012, el Ministerio de Minas y Energía declaró 49 mil hectáreas como utilidad pública, es decir que autorizó que se dispusiera de esos lotes por el bien común. De estas, 15 mil eran para la construcción de la represa, 23 mil para reasentamiento y reactivación económica, y 11 mil para compensación forestal, según la información del Ministerio de Minas y Energía.

Con el amparo de la utilidad pública, Emgesa comenzó a negociar con las personas que tenían tierras en las zonas inundables y con los que resultaran afectados indirectamente de este proyecto.

La Anla estima en la Resolución 0759 que 548 familias vendieron sus predios, pero Asoquimbo se queja de que tuvieron en cuenta el valor catastral, mas no el comercial. La institución pública agrega que 114 familias optaron por el reasentamiento colectivo, que hubo 37 individuales y sólo ocho expropiaciones. Pero estas cifras no coinciden ni con las de Emgesa, que dice que sólo 63 familias se han reasentado de manera colectiva y 20 de individual, ni con las de Asoquimbo, que habla de 164 órdenes de expropiación con entrega anticipada de predios.

Las expropiaciones eran la última vía que tiene la empresa para adquirir los predios. Esto sólo puede ocurrir después de que los dueños de los predios se negaran a vender o a irse a vivir al lugar dispuesto por la multinacional.

Pero Dussán señala que Emgesa utilizó el desalojo como una forma de obligar a las personas a dejar sus tierras. “La gente dice que no se va hasta que tenga todo lo que les promete la licencia y en respuesta Emgesa pide a un juzgado que declare la expropiación porque supuestamente quedó agotada la negociación”, afirma.

Dussán también sostiene que después de que se dictara orden de desalojo, Emgesa presionaba a los campesinos para que recibieran la plata, se fueran y, a cambio, se levantara la orden de expropiación.

“Si los desalojan, Emgesa sólo le consigna 57 millones y, si no, le ofrecen 150 millones”, asevera el líder de Asoquimbo.

En muchos de los casos las personas no querían dejar sus casas porque el reasentamiento no estaba listo. Así le sucedió a Francisco. Él solicitó que no le tumbaran su hogar hasta cuando la nueva casa estuviera lista.

En tierra de otros

Para quienes escogieron el reasentamiento, Emgesa dispuso cuatro lugares. El predio Santiago y Palacio, en Garzón, con 15 casas para los habitantes de Balseadero; la finca Llanos de la Virgen, en Altamira, con 40 casas para las personas de la Escalereta (municipio El Agrado); Montea, ubicada en Gigante, con 18 hogares para los provenientes de Veracruz y el predio La Galda, en El Agrado, con 14 viviendas para la gente de San José de Belén.

La misma empresa reconoce que a los reasentamientos sólo han llegado 63 familias aunque hay 87 casas construidas. Estos números están muy por debajo de las 200 viviendas que Emgesa se comprometió a cofinanciar con la Gobernación.

Pero el problema real para los campesinos no está en la cantidad de muros levantados, sino que esas casas fueron construidas en tierras donde trabajaban algunos mayordomos en sembrados de maíz, cacao o café.

“Emgesa no restituyó, sino que reemplazó otras tierras y además generó más desplazamiento”, denuncia Dussán. Esta idea e incluso la denominación de desplazados es la misma que utiliza la Contraloría en el seguimiento del caso que hizo en 2014.

Según la Anla, en mayo de este año los “opositores al proyecto” ocuparon la casa modelo y las parcelas asignadas al reasentamiento en Santiago y Palacio “hasta que no incluyan en las compensaciones a quienes ellos consideran deben ser incluidos”.

Dussán desmiente esta información y acusa a la Anla de replicar todo lo que dice Emgesa sin comprobarlo. Según la información de Asoquimbo, en el predio Santiago y Palacio no ocuparon ninguna parcela, sino que acordaron con los nuevos ocupantes quedarse hasta que la siembra de maíz cosechara.

Y así fue. Ahora, esos mayordomos quedaron sin trabajo y Emgesa tampoco los consideró como afectados por la represa.

Por otro lado, los que están viviendo en los nuevos predios tampoco saben de qué van a vivir, pues aunque Emgesa tenía que crearles un plan de producción agropecuaria con el que pudieran sostenerse, a la fecha ni siquiera hay distritos de riego ni cosechas.

“Nos están dando dos salarios mínimos a cada familia hasta que nos pongan el proyecto. Emgesa dice que nos dará unas vacas, pero yo quiero ser pescador y otros de acá lo que hacían era sembrar cacao”, señala Francisco.

Por eso este campesino se opuso hasta el último minuto a dejar su antiguo hogar, pues aunque la casa anterior era mucho más pequeña, “por lo menos era digna y es por eso que muchos dicen que era mejor quedarnos como estábamos”. Pero Francisco y los demás campesinos ya perdieron la pelea contra el tiempo, porque en cuestión de días los predios que tanto añoran estarán inundados.

VerdadAbierta.com envío un cuestionario a Emgesa sobre este tema, que no fue respondido en su totalidad para el cierre de esta nota.

VERDAD ABIERTA

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