La inyección de la salud no deja satisfecho al sector

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
Entre la parálisis y los esfuerzos se mueven por estos días los puntos de vista sobre soluciones para la salud.

Esta semana el Ministerio de Salud anunció que se inyectará 1,5 billones de pesos para aliviar la situación financiera de los hospitales del país. La medida no cumple las expectativas de brindar una solución de fondo para este sector, salvo las de las EPS, directas beneficiadas.

Reglamentar la subcuenta de garantías del Fosyga, comprar cartera, habilitar la utilización de recursos de las cajas de Compensación Familiar, verificar de forma anticipada los montos autorizados por las EPS para el giro directo hacia prestadores, reglamentar el giro directo en el régimen contributivo y priorizar los esfuerzos de conciliación de cartera entre EPS e IPS, fueron las medidas anunciadas por el Ministerio con tal de utilizar dicho capital.

El tercero de estos puntos es el que más preocupa a las partes, aunque la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) aseguró que esta situación no afectará los programas de esas entidades.

Colprensa habló con voceros de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y la Federación Nacional de Departamentos, quienes analizaron el plan del Gobierno.

“Serán necesarias otras fuentes”

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, dijo que la Nación y los departamentos deben cofinanciar el pago de las deudas de las EPS y anunció la presentación de una propuesta al Congreso para buscar otras fuentes.

“La proposición está encaminada a buscar otras fuentes de financiación para que se garantice el derecho a la salud por los afiliados al régimen subsidiado. Se va a propiciar una sesión informal en la Comisión Séptima del Senado, en la que se va a compartir las propuestas de los departamentos tendientes a buscar un consenso entre el Congreso, que es el que dispone, y el Ministerio de Salud, el que propone”, explicó Acosta.

Insistió también en que hay que buscar una nueva fuente de ingresos que permita solventar esta situación, porque esta es una cadena en la que los departamentos les dejan de pagar a las EPS y estas a los hospitales.

“El Ministerio ha hecho lo que puede hacer”

Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), comentó que el Ministerio de Salud “ha hecho lo que puede hacer y lo ha hecho bien” y que ahora corresponde tanto a la sociedad colombiana como al Estado definir si se va a financiar el sistema de salud o se va a limitar su funcionamiento.

“Este es un problema viejo, estructural y de una cadena que inicia con el Fosyga, sigue con las EPS, ahora va con las IPS y continúa”, advirtió Arias, al precisar que la crisis se comenzó a gestar hace cerca de 10 años.

Al referirse a la inyección de 1,5 billones de pesos del Gobierno nacional para el sistema de salud, señaló que servirá para mejorar el flujo de los recursos, por lo menos para finalizar el año en una situación “menos apretada”.

Aclaró que este “es un préstamo como cualquier otro y no hay donación alguna”, al tiempo que dijo que para dar solución a esta situación se debe tener en cuenta que el sistema no puede seguir “teniendo una demanda tan fuerte con recursos insuficientes”.

“No podemos tomar dinero público como garantía”

Germán Fernández, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Federación Médica Colombiana, aseguró que el dinero presupuestado para llevar a cabo el plan de choque, incluido el que proviene en parte de las Cajas de Compensación Familiar, es público y no debe servir como garantía de entidades particulares.

Este es un préstamo a las EPS con base en las garantías que van a recibir a futuro. “Esto es ilegal e inconstitucional, ya que es un recurso público con destinación específica y el ministro, por medio de decretos, no puede utilizarlo para apalancar préstamos a entidades particulares, como las EPS”.

Recordó que la deuda de las EPS con los hospitales y las clínicas asciende a los 12 billones de pesos y que esta “inyección” no representa mucho de dicho déficit. Incluso, afirmó que el ministro Alejandro Gaviria lleva tres años al frente de la cartera y no conoce el verdadero monto de la deuda.

Por eso argumentó que esta inyección profundizará la crisis.

“Prestar dinero a los que deben más dinero es aumentar el hueco para salvar un modelo que ha demostrado fracaso”, señaló.

Finalmente sostuvo que desde hace tiempo le entregaron 20 propuestas al Gobierno nacional que podrían ayudar a solucionar la crisis de la salud y que se concentran en la eliminación de las EPS, pero que el jefe de la cartera “está obcecado en mantener vivas a estas entidades”.

“Pagar las deudas de las EPS es un descaro”

Ángela Chávez, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, aseguró que la inyección de 1,5 billones para cubrir las deudas de las EPS con las clínicas y hospitales “es un descaro; es decirles a los contribuyentes que sigamos pagando la ineficiencia del Estado”.

Y reconoció que inyectar recursos es una de las soluciones para superar la problemática de la salud, pero mencionó que esta debe ir acompañada con otros mecanismos, como la eficiencia, el control del gasto, la sostenibilidad, el control de actores, el desarrollo de modelos de atención y políticas públicas, los cuales estén “acordes con la reglamentación vigente”.

Adicionalmente dijo que el sistema de salud colombiano siempre será un sistema mixto, por lo cual los colombianos deben acostumbrarse a aportar su grano de arena para que funcione de la manera correcta, ejecutando la normatividad vigente.

Como representante de pacientes con enfermedades raras, aclaró que la Nación debe facilitar el acceso a medicamentos huérfanos y establecer el enfoque diferencial para esta población, no obstante aseveró que “somos conscientes de que esto no se puede dar hasta solucionar los problemas de atención primaria”.

Finalmente afirmó que el lenguaje crea realidades, por lo cual los actores de la salud deben preguntarse si existe una crisis o no, ya que en su opinión la salud no está en peligro. “Reconocemos que hay muchas cosas por mejorar, pero eso no quiere decir que el sistema de salud esté por acabarse”.

“Podemos llegar a una parálisis hospitalaria”

Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, reconoció una dificultad “enorme” en el movimiento de los recursos de la salud y aseguró que de no tomarse medidas de fondo a corto, mediano y largo plazos, el país podría llegar a una parálisis hospitalaria.

“Este es un tema crónico, que presenta agudizaciones por momentos y que genera dificultades que están superando la capacidad de adaptación de las instituciones hospitalarias”, puntualizó Giraldo, al asegurar que los recursos no están llegando de manera oportuna ni en la cantidad necesaria a los hospitales.

En cuanto a la inyección de 1,5 billones de pesos al sistema de salud, aseguró que si se sigue “al pie de la letra el plan de choque, aunque no va a ser una solución definitiva, puede contribuir a mejorar la situación y a avanzar en la búsqueda de soluciones decisivas”.

De otra parte, se mostró en desacuerdo con las reformas en la salud e indicó que “aquí se expidió una Ley Estatutaria, la cual enuncia unos derechos, pero no cambia la estructura del sistema”.

En este orden de ideas pidió “una revolución en el modelo de atención primaria en salud, que trabaje la prevención, además de una red de atención que resuelva los problemas de los pacientes de manera integral en la zona donde residen, para así evitar las peregrinaciones para ser atendidos”.

Por eso solicitó el cambio del papel de las EPS, asegurando que estas se deben convertir en administradoras reguladas “que hagan coordinación logística y evaluación de cuentas, per o que no manejen el dinero”.

Exigió la creación de una caja única o fondo que recaude, afilie, asegure y reasegure a la población y haga el giro directo, a través de mecanismos como los bancarios, con previa revisión de los administradores, y que cada entidad cumpla el papel especializado para el cual existe dentro del sistema.

“No deben existir esas mezclas en las que hay un asegurador que tiene prestador, que tiene medicamentos y todas las cosas, porque el conflicto de intereses puede generar más problemas”, indicó.

BOGOTÁ

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