Si bien las Farc temen que al dejar las armas y acogerse al proceso de demovilización, sean asesinados por las bacrim o los ‘neoparamilitares’, quienes se camuflaron en negocios ilícitos como el microtráfico y la extorsión, vale la pregunta de quiénes serían los encargados de garantizar su seguridad, teniendo en cuenta que los cabecillas de estos grupos pueden ser fichas clave para dar respuestas a muchos crímenes de lesa humanidad que están en el limbo.

Paramilitarismo latente

El coordinador del Observatorio de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, ve el discurso de las Farc sobre el paramilitarismo como una señal de que existen otros tipos de grupos al margen de la ley que están ejerciendo la misma presión contrasubversiva que las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC).

“Lo primero es que en este país siguen asesinado líderes sociales alternativos y líderes de izquierda, entonces cuando las Farc se refieren a paramilitarismo, no están hablando de ‘Jorge 40’ o Mancuso, o del viejo modelo de desmovilización de las AUC, sino de gente que trabaja como ganaderos o empresarios, quienes contratan personas para que continúen robado tierras con el fin de mantener un control territorial”, señaló Ávila.

A su turno, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) Camilo González Posso, resaltó que las Farc presentaron un informe sobre la existencia de algunos grupos paramilitares en la regiones, en el que expresaban su preocupación por el constante crecimiento de los mismos.

“A estos grupos llamados bacrim o ‘neoparamilitares’ que no son iguales a los que existían cuando Carlos Castaño y las AUC, y producen mucha perturbación, y amenaza en los territorios, ya que no solo están ‘los Urabeños’ o ‘los Ratrojos’, sino que también hay otros que se presentan como estructuras criminales y tratan de apoderarse de territorios e interfieren con las elecciones próximas”, recalcó González Posso.

Basado también en estudios y argumentando que efectivamente los grupos paramilitares no se han desmotado en su totalidad en el país, el representante del Polo Democrático Alirio Uribe resaltó que hay muchas bandas criminales que siguen siendo apoyadas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

“Yo creo que independientemente del nombre que se les dé, ya sean bandas criminales o de otra manera, aún hay paramilitarismo en el país, porque efectivamente siguen presentes en muchas regiones del país y se siguen produciendo ataques y asesinatos de líderes por parte de estos grupos que tienen la misma filosofía guerrillera asociada a las autoridades”, afirmó Uribe.

Por su parte, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, afirmó: “Se camuflaron y pasaron al microtráfico y hoy con la extorsión y el dominio de territorios, con la venta de droga del microtráfico, con el negocio de mas armas y otras cosas, son un poder gigantesco que casi nadie identifica”.

Apoyando la posición de que el paramilitatismo sigue vivo y más latente que nunca en Colombia, el profesor de la Universidad Javeriana y analista político Jorge Restrepo afirmó que los grupos como las bacrim vienen del fenómeno del paramilitarismo, ya que muchos no se desmovilizaron, ni se sometieron a la justicia.

“Sí bien el fenómeno se conoció como paramilitarismo, no es lo mismo que hoy existe, pero sí tiene continuidad con lo que ocurrió en ese momento y las Farc no están seguros de quiénes van a garantizar su seguridad, básicamente porque perciben cierto riesgo de seguridad en la eventualidad de que dejen las armas”, agregó Restrepo.

Sin embargo, pese a que muchos sectores están de acuerdo con que el paramilitarismos sigue vivo, el General en retiro y vocero de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, Jaime Ruiz Barrera, se mostró en desacuerdo y cuestionó de dónde sacaron las Farc este argumento.

“No sé cuáles son los argumentos que puedan tener las Farc para estar diciendo que el paramilitarismo está vivo. Ellos pueden insistir en cualquier cosa, lo más importante es lo que piense el común de la gente, todos los colombianos, lo que ha sido la lucha de la Fuerza Pública contra estas organizaciones criminales”, puntualizó Ruíz.

A su turno, el abogado Édgar Torres aseveró que “no existe alguna razón de orden legal para decir que el paramilitarismo está vivo. Las razones para hacerlo son de carácter político y en un marco de negociación, por supuesto cuando un Ejército está en armas y las va entregar, lo primero que piensa es en su seguridad”.

La seguridad como garantía de desmovilización

Habiendo identificado que muchos sectores reconocen la presencia de nuevos grupos paramilitares en el país, entra la pregunta de quiénes serían los encargados de garantizar la seguridad de los desmovilizados de las Farc.

Según Ariel Ávila, la seguridad de sus integrantes es vital, ya que este grupo guerrillero hace presencia en zonas de economías ilegales, por lo que es posible que otros grupos armados ilegales intenten ganar esos territorios.

“Sí las Farc dejan las armas y no tienen garantías, los van a masacrar. Usted se imagina un comandante de las Farc en el Putumayo, y si deja las armas, al otro día, ya está muerto, porque eso es un territorio lleno de coca y de minería ilegal, por eso el tema de seguridad para esa guerrilla es real, eso no es un cuento”, aseveró Ávila.

Por su parte, González Posso hizo hincapié en que la seguridad en las negociaciones ha sido un punto crítico, porque siempre quedan todos los odios, y todas las retaliaciones y los intereses en los procesos, y en la historia de Colombia hay episodios muy doloros luego de que se firman los procesos de paz.

“Muchos son asesinados, así pasó con las guerrillas liberales en los Llanos Orientales, cuando los acuerdos de los años 50, fueron decenas de exguerrrilleros que fueron asesinados en circunstancias que no fueron aclaradas, y está el antecedente de la UP que está muy ligado a lo que creen las Farc que les puede ocurrir. Es por ello, que prevenir esto es absolutamente necesario, y el Gobierno tiene que tener medidas que garanticen esa seguridad, no solo de los excombatientes, sino de todos los líderes sociales”, señaló González Posso.

Basándose en que el Estado debe garantizar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados de las Farc, Jorge Restrepo fue enfático en resaltar que aún no existen las suficientes garantías para el ejercicio de la política por figuras de oposición.

“No creo que a la guerrilla le pueda suceder en la misma escala lo que a la UP, pero inicialmente existen riesgos, riesgos que no pueden cubrir toda la Unidad Nacional de Protección, ni los programas de protección de la Policía nacional. No son riesgos que estén completamente neutralizados y en el futuro la guerrilla con sus miembros pueden convertir en actores políticos pueden afrontar riesgos en materia de seguridad”, afirmó Restrepo.

Por su parte, el general en retiro Jaime Ruiz dijo que cualquier organización criminal puede cometer muchísimos crímenes, si están en medio de un conflicto de interés, por lo que la seguridad de las Farc debe ser un compromiso del Gobierno nacional, ya que en la tarea de la Fuerza Pública está proteger a los colombianos.

Para Edgar Torres, “el Gobierno debe garantizar las seguridad de los desmovilizados de las Farc, ya que según lo establece la Constitución las autoridades legales deben velar por la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, y pese a que ellos son un movimientos alzado en armas, que están en un proceso de negociación, y sobre cualquier estatus que se les quiera dar, son ciudadanos colombianos y merecen ser protegidos”.

Las medidas de seguridad para las Farc

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe estar lista para el postconflicto, ya que tiene que garantizar la seguridad de los desmovilizados de las Farc, luego de que se llegue a la firma del proceso de paz que se negocia entre el Gobierno y esa guerrilla en La Habana (Cuba).

“La experiencia, la capacidad y el acumulado de estos años de trabajo de la Unidad será fundamental para construir todo el esquema de protección que tendría que hacerse para aquellos integrantes de las Farc que renuncien al uso de las armas y se reincorporen a la vida civil y al ejercicio de la actividad política”, señaló Cristo, en el marco de la conformación de la Mesa de Transparencia de la UNP.

Para Alirio Uribe, el Gobierno tendrá que generar políticas de protección, de garantías de seguridad, a la protesta social, para que los desmovilizados no vayan a ser asesinados, garantías para que pueda haber participación política.

Por su parte, para Jorge Restrepo el Gobierno tiene que inventar otros esquemas, esquemas mixtos, como los que se dieron en los procesos en 1990 con el M-19 y el EPL y donde excombatientes se incorporaron como parte de esquemas de seguridad y se combinaron con unidades de la Policía y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Sin embargo, para Édgar Torres, las Farc acuñadas en el aforismo de paramilitarimo de Estado, para pedir una protección especial luego de dejar las armas, no debe ser tomada como algo real. “Es una equivocación, ya que constituye un tratamiento desigual para los ciudadanos de a pie, como usted o como, quienes nunca nos hemos levantado en armas y no tenemos derecho a tener una protección especial del Estado”, agregó.

Opiniones de todos los sectores salen a relucir cuando se trata de las garantías que entregaría el Gobierno nacional a las Farc en caso de que lleguen a desmovilizarce, tales como cuerpos de protección o alianzas con las Fuerzas Multinacionales de Paz como ocurrió en otros procesos de paz en Centro América.

Sin embargo, lo que dejaron claro todos los expertos consultados por Colprensa y en lo que llegaron a punto en común es que Colombia aún tiene la posibilidad de construir confianza en todo el territorio nacional, que aunque esté débil, puede sentar las bases para llegar al conflicto armado que ha azotado al país por más de 50 años.