La preocupación de la Procuraduría General de la Nación es clara. En su criterio, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa) tal y como está concebido actualmente ha fracasado por completo y eso se ve en la forma cómo los menores de edad son procesados y hasta en el incremento de los delitos por ellos perpetrados.

Así lo dejó en claro la procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, quien presentó al país ayer el informe de seguimiento a la gestión del Sistema entre los años 2012-2013, que revela cifras alarmantes como el incremento de los procesos penales por homicidio que se le siguen a los adolescentes.

En Antioquia aumentó 18 a 543 casos y en Bogotá de 98 a 130. En Cali pasó de 64 a 78 y en Buga de 17 a 22, según reportó la delegada.

Cabe recordar que según la ley un adolescente puede pagar hasta ocho años por homicidio pero que, por ser menores, las penas se revisan a los dos años. En este campo no caben menores de 14 años, pues no son penalmente responsables sin importar el delito que cometan.

Según la Procuraduría, los casos de homicidio han ido en aumento “por cuenta de la falta de políticas públicas sobre seguridad ciudadana que implique actuación entre los entes policiales”.

También resultó preocupante el incremento de procesos a menores en delitos como la integridad sexual, como abuso sexual, por parte de adolescentes entre 2012 y 2013 pasando en Antioquia de 14 a 36 casos, en Bogotá de 125 a 139, en Bucaramanga de 12 a 26, en Cali de cinco a 11, entre otros.

El informe señala además que delito de hurto sigue siendo el que más se comete por los adolescentes, pues en 2013 Bogotá reportó 1.689 procesos penales, Barranquilla 595, Bucaramanga 353, Cali 428 y Medellín 298. En lesiones personales para 2013 Bogotá reportó 37 casos, Bucaramanga 28, Antioquia 14, Medellín 7 y Barranquilla 3.

En ese sentido, la Procuradora dijo que habría qué pensar otra manera de tratar el hurto. Además, estimó que hay un claro subregistro en temas de violencia intrafamiliar porque es una infracción que se está cometiendo constantemente. Las cifras de este delito hablan de 8 registros para Antioquia, 21 para Bogotá, 11 para Bucaramanga, 27 para Cali y 47 para Medellín en el 2013.

“Acá hay un tema social muy grande. Tenemos que adoptar políticas de prevención de la delincuencia juvenil y en las que tiene que jugar un papel significativo el sector educativo y las familias en general. En los casos se encuentra una problemática compleja de menores que han sido abusados, utilizados por bandas criminales que han sido objeto de violencia intrafamiliar. La violencia se repite y por eso los grupos armados al margen de la ley tratan de usar menores a sabiendas que pueden tener un tratamiento diferenciado”, señaló Hoyos.

“Fracasó”

En ese sentido, la procuradora Hoyos manifestó que preocupa “el fracaso del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tal y como está siendo hoy concebido”, por lo cual requirieron a más de 10 entidades del Estado para obtener información.

Los hallazgos señalan que no se está teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, las normas del Código de Infancia, que el modelo se ha estructurado como un apéndice del sistema penal acusatorio y que por ejemplo el Icbf no tiene clara cuál es su tarea allí.

“Al adolescente se le mira con unos ojos más inquisidores que al adulto y tal como está concebido el Sistema exige una reforma reestructuración por parte de todos los operadores. Bien sea jueces, fiscales, funcionarios administrativos”, agregó.

Y es que según Hoyos, “uno de las grandes dificultades es poder conocer la situación en cuanto a cifras y las entidades nos responden que es muy difícil darlas. Una observación es que se requiere fortalecer los sistemas de información de todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pero también del sistema de responsabilidad”.

Entre los problemas está que no hay un órgano encargado de coordinar el SRPA y en ese sentido se lamentó que el Gobierno nacional no haya expedido el decreto para nombrarlo, como lo prometió en el primer semestre del año el Gobierno nacional en Ginebra, Suiza.

Otro inconveniente que observa la Procuraduría es que “los adolescentes están siendo juzgados incluso sabiendo que tienen un serio problema de adicción a sustancias psicoactivas y eso los haría inimputables”.

Igualmente, se cuestionó que la Judicatura haya informado que no tiene información sobre las condenas proferidas a adolescentes y la forma cómo se está aplicando por parte de la Fiscalía de los principios de oportunidad que son beneficios penales. En su criterio, la entidad debe reglamentar su aplicación para estos casos y que se diferencie de las normas que existen para adultos.

El reto

En palabras de Hoyos, “el Estado en su conjunto no ha adquirido la conciencia de lo que significa el reto, el desafío de un Sistema como este”.

“Acá le cabe una gran responsabilidad al Ministerio de Justicia: ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia. Una responsabilidad también al Ministerio de Salud: muchos de nuestros jóvenes son consumidores de sustancias pscioativas y no hay prevención. También, desde el año pasado el Ministerio de Educación se comprometió a adoptar una serie de medidas que permitieran garantizar a los menores infractores el derecho a la educación. Creo que falta coordinación del Gobierno y una ausencia de sistemas”, señaló.