Los habitantes de Toribío cuentan que en los últimos meses pueden estar en el parque y pasear por las calles sin el miedo de ser heridos en un hostigamiento. Les sorprende que durante tanto tiempo no han vuelto a escuchar disparos ni explosiones como en el pasado reciente.

“Hoy en día hay mucha tranquilidad. Los grupos armados no han vuelto a molestar porque hay tregua, y por eso los niños y la gente pueden salir a jugar. Antes todo el mundo permanecía en sus casas, no salía al parque por miedo a los enfrentamientos. La situación ha cambiado y vivimos sin la zozobra de estar pendientes de escuchar disparos para buscar refugio”, cuenta Ana*, mientras observaba un partido de microfútbol que disputaban hombres y mujeres durante una mañana de cielo despejado en Toribío.

Como ella, los habitantes de este municipio ubicado en el Norte de Cauca, a dos horas de Popayán y de Cali, se sorprenden porque no han vuelto a escuchar disparos ni explosiones.

Y no es para menos, pues en su afán de atacar a la estación de Policía, la guerrilla de las Farc convirtió a este pueblo en una gran galería de tiro, que al estar enclavado en medio de una cadena montañosa a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, recibía frecuentemente disparos y cilindros-bomba desde cualquier punto cardinal.

Esa extraña “tranquilidad” también se respira en el comercio y en los estudiantes.

“Se abrieron más locales. La gente del campo sale a comprar sin temor y eso sirve para aumentar las ventas. Antes vendía 30 mil en un día, porque si había hostigamiento, la gente no volvía y había que empacar. Pero ahora vendo en promedio 130 mil pesos diarios cuando vengo al pueblo, que es cuando hay eventos como hoy, que están pagando (el subsidio de) Familias en Acción”, le explicó a este portal una vendedora de ropa que instala su punto de venta en el parque.

La rectora del Centro Educativo de Toribío, Rosbita Gómez, también coincide en que el ambiente pacífico de los últimos meses ha afectado de manera positiva a los habitantes del pueblo, y en particular a los estudiantes.

“Los niños pueden llegar solos a la escuela; en las clases se concentran más, son más juicios, están tranquilos y son más activos. Los profesores están empezando a sacarlos al polideportivo o al parque a hacer los ejercicios de educación física porque aquí no hay espacio suficiente. Antes no se podía hacer”, contó a VerdadAbierta.com.

Los niños y las balas

La rectora de la escuela cuenta que a los profesores les ha tocado implementar diferentes estrategias para dar las clases en un ambiente de guerra. Frecuentemente les quitan a los niños balas que encuentran en los caminos.

“Tengo 28 años y no recuerdo un momento de tranquilidad. Siempre teníamos la preocupación de evacuar el colegio y teníamos los oídos puestos en las montañas. Veo que la situación actual es como un abrebocas que permitirá que en Toribío se viva como en cualquier municipio de Colombia que no es afectado por el conflicto armado”, contó Jorge*, un líder comunitario del cabildo indígena de San Francisco.

El secretario de Gobierno, José Miller Correa, consideró que hoy la comunidad “tiene tiempo para sentarse a construir sus planes de vida, pues antes se trabajaba más para defenderse de las consecuencias del conflicto, pero hoy se trabaja para salir adelante”.

Y la Alcaldía también está cambiando su forma de trabajar: como en los últimos meses no se han registrado heridos ni desplazados, los dineros que se utilizaban para su atención inmediata, ahora se usan para apoyar la generación de ingresos de ellas.

“Ahora apoyamos grupos organizados de la población víctima en pequeños emprendimientos, lo que antes era para atender la guerra hoy vamos a usarlo en proyectos productivos. Vamos a apoyar a 50 mujeres que están cultivando gallinas de campo en Tacueyó, el aporte es poco y tenemos destinados recursos para comprar una incubadora y otros enseres. También hay otro grupo que está produciendo compotas de gulupa. Serían como 12 millones de pesos y tuvimos que organizar un Comité de Justicia Transicional para orientar los recursos que teníamos para atender población víctima en emergencia, en pro de atender a víctimas en emprendimiento”, explicó Correa.

Vivir en medio de la guerra

Los embates del conflicto armado sobre este municipio han sido tan fuertes, que algunos pobladores lo rebautizaron como ‘Toribistán’, en alusión al país oriental de Pakistán, que ha sido escenario de bombardeos y guerras constantes. Este municipio tiene en su haber el triste récord de más de 600 ataques y 14 tomas guerrilleras. En dos de ellas la estación de Policía fue destruida.

Gabriel Paví, exalcalde y actual gobernador del Cabildo de Toribío (uno de los tres resguardos indígenas que existen en el municipio y que tiene el mismo nombre), recordó que la primera toma guerrillera ocurrió en 1983, cuando todavía no existía la estación de Policía y los oficiales ocupaban casas arrendadas. A partir de allí continuarían los ataques del Sexto Frente y de la Columna Jacobo Arenas de las Farc.

La situación se complicó entre 2002 y 2005, cuando las Farc aumentaron su accionar de guerra y usaron armamento no convencional como los cilindros-bomba -o tatucos- que eran arrojados desde las montañas.

El 10 de julio de 2002 las Farc se tomaron el pueblo en un ataque que inició a la una de la tarde y concluyó hacia las nueve de la mañana.

“El puesto de Policía fue destruido y 14 policías se entregaron. Los guerrilleros se llevaron el armamento del cuartel y liberaron a los soldados por la presión de la Guardia Indígena”, contó Paví, quien dijo que al año siguiente se construyó un puesto más fuerte y fueron trasladados 120 policías.

Como los uniformados no cabían en la estación, se instalaron trincheras dentro del casco urbano y dormían en ellas. En abril de 2005 las Farc atacaron de nuevo, pero en esta ocasión el blanco no fue sólo la estación de Policía, sino también todas las trincheras que había dispersas por el pueblo.

“Lanzaron muchas pipetas en todo el pueblo prácticamente y es cuando más casas destruyen y dejan más heridos. La Policía se refugió en medio de la población civil”.

Crónica de un juicio en las entrañas del Cauca

Además del incidente de los guardias indígenas, en mayo de este año también se presentaron hostigamientos con baja intensidad perpetrados por las Farc, una vez el Gobierno reanudó los bombardeos contra los campamentos subversivos porque esta guerrilla rompió su anterior tregua unilateral y asesinó a varios soldados que dormían en un polideportivo de la vereda La Esperanza, en Buenos Aires, Cauca.

Una vez se superó esta crisis del proceso de paz que derivó en un nuevo escalamiento de la guerra, la guerrilla anunció en julio una nueva tregua unilateral, que según informes de la Defensoría del Pueblo y el observatorio Cerac, han cumplido hasta la fecha.

A partir de la nueva tregua de las Farc los habitantes de Toribío respiran “tranquilidad”, pero para hacer frente a los años de la guerra las autoridades tuvieron que implementar diferentes estrategias. Una de ellas fue la destinación de rubros y la creación de planes de contingencia para atender a las víctimas. Además, la creación de un Plan Minga, que articuló el control territorial de la Guardia Indígena y la instalación de sitios de asamblea permanente, donde las comunidades se refugiaban mientras terminaban las hostilidades.

Cauca: la región más afectada por el recrudecimiento de la guerra

Pero la mayor preocupación es la revictimización y el rearme. “Hay muchos jóvenes que están en la guerrilla y no están preparados para entrar a la vida civil ni emprender trabajos en la sociedad. No recibieron educación y sólo saben disparar. Tememos que muchos jóvenes se conviertan en delincuentes comunes y aumente la violencia porque no tendrán quién los controle. Se necesita apoyo del Gobierno para que tengan proyectos productivos y no tomen la delincuencia”, consideró Paví.

El secretario Correa comparte las mismas preocupaciones que el gobernador del Cabildo, pero las relaciona con los cultivos de uso ilícito, que podrían ser una llamativa razón para que los desmovilizados vuelvan a delinquir. “Un tema es el regreso de los que hacen parte de las filas, pero también cómo va a quedar el municipio, porque hay un alto índice de cultivos de marihuana en invernadero. Se sabe que si bien la guerrilla no la produce, sí la controla y tiene ciertos beneficios de este tipo de cultivos: ¿los guerrilleros que vengan seguirán llenado el territorio de marihuana y se crearán bandas?”, cuestionó.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que la mitad de las veredas tienen pequeños cultivos de marihuana, que oscilan entre las 100 y las 500 matas.

“El indígena está dejando sus cultivos tradicionales, que son el pancoger, por sembrar este ilícito. Hoy se ven muchos indígenas involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo Gobierno y comunidades darán respuesta a esta problemática? ¿Cuáles serán las ofertas productivas?”, cuestionó Correa, quien aseguró también que las condiciones de producción del municipio son muy difíciles y los cultivadores pierden dinero al vender sus productos tradicionales.

Pedro José Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores de Indepaz, dijo que hay un mini-auge de bonanza de cultivos de marihuana desde los últimos cinco años, pero sólo ha sido visible desde el año pasado por informes de prensa y porque gobiernos locales y autoridades tradicionales están teniendo problemas por el consumo en sus comunidades.

Arenas consideró que se debería dar “una discusión política sobre qué tanto protagonismo van a tener esas autoridades tradicionales y esos planes de desarrollo local, respecto de las estrategias nacionales. El punto cuatro de La Habana contempla priorizar la mirada de la gente sobre su propio territorio más que a la de los técnicos desde Bogotá. Si esa perspectiva se sostiene y se logra definir una buena ruta de participación de las comunidades, donde el Estado cumpla su parte de atenderles sus necesidades, podría ser una buena orientación hacia el futuro para la implementación sobre los acuerdos”.

Además del conflicto armado y de los cultivos ilícitos, se debe tener en cuenta que el 70 por ciento del territorio de la localidad es de carácter forestal y que alrededor del 40 por ciento es de páramo, por lo que hay sobrepoblación (32 mil habitantes) con respecto a las tierras útiles; y que el 98 por ciento de ella es indígena y está agrupada en tres cabidos: Tacueyó, San Francisco y Toribío.

El último problema que se vislumbra es el de la minería. Si bien las comunidades la explotan de manera artesanal, sin usar productos químicos ni maquinaria pesada, sobre el municipio ya hay solicitudes de concesión de empresas multinacionales. Y se teme que en un periodo de paz se dé este tipo de explotación masiva que va en contravía de las costumbres y creencias indígenas.

Al respecto, el gobernador Paví indicó que la paz es posible, pero que no debe ser impuesta desde Bogotá. “Si dicen: aquí vamos a hacer la paz y nos traen una multinacional a explotar los recursos, no habría paz porque nos estarían quitando el territorio. Es mejor que se financie el plan de vida de la comunidad, porque ya hay propuestas y se deben respetar las dinámicas propias. Las multinacionales vienen a llevarse los recursos y nosotros los defendemos, porque hacen parte de la vida nuestra. No queremos que exploten el medio ambiente, porque hace parte de nuestra vida”, concluyó.