El pasado 22 de noviembre, el rector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñoz Ñungo, dijo que “tenía fe” en que la Gobernación del Tolima le giraría cinco mil 900 millones de pesos a la UT por concepto de la deuda que tiene el Gobierno departamental con la entidad.

Esta expectativa nunca se cumplió y ahora la Institución podría recibir menos de una tercera parte de ese valor, en momentos en que intenta ‘arañar’ cualquier recurso debido a la grave crisis presupuestal que tiene tambaleando su funcionamiento este año.

En efecto, la diferencia en las cuentas de la Universidad y la Gobernación, que estaban enredadas en una maraña de fechas y conceptos jurídicos, fueron aclarados por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, el pasado 10 de diciembre.

La decisión, determina que la Gobernación no le debe a la Universidad cinco mil 900 millones de pesos, sino solo mil 800 millones, por lo que el pulso, al menos en este proceso, lo va ganando el ente territorial.

¿Quién le debe a Quien?

Aunque la disputa jurídica entre la Universidad del Tolima y la Gobernación completa casi una década, durante el Gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón se conocieron varias decisiones de la justicia que han sido determinantes.

En concreto son tres procesos jurídicos los que enfrentan al ente territorial y a la Universidad, pero el referido a la deuda inició con una acción popular interpuesta por Jaider Frederich Acosta, representante de la UT.

Con la acción interpuesta, la justicia ordenó al Gobernador del Tolima incluir de manera anual en el proyecto de presupuesto de rentas y gastos la asignación presupuestal para el financiamiento de la Universidad.

Sin embargo, en el fallo emitido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué no se precisó la cuantía exacta a transferir, así que este aspecto quedó sin determinar.

Aquí precisamente es donde se centran las diferencias de conceptos jurídicos y fiscales, pues las bases presupuestales de donde parten las cuentas de cada una de las partes, son distintas.

Entonces se adoptó un concepto del Consejo de Estado y se tomó como base para el cálculo el presupuesto de rentas y gastos departamentales de 1993, año en el que comenzó a aplicar la Ley 30, la cual señala que el incremento de los aportes a las Universidades públicas debe ser “en pesos constantes”.

Así las cosas, la Universidad del Tolima se basa en la Ordenanza 018 de 1962, la cual establece que los aportes del Gobierno departamental serán del cinco por ciento del presupuesto a partir de 1965.

Considerando esto, la base del cálculo para los aportes es de 930 millones 693 mil pesos, según la Universidad, lo cual se basa en el presupuesto departamental aprobado bajo la ordenanza 024 del 1 de diciembre de 1993, la cual coincide con la ordenanza 018 de 1962.

Pero el cálculo de la Gobernación es distinto. Según el ente territorial, la base debe partir de lo establecido en el decreto 1864 del 18 de diciembre de 1992, que determinó el presupuesto del Departamento en 1993.

Para la Gobernación, la base del cálculo son 496 millones 886 mil pesos, valor inferior en 433 millones 806 mil pesos a la cifra defendida por la Universidad. Aquí es donde inicia el “descuadre” de cuentas.

Desde entonces, los cálculos de los aportes de una y otra entidad presentan divergencias, lo cual ha intentando ser aclarado por el Ministerio de Hacienda y la justicia administrativa.

Sin embargo, no fue sino hasta el 25 de julio de 2013 en el que ambas partes alcanzaron un acuerdo parcial, mientras la justicia determinaba el valor exacto de la deuda de la Gobernación.

Se acordó, entonces, que las transferencias efectuadas a partir de 2013 se basarían en lo dispuesto en la Ley 30 de 1993 y en la ordenanza 018 de 1962, es decir, se transferiría con base en las pretensiones de la Universidad.

Y también se acordó que en caso de que existiesen diferencias a favor de la Gobernación, luego de que fuera precisada la deuda, estos excedentes se sumarían al pago de las vigencias 2010 y 2011, cuya cuantía asciende a cinco mil 907 millones de pesos.

La deuda precisamente resulta de estas dos vigencias, debido a que en estos años el Departamento no efectuó ningún giro a la Universidad.

A pesar de este acuerdo, el pasado 31 de agosto un fallo del Juzgado Séptimo Administrativo precisó que los recursos o parte de ellos que fueron aportados a la Universidad durante 2012, 2013, 2014 y 2015, no podían ser destinados a cubrir la deuda pendiente de 2010 y 2011.

Asimismo el Juzgado ordenó a la Gobernación el pago de los cinco mil 907 millones de pesos, razón por la cual el rector Muñoz Ñungo informó en noviembre que se esperaba el pago de esta deuda para oxigenar el flujo de caja de la Institución.

Pero un detalle cambió el rumbo del proceso. La Gobernación resaltó los alcances del acuerdo establecido en julio de 2013, el cual había pasado desapercibido por el Juzgado.

De manera que el pasado 10 de diciembre el Juzgado emitió un nuevo auto, en el que “declaró ilegal” el proferido el 31 de agosto de 2015, y señaló que los excedentes registrados en 2013 y años siguientes, sí podrían ser destinados al pago de la deuda.

Y como en 2013 y 2014 se presentaron excedentes que sumados superan los cuatro mil 121 millones de pesos, al restarle este valor a la deuda ($5.907 millones), el monto total de las acreencias queda en mil 785 millones de pesos.

En este punto, cabe resaltar que el Juzgado determinó que las transferencias establecidas en la resolución 0233 de agosto de 2013 (las cuentas hechas por la Gobernación), “están ajustadas” a lo estipulado en la Ley 30 de 1992 y en la ordenanza 018 de 1962.

Alternativas

El rector José Herman Muñoz Ñungo dijo esta semana que la deuda de la UT sería de unos 15 mil millones de pesos. Este dato lo entregó en la reunión que sostuvo hace menos de una semana con representantes de la Gobernación.

De este encuentro se sabe, que la administración del gobernador Óscar Barreto no es partidaria de que se tapen estos ‘huecos’ presupuestales con más créditos -como el de 10 mil millones de pesos que se tramita en la actualidad- sin antes implementar un plan de saneamiento financiero y contar con un panorama claro de las cifras de la entidad. Asimismo, se conoció que las soluciones y alternativas planteadas por el Rector durante el encuentro no convencieron del todo porque obedecerían más a soluciones de momento que a un plan estructural.

En todo caso, se prevé que los pagos de nómina y primas pendientes se comenzarían a cancelar hacia marzo de este año.

Las transferencias

Aplicando el cambio del Índice de Precios al Consumidor entre 1994 y 2010, según precisa el fallo, se debió transferir a la Universidad en 2010, dos mil 907 millones de pesos y en 2011 dos mil 999 millones.

Asimismo que en 2012, se debieron girar tres mil 111 millones; en 2013, tres mil 187 millones; en 2014, una suma de tres mil 249 millones de pesos, y en 2015, tres mil 367 millones de pesos (Ver tabla).

Sin embargo, en realidad la Gobernación transfirió cuatro mil 896 millones de pesos en 2012; en 2013, aportó cinco mil 621 millones de pesos; en 2014, cuatro mil 936 millones de pesos, y en 2015, más de tres mil 346 millones de pesos.

Con respecto a la vigencia 2015, existe una diferencia a favor de la Universidad de 21 millones de pesos, pues este año la Gobernación transfirió un valor inferior al determinado por la ley.