‘Chatarrero’ incumple pago a exconcejal por venta de concretera de Boylam

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El escenario donde se resolverá el que hasta la fecha se consideraba uno de los negocios más prósperos, es un tribunal en el que Óscar Berbeo buscará que se le resarza dos mil 200 millones de pesos.

Un nuevo escándalo pone en el ojo del huracán a Jorge Alexánder Pérez Torres, representante legal del consorcio Unidad Deportiva Calle 42 y quien asumió la responsabilidad de la terminación de los escenarios deportivos que comprometieron recursos tanto de Coldeportes, la Alcaldía y la Gobernación del Tolima por 39 mil millones de pesos.

Pérez Torres, conocido como ‘el chatarrero’ por acreditar experiencia en trasteos de equipos de oficina y chatarra en Bogotá, no le pagó a su socio y exconcejal Óscar Alexander Berbeo los dineros producto de la venta de la concretera y vehículos de la empresa Boylam E.U. y con los que provee material para los inconclusos escenarios de la 42.

“Se fue por lana y salió trasquilado”

El 30 abril de 2014 a un mes de haber el Imdri adjudicado el contrato para la remodelación de las piscinas olímpicas a Pérez Torres, Berbeo, quien era propietario Boylam E.U., empresa especializada en la producción de concreto vendió a este los equipos y la concretera creando una nueva sociedad: Boylam Cementos y Concretos S.A.S.

De esta nueva empresa, Berbeo haría parte con un cinco por ciento de las acciones y el restante estaría a nombre de Pérez Torres.

El promisorio ‘negocio’ permitiría a Berbeo saldar los créditos leasing adquiridos con Bancolombia en la consolidación de Boylam E.U., explorar nuevos nichos de mercado y hasta ser beneficiario de algunos dividendos del millonario contrato de la calle 42.

No obstante, la transacción resultó en un incumplimiento de Pérez hacia Berbeo, quien no le giró los dos mil 200 millones de pesos del monto en que se avaluó los equipos.

Pérez debía desembolsar en tres pagos los dineros en favor del exconcejal, lo que incumplió desde mayo.

Berbeo entregó a un bufet de abogados en Bogotá, en diciembre pasado, poder legal para iniciar demanda contra su socio y recuperar el valor adeudado o la maquinaria.

Sin fondos y sin propiedades

Pese a que el Imdri adjudicó a Pérez Torres el contrato por 39 mil millones de pesos al haber cumplido con los requisitos contractuales y acreditado en papeles capacidad económica para apalancar los trabajos, los incumplimientos en el pago de salarios a obreros, las voces de iliquidez por el contratista y la adición por más de 10 mil millones de pesos que reclama, ponen cada vez más en entredicho la idoneidad del mismo para la ejecución de las obras.

EL NUEVO DÍA logró establecer que ‘el chatarrero’ no solo adeuda a la fecha a Berbeo, sino alrededor de 20 proveedores que “confiados” en la cuantía del contrato y las actas parciales ‘fiaron’ material para las obras.

Esta situación fue denunciada por el director Territorial del Ministerio de Trabajo, Elio Fabio Rodríguez, quien en diciembre divulgó la denuncia interpuesta por la empresa Imal Ltda., a la que se adeudaba unos 721 millones de pesos.

Además, Pérez adeuda el pago de recibos de servicios públicos de las oficinas de Boylam Cementos y Concretos, ubicada en el centro comercial Portal del Vergel, como se registró en certificado de Cámara y Comercio.

Sin embargo, los servicios aparecen registrados a nombre de Berbeo, pues allí tenía su domicilio Boylam E.U. empresa de carácter unipersonal creada en 2006.

Por otra parte, el cabildante a través de sus abogados en Bogotá ha intentado rastrear bienes a nombre de Pérez Torres sin que registren carros, inmuebles o propiedades a su nombre. Además, según se pudo establecer al parecer este no sería objeto de préstamos bancarios en las entidades financieras.

¿Le dio la espalda a Berbeo?

EL NUEVO DÍA logró establecer que desde que inició el cobro por parte de Berbeo hacia Pérez Torres, los encuentros entre ambos socios se volvieron más esporádicos, delegando el contratista a su asesor legal, Gabriel del Castillo, hermano del polémico asesor jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Edmundo del Castillo, y ser el puente de diálogo.

No obstante, Pérez Torres efectuó cinco reuniones extraordinarias de Boylam Cementos y Concretos S.A.S., como registra en Cámara y Comercio, cambiando la razón social de la empresa el 22 de diciembre por Concretos y Cementos S.A.S. En esta serie de reuniones y al tener el 95 por ciento de las acciones, Pérez Torres habría relegado a Berbeo.

La nueva sociedad Con-cretos y Cementos está liderada por Eduardo Delgado Rodríguez y como su representante legal suplente, Nicolás Alexander Pérez Forero, hijo de Óscar Alexánder Pérez Torres.

Surgen dudas con respecto a quién es Eduardo Delgado Rodríguez y qué pasó con Carlos Navarro, antiguo representante legal de Boylam Cementos y Concretos S.A.S.

EL NUEVO DÍA logró establecer que Delgado Rodríguez registra en el Simit ocho infracciones de tránsito en Cali y Bogotá, tres ocurridas en abril, dos en mayo, una en septiembre y dos en noviembre por conducir sin el SOAT, transitar en sitios restringidos y no tener la revisión tecno-mecánica al día. Delgado Rodríguez le adeuda al Estado cuatro millones 565 mil pesos en multas de tránsito.

EL NUEVO DÍA conoció que Navarro, aparentemente, también fue víctima de los incumplimientos de Pérez Torres, quien le quedó adeudando alrededor de siete millones de pesos.

No obstante, Navarro actualmente ejerce la gerencia de una empresa de orden nacional cuyo sueldo supera los 18 millones de pesos más comisiones por ventas.

Un escenario complicado

El panorama para el exconcejal Óscar Berbeo no es nada alentador, ya que quien figura como responsable ante los bancos es él y su empresa Boylam E.U., que puede ser reportada ante las centrales de riesgo.

El pleito jurídico que le inició a Pérez aún está agotando las etapas de conciliación y podría dilatarse en el tiempo, hasta cuando un juez defina si Pérez debe pagar lo adeudado y, en efecto, devolver los equipos a su legítimo propietario, que por efectos del tiempo sufren desgaste con lo que se disminuye su valor comercial.

No obstante, Pérez no registra propiedades o activos que permitieran declarar un posible embargo de los bienes y permitir así compensar la inversión efectuada por el excabildante.

Por otra parte, Berbeo, al ser propietario del cinco por ciento de las acciones de hoy Concretos y Cementos, deberá entrar a responder con un cinco por ciento sobre las deudas que pudiere dejar ‘el chatarrero’, de incumplir con las obras de las 42 y los proveedores.

EL NUEVO DÍA intentó comunicarse con Pérez Torres al igual que con el abogado Del Castillo, quienes no respondieron ni a los mensajes de texto ni a las llamadas telefónicas de este rotativo.

Los antecedentes de Pérez Torres 

Como lo había hecho público EL NUEVO DÍA, a Pérez Torres lo vinculan algunos contratos con las alcaldías de Teusaquillo y Bogotá para acarreos, cuantía que no superó los cinco millones 567 mil pesos y que contó con una adición de casi dos millones. De igual manera, se cuenta la elaboración de material de divulgación por 53 millones de pesos. Ambos fueron suscritos para las vigencias 2012 y 2013. No obstante, Pérez Torres fue involucrado al escándalo por posibles sobrecostos en el arrendamiento del edificio Los Alcázares al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en 2013.

La Contraloría Distrital de Bogotá, en informe con fecha de febrero de 2014, estableció un sobrecosto por cerca de mil 33 millones de pesos.

El órgano de control fiscal determinó que “el predio fue tomado en arriendo por el IDU, según propuesta presentada por Jorge Alexander Pérez Torres, por mil 753 millones 920 mil pesos, incluido IVA, es decir, 146 millones mensuales, cuando en metrocuadrado.com ese mismo edificio contempla un valor de arriendo por 60 millones, lo que indica que existió un sobrecosto superior a 86 millones mensuales”.

En ese negocio Pérez Torres actuó como apoderado de Genaro Cerquera Baquero, propietario del inmueble, y quien recibiría por concepto del contrato 50 millones de pesos mensuales, mientras que Pérez Torres, 96 millones.

Semana.com estableció que Pérez Torres llegó a un acuerdo con Cerquera Baquero, pues se comprometió a arreglar y adecuar el inmueble, debido a que el dueño del edificio no contaba con los recursos para las modificaciones. Sin embargo, una vez suscrito el contrato y después de seis meses, el instituto decidió pagar el arrendamiento al dueño del inmueble y no al contratista Pérez.

Lo anterior llevó a Pérez Torres a llevar su queja a la Contraloría Distrital, donde fueron detectadas las irregularidades en sobrecostos, la falta de planeación en la adjudicación del contrato y el posible direccionamiento del mismo.

La Contraloría estableció que “la persona que firma el contrato ha tenido varios contratos con el IDU desde 2011 para arrendamiento de puestos y trasteos y que en abril de 2013 presentó una modificación del objeto incluyendo la actividad de asesor inmobiliario”.

¿Y quién es Cerquera Baquero?

Genaro Cerquera Baquero fue propietario del Atlético Quindío. Según reseñas de internet, se le involucra a negocios con narcotraficantes de Caquetá. No obstante, en la columna de Fernando Araújo Vélez retomada por el diario El Espectador, el autor advierte que la Fiscalía aclaró que no existía algún cargo que lo vinculara con actividad ilícita.

“El Atlético Quindío es de Genaro Cerquera Baquero desde los años 80. Muchas veces se le vinculó con narcotraficantes del Caquetá y en el ambiente sano del fútbol se comentan con insistencia sus turbios negocios. No obstante, la Fiscalía, en la segunda semana de diciembre de 1994, emitió un comunicado en el que aclaró que Cerquera no posee ningún cargo, pues no existen pruebas en su contra”, refiere el escrito. 

Credito
IBAGUÉ

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