En los últimos días empezó a circular un nuevo panfleto por redes sociales y Whatsapp. De no ser porque las amenazas se concentran contra mujeres y organizaciones que trabajan con víctimas del conflicto armado y respaldan el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, se podría pensar que es la copia de uno de los tantos que han circulado recientemente.

En un texto con lenguaje vulgar y el ya ‘tradicional’ cabezote de las ‘Águilas Negras’, se amenaza con “tortura y muerte” a la exsenadora Piedad Córdoba, y a las líderes Nancy Carvajal Gómez, Elsa Cristina Posada, Nancy Gómez, Rosa Amelia Hernández y Jenny Viviana Guerrero Carvajal, quienes han participado en procesos de restitución de tierras y han acompañado a víctimas del conflicto armado.

El texto termina con una frase perentoria: “Reclutaremos a sus hijos. Seremos implacables desde Urabá hasta Meta”.

Entre las organizaciones no gubernamentales que son blanco de amenazas están la Mesa Autónoma de Mujeres, Sisma Mujer, Casa de la Mujer, Viva la Ciudadanía, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (Ilsa) y la Mesa Nacional de Víctimas. Además, Alfonso Castillo, excandidato al Concejo de Bogotá por la UP; y los funcionarios Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de la Unidad de Víctimas, y Susana Rodríguez Caro, delegada de Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo.

Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer, considera que este panfleto hace parte del proceso de hostigamiento contra defensores de derechos humanos, líderes y organizaciones sociales que se ha activado en el último año.

“Esto ocurre porque cada día que pasa las mujeres tenemos un rol más activo en la restitución de tierras, en la defensa de nuestros derechos, en la denuncia y porque les hemos dado un respaldo abierto a los procesos de paz”, indicó.

Otra líder, que pidió mantener en reserva su identidad, afirma que las mujeres han tomado visibilidad por su participación en el proceso de paz con las Farc: “Hemos tenido un papel prevalente en las negociaciones y hemos llevado la agenda de las mujeres a la Mesa de Diálogos. Eso tuvo mucha influencia y ha hecho que estemos amenazadas”.

Esas acciones también se han visto por fuera de la Mesa de La Habana. En noviembre del año pasado, la Ruta Pacífica de las Mujeres realizó una multitudinaria marcha por las calles de Popayán para recoger firmas y “refrendar” los acuerdos de paz a su manera, como muestra de respaldo al proceso de paz, pero también para pedirle a los negociadores que no se paren de la Mesa hasta lograr un acuerdo que le ponga punto final a la confrontación armada. Meses después fueron amenazadas por las llamadas ‘Águilas Negras’ en Cauca.

Aunque llama la atención que la mayoría de las personas amenazadas en este nuevo panfleto de las ‘Águilas Negras’ son mujeres, ésta no es la primera vez que ocurre. Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, organización no gubernamental que monitorea la situación de los defensores de derechos humanos, dijo que ésta es la segunda amenaza masiva contra ellas.

“La primera andanada de amenazas fue en septiembre de 2014, cuando viajaron las comisiones de víctimas para hablar con los negociadores del proceso de paz en Cuba. Primero se amenazó a las organizaciones de mujeres porque fueron las primeras que comenzaron a hacer aportes puntuales al tema Víctimas”, explicó Guevara.

Además, indicó que las agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos han sido constantes desde ese momento. Según los registros de Somos Defensores, el punto más crítico se alcanzó entre julio y septiembre del año pasado, cuando por primera vez, en un trimestre, fueron agredidas más mujeres que hombres

Guevara consideró que las agresiones contra las defensoras cada vez toman más fuerza porque “es el movimiento que más rápido se articuló con los temas de posconflicto y víctimas en La Habana. Comenzaron a hablar de enfoque diferencial de género como afectación del conflicto, lograron que se abriera una Mesa de Mujeres y trabajan activamente en las regiones”.

Por otro lado, para Alfonso Castillo, defensor de derechos humanos que participó en la primera Mesa Nacional de Víctimas en 2012 y excandidato de la UP en las pasadas elecciones locales, las amenazas se han vuelto constantes y provienen de sectores que quieren sabotear los avances en materia de terminación del conflicto: “Uno esperaría que el gobierno actúe de una manera contundente y le brinde garantías a las organizaciones de derechos humanos, de víctimas y de mujeres que estamos luchando por la construcción de la paz”.

En ese mismo sentido se expresó Rosa Amelia Hernández, una de las siete mujeres amenazadas con nombre propio, quien lidera procesos de restitución de tierras y adelanta capacitaciones sobre la aplicación de la Ley de Víctimas. “Quiero que se aclare quién y por qué me amenazan. Yo no le he hecho daño a nadie; no trabajo para el gobierno, pero pareciera que sí porque hago funciones que son de ellos: no socializan nada acá y yo sí, desconocen que la paz se hace en los territorios y no en sus escritorios. Con esa amenaza acabaron con mi tranquilidad por querer ayudar”, afirmó esta líder.

¿De dónde vienen?

La incertidumbre que despiertan los panfletos es la que más daño causa. Diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos sostienen que la reciente ola de intimidaciones y de asesinatos de líderes sociales proviene de grupos paramilitares, pese a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que concluyó en agosto de 2006.

En cambio, el gobierno nacional aduce que en la actualidad no existe el paramilitarismo, sino bandas de crimen organizado. Además, analistas e investigadores del conflicto armado también señalan que en la actualidad no existen grupos paramilitares sino grupos delincuenciales que heredaron un aprendizaje de las Auc y buscan controlar poblaciones y economías ilegales.

La discusión también ha llegado a la Mesa de Negociaciones en La Habana. Allí, los voceros de las Farc han exigido al gobierno nacional que reconozca la existencia del paramilitarismo y lo enfrente de manera eficaz para garantizar el paso de sus hombres a la vida civil.

Más allá de la retórica y de la diversidad de conceptos, lo concreto es que cada semana surgen panfletos amenazando a líderes sociales, sindicalistas o simpatizantes del proceso de paz. Hace dos semanas circuló un volante supuestamente de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en el que se amenazó a varios sectores sociales de Cali.

En reacción a ese señalamiento, los ‘Gaitanistas’ emitieron el pasado viernes un comunicado negando cualquier relación con las amenazas que proliferan en el país contra líderes sociales y reclamantes de tierras. “Los organismos de seguridad del gobierno han atribuido a nuestra organización la responsabilidad por el desplazamiento forzado, los homicidios y las amenazas a los integrantes de estas organizaciones. Queremos dejar claro que no somos nosotros los responsables de estos hechos y que el nombre de nuestras organizaciones está siendo utilizando para ocultar y proteger a los verdaderos responsables”, se lee en uno de los puntos del documento, que lo firma el ‘Estado Mayor’ de esa organización armada ilegal.

Al respecto, Carlos Guevara, de Somos Defensores, dijo que ese comunicado demuestra que detrás de los panfletos también pueden estar terceras personas que usan el nombre de estos grupos ilegales para cubrir cualquier tipo de amenazas. “Creemos que quienes intentan usarlo, son los mismos que en el pasado usaron membretes de las ‘Águilas Negras’ y de otros grupos. Eso dificulta mucho más las investigaciones. Además, la Dijín de la Policía nos dice que el problema con estos panfletos es que ya no los envían de manera física, sino que les toman fotos y comienzan a circularlos en redes sociales, por lo que rastrearlos es muy complicado”.

Para acabar con la incertidumbre que generan las amenazas a nombre de grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc, las víctimas piden que el Estado esclarezca esta situación de una vez por todas. “No hay la voluntad política de investigar de dónde vienen las amenazas. Si en el periodo de Uribe encontraron en dos días a quien amenazó a uno de sus hijos en Facebook, nos parece imposible, con todo el sistema de inteligencia del país, que no se determine de dónde vienen estas amenazas”, cuestionó Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer.