“Debo hacerle clara y explícita mi invitación a participar en el diálogo constructivo de cara a una reconciliación sostenible. En el país que este Gobierno sueña, estamos incluidos todos los colombianos sin distinción de oficio, ideología o posición económica”, manifestó Sabogal Urrego.

Según el directivo, la restitución de tierras ha hecho mucho más por las víctimas del conflicto que lo que nunca se hizo en el país en los últimos 60 años, pues se han restituido más de 200 mil hectáreas de tierra beneficiando, por lo menos, a 23 mil colombianos.

De esta manera, Sabogal aseguró que “hemos entregado a los jueces más de 12 mil casos por 500 mil hectáreas, sobre estos, la justicia ha fallado el 95% de las sentencias en favor de las víctimas, lo que demuestra que ha encontrado bien hecha la tarea de la Unidad en representación de quienes fueron despojados o forzados a abandonar sus tierras por el conflicto”.

Asimismo, la entidad asegura en la carta que se han recibido 88 mil reclamos por tierras, de los cuales, 44 mil se encuentran en zonas habilitadas por el Ministerio de Defensa para su intervención; es así como se han resuelto hasta el momento 31 mil.

El directivo también hizo énfasis en que “la restitución no tiene sesgo. Es una política pública que está reparando a las comunidades afectadas por el conflicto, incluidos ganaderos emprendedores que durante décadas han sido motor del desarrollo en el campo”.

De acuerdo al tema ganadero, la unidad sostuvo que se han implementado proyectos productivos en esta línea en beneficio de 1.799 familias y la ganadería representa el 49% del total de actividades productivas de las víctimas restituidas.

Por otro lado, en el tema de las “falsas víctimas” a las que se refirió Lafaurie, Urrego le aclaró que en el proceso de restitución se han identificado dos tipos de reclamantes a los que no se les permite ser beneficiados. “La primera, casos que no aplican en los términos de la ley y, la segunda, casos de inescrupulosos que entienden muy bien la ley y, aún así, intentan defraudar el proceso”, dijo el director de la URT.

Es así como la Unidad manifestó que ha hecho el traslado de 170 casos a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales han concretado 60 capturas por falsas reclamaciones.

Por otra parte, Urrego sostuvo que afirmar que las ONG que trabajan por el restablecimiento de los derechos de las víctimas están permeadas por un “confeso sesgo ideológico”, es estigmatizar a organizaciones que llevan años trabajando en el estudio y la documentación de la historia política y social del país.

“El hecho de que este tipo de centros se ocupen de la defensa de los Derechos Humanos, no implica que defiendan o alberguen causas afines a la insurgencia armada. El hacer uso de los servicios de estas ONG y centros de pensamiento es actuar acorde con lo estipulado en la misma Ley 1448. En este orden, ninguna estigmatización es sana de cara a la reconciliación del país”, agregó el director de la URT.

Asimismo, Urrego manifestó que la unidad está abierta a recibir las críticas de los que no están satisfechos con los procesos, pues “entiende que la aplicación de la ley en este escenario complejo y diverso, no complace los intereses de todos los actores que en ellos intervienen”.

“Debe quedar claro que los procesos, tanto administrativos como judiciales, se adelantan con absoluta transparencia; con el respeto y aplicación del debido proceso y todas las garantías, incluida, como usted bien lo señala, la posibilidad de acudir a la Corte Suprema cuando no se está conforme con los fallos”, agregó el directivo.

Urrego destacó la participación de la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, en todos los procesos y aseguró los resultados hasta ahora obtenidos han estado en la vía de acompañar a las víctimas y hacer valer sus derechos.

“El Gobierno ha fortalecido esta política y, aunque la aplicación de la misma no es fácil, les está dando espacio a todos los colombianos de bien en el campo. Bajo esta óptica, ni los segundos ocupantes ni los terceros intervinientes de buena fe son enemigos, por el contrario, se busca garantizar el debido proceso para todas las partes”, concluyó Urrego.