La Fiscalía iniciará con el proceso penal contra uno de los oficiales más destacados de los últimos años, por presuntamente no tener en cuenta las recomendaciones de diferentes entidades que advertían sobre la práctica de ‘falsos positivos’ dentro de la institución.

“Con el material recaudado en la investigación se ha podido establecer que el general Montoya tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando a través de las quejas, denuncias y alertas que se venían instaurando por familiares de las víctimas, organismos estatales y no gubernamentales de defensa y promoción de derechos humanos”, señala un documento de la Fiscalía frente a los hechos referenciados en el periodo entre 2006 a 2008.

Según el ente investigador, el General actualmente retirado en su condición de Comandante del Ejército, debía ser “garante de la vida e integridad física de los integrantes de la población civil”.

Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía el exoficial puso en práctica una política de presión de resultados dentro de la Fuerza Pública, que puso en riesgo a la población.

Ante este argumento, la defensa de Montoya, en cabeza del abogado Andrés Garzón, sostiene que en esta investigación hay varias “contradicciones”, dado que no hay claridad de si existieron supuestas presiones u omisiones.

“Los argumentos de la Fiscalía son contradictorios, o usted hace algo o usted omite algo, pero usted no puede al mismo tiempo actuar u omitir, para la misma circunstancia. La pregunta es: ¿Al fin qué presionó para que se cometieran los supuestos resultados u omitió alguna situación?, entonces desde ese punto parte la contradicción de la Fiscalía”, sostiene el abogado Garzón.

LOS INTERROGATORIOS EN LA FISCALÍA

La Fiscalía registra que Mario Montoya asistió a diligencia de interrogatorio por este caso los días 10 y 11 de agosto de 2015, citaciones en las que estuvo acompañado de su abogado; en su declaración el excomandante del Ejército siempre reiteró su inocencia.

“Manifestó en la diligencia de interrogatorio que durante su comandancia se preocupó de manera extraordinaria por el respeto a los derechos humanos. Señaló además que como comandante del Ejército no tenía la posibilidad de ejercer control sobre las tropas y que la responsabilidad por las operaciones que se desarrollaban recaía en los comandantes de División, Brigada y Batallón”, indica la Fiscalía.

La defensa de Montoya sostiene que los hechos que han puesto en conocimiento del ente investigador son verídicos, y que cuando se dé inicio al proceso formal contra el General se demostrará su “inocencia” en un juicio.

“El General está listo y dispuesto a demostrar que esas informaciones no tienen ningún sentido y que, por el contrario, cumplió la ley y con todos los mandatos desde su posición como militar”.

Este viernes 27 de mayo, el General (r) amplió su declaración por este caso ante un fiscal Delegado ante la Corte, y según fuentes cercanas al proceso, la imputación que se debe realizar ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo martes será reprogramada.

EL PERFIL DEL COMANDANTE DETRÁS DE LA OPERACIÓN ‘JAQUE’

Mario Montoya estuvo en servicio por más de 40 años y comandó 10 unidades hasta llegar a ser Comandante del Ejército, en ese cargo lideró operaciones contra las Farc, como la ‘Operación Fénix’, en la que se dio de baja a ‘Raúl Reyes’; y la ‘Operación Jaque’ en la que la Fuerza Pública liberó a 15 secuestrados entre los que estaban Íngrid Betancourt y tres ciudadanos norteamericanos.

Como comandante militar recibió la Cruz de Boyacá, cuatro órdenes al Mérito Militar, y una medalla del Ejército de EE.UU.

LA POLÍTICA DENTRO DEL EJÉRCITO, ENTRE 2006 A 2008

En el documento de la Fiscalía sobre la teoría del caso se indica que el General retirado tiene responsabilidad parcial en varios casos de ejecuciones extrajudiciales, por el rango en el que fungía para el periodo de tiempo entre 2006 a 2008.

“El general (r) Montoya, en su calidad de Comandante del Ejército, es responsable de homicidios cometidos por integrantes de las siete divisiones del Ejército durante su periodo de comandancia, al haber desarrollado una política de presión por resultados, clasificación de las unidades militares por la cantidad de muertes en combate que reportaran, beneficios profesionales para los comandantes de las unidades que se destacaran por la cantidad de bajas en combate y sanciones, reprimendas o escarnio a quienes no estuvieran a la altura de sus expectativas operacionales”, señala el documento de la Fiscalía, y agrega que dichas políticas provocaron que se produjeran los homicidios de civiles presentados como bajas en combate.

Sumado a estos hechos, el ente investigador advierte que desde los altos mandos del Ejército no se tomaron oportunamente los controles necesarios, y califica como “laxas” las medidas para combatir estas prácticas irregulares.

El abogado defensor de Montoya asegura que desde su puesto como comandante del Ejército, su cliente no incumplió en ningún momento con la ley.

“El General ha estado siempre pendiente de este proceso, y de los llamados de la Fiscalía. Claramente el General con todos los materiales probatorios que tenemos va a demostrar su inocencia, y que se trata de un tema distinto a una responsabilidad penal, en actos que evidentemente son reprochables pero que no fueron dirigidos, ni siquiera insinuados por parte de la Comandancia del Ejército”, sostuvo Garzón.