El anuncio del Gobierno nacional y de la guerrilla de las Farc para poner fin a 52 años de hostilidades es un hito para la sociedad colombiana que permitirá poner fin de buena parte de una tragedia humanitaria que deja ocho millones de víctimas y 6.8 millones de desplazados.

Así lo asegura Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, quien señala en entrevista con Colprensa, que con acuerdo en la mano se eliminan las dudas, tergiversaciones que se han dicho sobre el proceso, lo que ayudará a promover el respeto del mismo.

Igualmente, señala que las fuerzas políticas que han promovido una estrategia de guerra quedarán aisladas socialmente y que la paz posibilitará tener más movilizaciones y agendas sociales.

- ¿Cómo vio el anuncio del fin del conflicto?

Es un punto de inflexión de la sociedad colombiana porque en la tarea de terminar la guerra, la negociación entre el Estado y las Farc, es el paso más difícil. Queda pendiente el diálogo con el ELN y ver qué pasa con la facción del EPL y los paramilitares activos en el territorio, pero pienso que un proceso con las Farc exitoso tiene el poder para jalonar una terminación del conflicto definitiva que sería la diferencia esencial con otros procesos de negociación de paz que hemos tenido en Colombia.

Veo un gran optimismo porque Colombia tiene una gran capacidad para hacer la guerra y desactivarla es más difícil, esto tendrá además un potencial democrático.

- Decía un académico que sin las Farc, no habrá más remedio para otros sectores que dejar de criminalizar la protesta social…

Una de las consecuencias inmediatas es que ya nadie va a decir que la movilización social está infiltrada por las Farc o cosas de esas. Si se termina la guerra pasaremos a un escenario donde habrá más conflictos y menos guerra, esa creo que es la ecuación que va a definir el futuro de Colombia.

Quiere decir que muchas agendas que han estado opacadas tras el paradigma de la guerra pasan a un primer plano y habrá más garantías para reivindicar sus causas. Esto va a llevar a que haya más movilización.

- ¿Sí tienen los acuerdos de La Habana ese potencial transformador?

Los acuerdos hablan de reforma rural, política, de cambiar el sistema de vigilancia de las elecciones, de abrir campo a nuevas expresiones políticas. A veces el uribismo ha posicionado la idea de que esto es solo para las Farc o para el presidente (Juan Manuel) Santos y no.

Yo comparo esta negociación con la del Frente Nacional en donde liberales y conservadores se repartieron el poder, no hubo garantías para las víctimas y se prohibió la oposición.

Aquí se está pactando un régimen totalmente distinto, se está reconociendo la estructura básica de la Constitución de 1991, se está planteando que debe haber pluralismo político y se habla de estimular la movilización social.

El ideal es que en el futuro las fuerzas de seguridad como el Esmad sean garantes de la protesta y no de la represión. Entonces creo que los acuerdos plantean una perspectiva de profundización de la democracia en el país.

- ¿Cuál sería el inventario de los cambios por venir?

Primero, si la paz se firma, vamos a una lucha por la refrendación. Si esta es exitosa y empezamos la implementación, lo que veremos es que los sectores que han sido partidarios de la guerra van a sufrir un aislamiento político. Del mismo modo como los partidarios de la paz en la época de El Caguán sufrimos un terrible aislamiento político por el hecho de que ese proceso fracasó.

Es perfectamente probable que el presidente Santos o ‘Timochenko’ reciban un Nobel o cosas de esa naturaleza porque toda la comunidad internacional está respaldando el proceso de paz y los sectores que se han posicionado contra el proceso, recibirán una sanción social.

Creo que lo segundo que va ocurrir es que el escepticismo que ha imperado en Colombia se va a romper porque la gente verá que no es cierto que la negociación de La Habana sea una farsa sino que tiene resultados concretos y que hay una firma, un proceso de dejación de armas, de implementación.

En tercer lugar, vamos a tener más garantías porque la guerra es un sistema de asesinar el liderazgo social. La tragedia de la guerra es que ha producido un universo de ocho millones de víctimas. Es un país que carece de la más mínima garantía para hacer política. El día de las elecciones se toman fotos y sale la fiesta electoral, pero el resto del año hay muertos, secuestrados, masacres, bombardeos, minas…

- Colombia es un país con ocho millones de víctimas, 6.8 millones de desplazamiento, miles de desparecidos, ¿se está estableciendo una hoja de ruta para salir de esta tragedia humanitaria?

El fin la guerra va a parar la tragedia humanitaria, no quiere decir que se van a acabar los problemas de derechos humanos. En México no hay un conflicto armado, pero hay mucha violencia. En Guatemala la baja implementación de sus acuerdos de paz y la ausencia de reformas sociales ha llevado a que se mantengan muchos conflictos y se produzcan muchos muertos y hay que evitar que vayamos hacia allá. Terminar la guerra, va a terminar buena parte, no toda, de la crisis humanitaria.

Además, la terminación del conflicto plantea una especie de hora de la verdad, los refugiados podrán regresar, habrá una perspectiva de paz territorial que significa que los desplazados tendrán prioridad de acceso en el fondo de tierras que crea el acuerdo agrario, habrá mejores condiciones…Si los desplazados no quieren regresar sino hacer una vida urbana, la educación técnica y superior se vuelve una prioridad.

- ¿Cuál es el principal desafío respecto de las víctimas?

Evitar que los desplazados se conviertan en el próximo pobre urbano o habitante vulnerable de las ciudades. Hay que buscar que tengan oportunidades rurales o urbanas que permitan reconstruir sus proyectos de vida de manera sostenible. Vamos a tener una Comisión de la Verdad.

El acuerdo de víctimas está basado en un modelo de justicia de transición para todos que podrán tener penas alternativas y rebajas de penas si contribuyen con la verdad y la reparación. Si no lo hacen, irán a la justicia ordinaria. La creación del un Tribunal, aun con este modelo, seguramente va a producir más justicia para los desplazados que la justicia ordinaria.

- ¿Por qué?

Es que si uno pregunta en la Fiscalía el índice de impunidad frente al delito de desplazamiento forzado, es superior a 95%; si preguntas sobre violencia sexual es 98%; en crímenes a sindicalistas es 98%. Es decir, no estamos en un estado de justicia que se va a debilitar, sino que probablemente habrá más justicia. El Estado tiene una deuda monumental con las víctimas y hay una oportunidad en verdad, en reparación, reparación colectiva.

En San Carlos, Antioquia, había 32 mil habitantes y sufrió un desplazamiento de más de 23 mil personas. Allí funcionaban los campamentos de Carlos Castaño y el Estado no se dio cuenta. Allí hay montañas que la gente las ha declarado sagradas. Entonces, hay que reconstruir territorios. El proceso de paz, al situar en el centro a las víctimas, va a obligar a una reestructuración profunda de la política de víctimas para adaptarla a las nuevas oportunidades que ofrece la paz.

- Este acuerdo hace énfasis en las garantías de seguridad para la guerrilla y en el combate de las organizaciones paramilitares. ¿Cómo podemos hacer para que estas bandas no echen al traste el avance con las Farc?

Esta pregunta es compleja porque los paramilitares han organizado recientemente un paro armado y la gran pregunta es si el Estado va a tener la capacidad de detener estas dinámicas. Hay varios caminos. Habrá una verificación internacional, vamos a tener el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, y el Estado asumió responsabilidades para combatirlo. Entonces, ¿el Estado le va decir a la ONU que no sabe donde están? No creo. Un primer camino para blindar los acuerdos es esta misión internacional.

En segundo lugar, hay un acuerdo para que en las zonas donde se dará la concentración, habrá estrategias para restar el peso que estas estructuras tienen. Está la estrategia del sometimiento a la justicia o habilitar diálogos sociales en los territorios y darle impulso a una solución al resto de los grupos armados. Si el ELN se mantiene en guerra, los paramilitares van a decir que necesitan seguir existiendo o el Ejército dirá que necesita desplegar una estrategia de guerra y se crearían zonas grises peligrosas para la sociedad civil.

LOS RIESGOS DEL PROCESO

- ¿Cuál es el mayor riesgo del proceso?

Que sigan asesinando gente de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos o de nuevas expresiones de partidos políticos que se están desarrollando en Colombia. Como dice el profesor Francisco Gutiérrez, un indicador muy importante de cumplimiento de los acuerdos, en medio de tantos que uno pueda imaginar, es que no se asesine a la gente que está haciendo la transición a la vida política o a quienes le apuestan a abrir nuevas expresiones políticas en el marco del acuerdo de paz, y lo digo por el referente funesto de la Unión Patriótica.

- Se habla de que los dos primeros años después de la firma serán los más difíciles y que probablemente se presenten escenarios de violencia. ¿Cómo podremos diferenciar que estas violencias son manifestaciones en la transición y no un retroceso al conflicto?

Nosotros hemos planteado varias cosas al respecto. Primero, la misión internacional de verificación debe ser contundente ante cualquier incumplimiento del Acuerdo y ponerle un cos to político alto. Hemos dicho que se requiere la presencia activa y robusta de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de Acnur, de ONU Mujeres, por un periodo de tiempo importante porque estas tienen un mandato de seguimiento de derechos humanos y sus informes deben guiar las acciones tanto del Estado colombiano como del propio Consejo de Seguridad dada la responsabilidad que la ONU asumió.

Lo segundo es que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, tienen que estar muy atentos a acompañar y no solo a reportar la tragedia, hay que actuar frente a quienes estén desconociendo los derechos de la población civil y crear mecanismo para garantizar que estos hechos no se den pero que si se presentan, hay una sanción.

- Se crearon 23 zonas veredales en los territorios y en algunos sectores hay un temor frente a cómo van a funcionar, como se dará un acercamiento con la población civil…

Esto plantea un dilema similar a cuando se dice, ¿está preparada la sociedad para la verdad? Y muchos dicen que no. Al contrario, a la sociedad le tocó vivir este drama, lo padeció y hablar de él es un tema mucho menor. Lo mismo ocurre. Hay un dilema de coyuntura y es si la refrendación se va a dar en el marco de si las Farc está armada o no, o concentrada o no, y es importante que se participe sin ningún tipo de coerción.

Pero yo creo que los pobladores van a tener unas FARC desarmadas al final del día, será parte de la sociedad política del país, su poder dependerá en adelante de la capacidad de persuasión de la sociedad, sin armas, y se puede coexistir perfectamente, buscando verdad, reparación. Se presenta en el imaginario que las Farc van a llegar a unos territorios, pero más bien allí ya estaba. Ser adversarios implica reconocer que no estamos en la misma línea, pero que ambas son legítimas.

- ¿Cómo se imagina la refrendación?

Si tenemos una refrendación de, por ejemplo, 10 millones de votos a favor de la paz, esto crea una medida de garantía de no repetición radical, frente quienes son partidarios de hacer guerras. Es momento de hacer un aislamiento político de los que tienen nostalgia por la guerra o amor por la guerra o que está acostumbrada a la guerra.

- ¿Se imaginó así este momento?

Toda la vida he estado convencido de que la guerra terminaba en una mesa de diálogo y lo defendí. En América Latina se ha mostrado que no se necesitan las armas para hacer cambios sociales. Se crean condiciones estructurales para que pueda haber una paz en Colombia, ya no estamos en la época de la ‘Guerra Fría’, la paz implica una lógica de coexistencia y creo que esto se ha venido construyendo. Coexistencia es que mientras (Álvaro) Uribe es el presidente (Luis Eduardo) ‘Lucho’ Garzón es el Alcalde de Bogotá. El país tiene que acostumbrarse a esa coexistencia de fuerzas políticas y a un pluralismo real y así sí imagina que algún día iba a llegar la paz.

- ¿Creyó que se iba a lograr el fin del conflicto con Juan Manuel Santos?

No podemos decir que creíamos que en este Gobierno se iba a dar el proceso de paz. Nos sorprendió el presidente Santos. En parte el respeto que le tengo al Presidente tiene que ver con eso, que le apostó a la paz en un momento en que la opinión pública no era favorable. Logró con una metodología confidencial sacar adelante la agenda en más de 70 reuniones, se sabe hoy, y el Presidente fue muy hábil y hoy estamos ante un proceso que está en un punto de no retorno.

Reconocemos el valor del presidente Santos en esto y también de las Farc que tomaron una decisión de fondo y la han sostenido. Creo que se están creando nuevas condiciones para la sociedad colombiana.

- Pero lo que viene es difícil, la transición…

De la transición dependen muchas cosas, la calidad de la paz, la calidad de la implementación de los acuerdos y el presidente Santos se va pronto. La gran pregunta es: ¿La implementación de los acuerdos se hará a través de una coalición política? ¿O vamos a un escenario de polarización política donde los acuerdos pueden quedar averiados?

La firma de la paz crea las condiciones para que haya una gran coalición pero eso no siempre es lo que ocurre en la política y hay que esperar los desarrollos. Además la implementación se dará en medio de la campaña por la presidencia que ya arrancó.

Teniendo un acuerdo, la sociedad colombiana va a respaldar cada vez más la paz. El acuerdo real rompe el escepticismo de la mayoría de la gente que ha visto con reserva la paz. No la oposición, seguramente eso va a seguir. Y seguramente vamos a tener candidatos presidenciales entre los críticos duros del proceso, creo que esto ya está dibujado.

- En pocas palabras, ¿qué mensaje le mandaría al procurador Alejandro Ordóñez…?

El Ministerio Público existe para proteger los derechos y uno de ellos es la construcción de la paz. Defender la paz no es hacer política porque entonces criticarla sería hacer política. Y, en ese caso, el Procurador se la habría pasado haciendo política todo el tiempo.

Criticar el proceso o defenderlo es un derecho de todos los ciudadanos. Es un deber de todos participar en los eventos que se vienen y el Ministerio Público debe ser un garante, no una parte de este debate.