“No podía ser que los Acuerdos crearan las piezas para una nueva Colombia capaz de empezar a transformarse, pero que mantuviéramos intacto el sistema que ha impedido en gran parte el ensamblaje mismo de cualquier pieza de cambio social en el país”, dijo María Paulina Riveros, miembro representante del Gobierno nacional durante la presentación de los resultados el pasado domingo en La Habana.

Ella se refiere al trabajo que comenzó en septiembre 2012, cuando se creó la subcomisión de género en desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. Fue una petición de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de comunidad Lgbti, que no se veían representadas en los primeros tres puntos acordados en la mesa –desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas–.

Se sentaron entonces María Paulina Riveros, en representación del gobierno, y Victoria Sandino, su contraparte en las Farc, con sus respectivos equipos de trabajo, a incluir esa voz que ellas sentían que hacía falta. Tres delegaciones de expertas, de lideresas regionales, de excombatientes, y de activistas Lgbti viajaron hasta La Habana para exponer sus trabajos y sus recomendaciones. La comisión de mujeres de la insurgencia, por su parte, ha organizado reuniones vía Skype con organizaciones de mujeres en más de 27 municipios para conocer sus inquietudes y alimentar su trabajo.

Aunque no todas las propuestas fueron acogidas, para organizaciones de mujeres consultadas por VerdadAbierta.com, lo logrado hasta ahora es un éxito. “Es la primera vez que la voz de las mujeres es tenida en cuenta en todos los temas en un acuerdo de paz, es inédito, no sucedió así en ningún proceso de paz en el mundo. Si el país entendiera la dimensión del asunto, lo estaría celebrando como cuando se dio el anuncio del fin del conflicto”, dijo Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, quien hizo parte de una de las comisiones que viajó a La Habana.

“Comparado con acuerdos de los años noventa, hay avances gigantes y se ven las luchas de las organizaciones de mujeres y las agendas internacionales que presionan por un enfoque de género. Enfoque que no es fácil de identificar en ejércitos de orden patriarcal”, indicó María Eugenia Vásquez, directora de la Red de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia, quien hizo parte del M-19.

En resumen, unas y otras celebran que se trate de medidas concretas y no de un saludo a la bandera con un simple “se incluirá un enfoque de género en el acuerdo”, como hasta ahora había sucedido.

¿Qué dice el acuerdo?

La subcomisión se refirió a ocho ejes temáticos que se incluirán en cuatro de los puntos ya firmados. Uno de los cambios más importante se introdujo en el punto de víctimas, pues se anuncia la creación de un grupo especial para la investigación de la violencia sexual dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo mismo sucederá en la Comisión de la Verdad, donde será un equipo de expertos el que determine cómo el conflicto afectó a las mujeres.

Ya las organizaciones de víctimas se habían quejado del desconocimiento de funcionarios públicos, y en este caso de la rama judicial, sobre asuntos de género, además de la dificultad para que los victimarios aceptaran la violencia sexual, como sucedió, por ejemplo, en el proceso de Justicia y Paz con algunos exparamilitares que comparecieron a los tribunales.

“Nos alegra que hayan acogido nuestra propuesta. También que reconocieran que la violencia sexual no es un hecho aislado, sino un delito de guerra que no debe ser amnistiado”, sostuvo Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer, organización que. junto a Humanas y la Red Nacional de Mujeres, presentaron en La Habana el documento “Cinco claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos sobre la justicia transicional en el proceso de paz”, que incluía esta propuesta.

La subcomisión de género anunció también que se ampliará la cobertura de la atención sicosocial a las víctimas, sobre todo de quienes sufrieron violencia sexual. Un asunto que ya está incluido como un derecho en la misma Ley de Víctimas (1448 de 2011) y en la 1719 de 2014. “Creo que vale la pena ser reiterativos. Lo que se ha demostrado es que, aunque las leyes existen, hay infinidad de dificultades para que las mujeres accedan realmente. Todos los esfuerzos para que se cumplan suman”, opinó Benjumea.

No quedó incluida, sin embargo, una preocupación expresada en el documento enviado por las mujeres a la isla del Caribe sobre la posibilidad de que agentes del Estado soliciten la revisión de sentencias en las que se les haya encontrado culpables de delitos sexuales.

En materia de tierras, la propuesta es permitir el acceso y la formalización de tierras a las mujeres, que en su mayoría están tituladas a los hombres, para acceder también de manera preferencial a subsidios y créditos que les permita explotarla. Este es un problema con grandes implicaciones para algunas regiones del país, como explica Fátima Muriel, presidenta de la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida en el Putumayo: “Acá la mayoría de la tierra está a nombre de los esposos. Cuando los asesinaron, las mujeres se quedaron sin título y sin acceso a crédito, ni pueden acceder a ningún proyecto productivo. Hemos pedido que los mismos miembros de la mesa vengan acá a revisar las condiciones de pobreza en las que viven esas mujeres”.

Por otra parte, en respuesta a una de las críticas recurrentes de las organizaciones por la ausencia de mujeres en instancias de decisión sobre el proceso de paz -reflejada en la misma mesa de conversaciones que comenzó con solo hombres, tanto de las Farc como del gobierno-, la subcomisión se comprometió a incluir una “participación equilibrada” de las mujeres en todas las instancias que tomarán decisiones en la implementación de los acuerdos. Además de un fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y comunidad Lgbti para promover su participación política.

La medida fue respaldada por las organizaciones de mujeres, pero no ha estado exenta de críticas. “Por experiencia sabemos que, si no se tienen en cuenta las acciones afirmativas, después de los acuerdos las mismas estructuras se seguirán perpetuando. Se necesitan espacios propios de las mujeres, no bastan con espacios mixtos”, precisó Vásquez.

En los acuerdos quedó incluido también que las defensoras de derechos humanos y lideresas políticas que estén en riesgo tendrán un sistema de protección diferenciado, es decir, que tenga en cuenta sus necesidades. Éste ha sido un tema ampliamente trabajado por las organizaciones de mujeres en Colombia. “Hay que reconocer que se trata de riesgos diferenciados. Mientras a los hombres se les ataca su vida, por lo general en el caso de las mujeres atentan contra su integridad sexual o contra sus familias”, aseguró Diana Esther Guzmán, investigadora en temas de género de DeJusticia, quien también viajó a La Habana. Las expertas consideran que los sistemas de protección actuales están pensados solo a partir de los riesgos que corren los hombres, situación que ya había sido reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008.

El asunto no es de menor importancia si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el informe de Somos Defensores, de 2014 a 2015 hubo un aumento del 23% en las agresiones contra las mujeres. “El incremento se debe al empoderamiento de las mujeres como figuras políticas”, explicó Mejía.

Sobre los cultivos ilícitos y políticas antidrogas, la subcomisión encontró que el tema ha sido poco estudiado desde una perspectiva de género y por eso se compromete a impulsar proyectos de investigación al respecto. “Lo que sabemos es porque lo hemos visto acá. Vimos que las mujeres en el auge de la coca fueron las que más trabajaban, pero las ganancias siempre quedaban en manos de los hombres”, recordó Muriel.

Después del anuncio, las organizaciones de mujeres esperan que sus otras propuestas sean recogidas en los puntos faltantes. Por ejemplo, que una hostilidad contra civiles, entre ellas la violencia contra las mujeres, sea considerada como un incumplimiento al cese al fuego bilateral decretado por las partes. También que se fortalezca el rol de las mujeres excombatientes, con programas diferenciados para la reintegración, que las sigan considerado como sujetos políticos.

Todas saben que este es solo un paso, que los verdaderos resultados no están en el papel, sino que se verán reflejados en la implementación de los acuerdos. El verdadero reto está en implementar el enfoque de género en los territorios.

Las otras preguntas de las mujeres

VerdadAbierta.com asistió hace una semana en Bogotá a una de las reuniones por Skype con las representantes de la subcomisión de género de las Farc para conocer las preguntas más recurrentes de las mujeres sobre los acuerdos en La Habana.

Los encuentros, llamados “Hablemos de los acuerdos de paz entre mujeres: un diálogo con las insurgentas necesario para la paz”, están convocados en casi 30 municipios del país por las organizaciones Mujeres por la Paz y Un millón de Mujeres por la Paz. En la capital de la República, la videoconferencia con las guerrilleras conocidas con los alias de ‘Victoria Sandino’ y ‘Manuela Marín’, desbordó el cupo de 80 personas del auditorio de la Biblioteca Nacional.

La dinámica es simple: las asistentes piden un turno para hablar, algunas preguntan, otras aprovechan para rendir homenaje a alguna guerrillera fallecida y otras simplemente dan sus apreciaciones sobre los acuerdos.

“¿Cómo se va a tener en cuenta a las mujeres Afro e Indígenas en La Habana?”, preguntó una asistente. ‘Sandino’ aseguró que se reunieron con una comisión de grupos étnicos en la que hubo muy poca participación de las mujeres y reconoció que en los acuerdos hace falta hablar más sobre las afro y las indígenas.

“A las mujeres les ha ido muy mal en territorios de concentración, según experiencias anteriores”, agregó otra asistente. Esta vez contestó ‘Marín’, quien aclaró que ellos la llaman “zonas campamentarias” y no de concentración: “Hemos tratado el tema y decidimos que de las nueve personas que harán parte de los equipos tripartitos de verificación, cinco deben ser mujeres. En cada región camaradas nuestras se encargarán de tareas de verificación. Igual existen reglas internas que impiden que eso (violencia sexual) pase”.

“Queremos saber cómo va a ser la participación política de las mujeres farianas”, reclamó otra voz. “Ese es uno de nuestros grandes retos”, respondió ‘Sandino’. “No queremos volver a los roles tradicionales, no vamos a dejar el fusil por la cacerola. En eso estamos trabajando en todos los campamentos, para no perder los derechos políticos. Queremos estudiar, abordar muchos temas que van a ser un aporte a nuestro movimiento político”.

“¿Yo quiero saber cuál es la concepción que las Farc tiene sobre el género?”, fue la última pregunta del auditorio. “Estamos trabajando en nuestra propia teoría sobre el feminismo insurgente”, afirmo ‘Sandino’.