Las directivas de la Universidad del Tolima tomaron una decisión radical con respecto al contrato 671 de 2014, entregado al consorcio CBL Tolima 2014, tras el incumplimiento en la entrega de las obras del Hospital Veterinario y el escándalo por posible omisión de la institución ante las irregularidades que se venían presentando desde el inicio de la ejecución del contrato.

Mediante resolución 768 emitida el 22 de julio, la alma máter ordenó liquidar el contrato e imponer la sanción pecuniaria al contratista, que equivale al 20 por ciento del valor total del mismo, que ascendió a los seis mil 139 millones de pesos.

Así mismo, remitió copia de la resolución a la Procuraduría General de Nación para que sean inhabilitados para participar en licitaciones públicas el representante Legal del Consorcio, Jorge Eduardo Borgogno Arango, y sus socios Renee López Rosa y William Cardona Olmos.

De igual manera, corrió traslado a la Contraloría General y la Fiscalía General, para los fines pertinentes con respecto al uso indebido del anticipo.

Se advierte en la resolución que el contratista incumplió “cabalmente” con el objeto contractual y plazo de ejecución de la obra, que era de 11 meses con la prórroga avalada el 12 de noviembre de 2015 por 110 días.

Según el informe de la interventoría Consorcio U. Tolima, con corte al 11 de mayo de 2016 el avance de ejecución de la obra solamente alcanzaba el 46.63 por ciento, menos de la mitad de la misma.

Además, se argumenta que el contratista incumplió con la elaboración, actualización y estricto cumplimiento del cronograma de ejecución de obra y que le fue requerido tanto por el consorcio Interventores Asociados 2014 (firma interventora hasta diciembre de 2015) y del supervisor del contrato Luis Fernando Rodríguez Díaz, dos días después de firmada el acta de inicio, es decir, el 11 de septiembre de 2014 y posteriormente en comités de obra.

Tal como consta en los oficios de la interventoría, desde septiembre y hasta diciembre de 2014 y durante el segundo semestre de 2015 se hicieron más de cinco llamados al Consorcio para allegar la programación de la obra.

“Se evidencia que el contratista incumplió de manera reiterada e injustificada con los requerimientos efectuados por la interventoría del contrato y el supervisor, generando con su actuar omisivo graves e irreparables consecuencias negativas en la ejecución contractual, impidiendo que la obra se llevara a cabo de acuerdo con procedimientos mínimos de planeación y gestión”.

Además, producto de la ausencia de cronograma y la falta de planeación no se pudo definir la ruta crítica que permitiera la toma de decisiones para solucionar los problemas, evitando así los retrasos en la ejecución de la obra. Las directivas sostienen que esta labor era exclusiva del contratista y que debía presentarla tanto a la interventoría, como a supervisores y demás actores contractuales para su aprobación, requerimiento que fue desatendido de manera reiterada y sin justificación.

Por otra parte, se justifica que el Consorcio incumplió con la contratación del personal requerido para adelantar los trabajos y que siempre fue insuficiente. Tampoco optó por trabajar en distintos frentes para culminar la obra en el tiempo pactado e incumplió con la formulación de un plan de contingencia que permitiera evitar los atrasos.

“Tanto la interventoría como la supervisión concluyeron en diversas ocasiones que el personal dispuesto por el contratista para ejecutar la obra en los términos y condiciones pactados nunca fue el requerido para una obra de las dimensiones y complejidad que nos ocupa”, señala la UT.

Anticipo

La Universidad del Tolima reconoce que giró, de forma oportuna, los mil 841 millones producto del anticipo al consorcio CBL y que debían haber sido destinados al cubrimiento de los gastos y costos para el inicio de la ejecución de la obra.

Del total de los dineros, fueron entregados a título personal a los tres consorciados la suma de 565 millones de pesos: Renee López Rosa (260 millones), Jorge Eduardo Borgogno (165 millones) y William Cardona Olmos (140 millones de pesos).

En declaraciones a EL NUEVO DÍA, Cardona Olmos indicó que no solo había denunciado a sus socios por abuso de confianza calificado, administración desleal, peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino también que tanto Borgogno como López “tomaron recursos del anticipo por 425 millones de pesos, que no habían sido legalizados de manera correcta” sin hacer alusión a los 150 millones girados a su nombre.

La alma máter reconoce que en informe de la interventoría del 10 de junio de 2015 se evidenció el incumplimiento del Consorcio de los dineros del anticipo, es decir, tras haber transcurrido siete meses de la firma del acta de inicio y un mes posterior a la primera suspensión del contrato.

La interventoría y supervisoría de la obra refirieron que a pesar de los reiterados requerimientos hechos al Consorcio no entregó los soportes correspondientes a la inversión de los recursos producto del anticipo. Tampoco, los rendimientos financieros aunque la Universidad especifica en este ítem que “el requerimiento fue hecho durante toda la ejecución contractual, generando un evidente incumplimiento de sus obligaciones contractuales al hacer suyos sin ninguna justificación, recursos públicos”.

Un problema mayúsculo

A la postre refiere que, pese a que en más de 10 ocasiones a través de oficios e informes fue requerido al Consorcio hacer correcciones por las malas prácticas constructivas detectadas por la interventoría y la supervisión del contrato, el contratista se negó.

Según la UT, estas fallas afectan la obra y evitan su continuidad o eventual entrega a satisfacción hasta no ser subsanadas por el contratista.

De acuerdo con la Cámara de la Construcción, “las malas prácticas constructivas responden, por un lado, a la oferta artesanal de materiales de construcción que no cumplen con las especificaciones técnicas, y, por otro, a la falta de conciencia de la población que prefiere utilizar recursos de inferior calidad para abaratar costos”, en este caso podría ser aplicable al consorcio CBL.