Después de la intervención del Bronx el pasado 28 de mayo por la Alcaldía de Bogotá, se han construido diferentes opiniones con respecto a esta problemática social. Así mismo, gracias a esta iniciativa se ha logrado visibilizar sobre la cantidad de personas que habitan en la calle, situación que para muchos colombianos era desconocida.

En la localidad de Los Mártires, a ocho cuadras de la Plaza de Bolívar, la Casa de Nariño, el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional y el Palacio Liévano, sitios históricos de Bogotá, se ubicaba el Bronx, un sector de alta peligrosidad y criminalidad que albergaba al rededor de dos mil habitantes de calle, y por el que transitaban diariamente miles de personas, en especial durante los fines de semana, para comprar droga.

Hace tres meses, dos mil 500 hombres de la Policía nacional y el Ejército hicieron presencia en este sector y desalojaron a cada uno de sus habitantes, obligándolos a salir por la fuerza, hecho que hoy en día está afectando a los barrios más cercanos al Bronx, debido a que sus habitantes se han desplazado a estos lugares, lo que ha generado inseguridad, en especial entre los comerciantes.

Esta situación, que al parecer no se tuvo en cuenta por la Administración distrital cuando se llevó a cabo dicha intervención, se esperaba controlar con la ayuda de entidades como el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Secretaria de Integración Social, pero hasta el momento eso no se ha logrado.

De acuerdo con el estudio más reciente elaborado en 2011 por la Secretaría Distrital de Integración Social, se identificó que en 19 localidades de la ciudad existían cerca de mil 215 ‘parches’ y tres mil 667 ‘cambuches’, lo que confirmó que la población de habitantes de calle aumentó desde 2010.

Lucia Bastidas, concejal de Bogotá por el Partido Verde, reconoció que la capital está atravesando por una difícil situación, porque al intervenir el Bronx se visibilizó un problema que ya existía, pero que muy pocas personas habían prestado atención.

“Me aterra la gente cuando dice que era mejor que ellos vivieran allá. Este era un centro de delincuencia donde mataban, torturaban, asesinaban y violaban niñas. No vale la pena que el Gobierno permitiera que siguiera eso, porque quienes están detrás de esos habitantes de calle y esclavos de la droga son los narcotraficantes”, señaló Bastidas.

‘EL NUEVO HOGAR’

Desde la estrategia de intervención, la Secretaría de Integración Social ha atendido a más de tres mil 193 habitantes de calle, entre los 22 y 80 años, de quienes dos mil 49 reportaron proceder de este sector, como lo es el caso de David Sánchez, un joven bogotano que lleva tres meses rehabilitándose en los centros de atención del Idipron, su nuevo hogar.

Sánchez reconoció que “esto es un problema que afecta a toda la ciudad. Le agradezco a todas las instituciones que me han ayudado, ya que gracias a ellos podré recuperar a mi familia, porque nosotros somos habitantes de calle, pero también seres humanos”.

Según Integración Social, se identificó que el 54,2 % de los habitantes del Bronx registró haber nacido en Bogotá y el 40 % procede de otras regiones del país. La mayoría proviene de Valle del Cauca (13,1 %), Antioquia y Cundinamarca (12,8 %) y departamentos como Tolima, Caldas y Boyacá (10 %).

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), encargado de velar por la dignidad humana de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuenta con 23 albergues para el acogimiento de habitantes de calle, quienes encuentran en estos centros ayuda médica, psicológica y afectiva y cuidados básicos durante tres meses de recuperación.

“Nosotros cumplimos la función de mamá, Idipron hace una intervención que nace en el afecto, lo que hacemos aquí es recibirlos, aceptarlos y ayudarlos emocionalmente, porque el tema de la calle nace en un rechazo social, en la falta de amor. Además, les brindamos atención primaria en salud, atendemos la parte social y legal, ya que muchos tienen problemas para insertarse en la sociedad”, señaló Wilfredo Grajales Rosas, director del Idipron.

Por su parte, la Secretaría de Integración Social desarrolla iniciativas de prevención y atención integral a la habitabilidad de calle, con el fin de implementar estrategias en ayuda de la ciudadanía y dignificar a estos habitantes, para cambiar imaginarios frente a la situación de dichas personas, que son caracterizadas únicamente como seres sucios y malolientes.

“Queremos hacer una resignificación de estas personas, lo que nos lleva que la sociedad tome consciencia de que es un ser humano como cualquiera de nosotros, que ha tenido unas condiciones de vida extrema de marginalidad, de violencia intrafamiliar, de falta de oportunidades con un tema transversal de consumo de sustancias psicoactivas. Algo tan sencillo como escucharlos y hablar con ellos los hace sentir bien”, explicó Mauricio Rodríguez Cruz, coordinador del programa de Enlace Social, de la Secretaría de Integración.

Por eso, Integración Social cuenta también con hogares de paso y servicio de ayuda humanitaria, donde estas personas se pueden bañar, recibir una comida caliente y reflexionar sobre su proyecto de vida y la relación con sus familias.

“Nuestros equipos hacen una labor titánica con muchos compromisos. Abordar un habitante de calle no es sencillo, pero ante todo es un tema voluntario; ellos están rehabilitándose porque quieren, no están obligados”, dijo Rodríguez.

COSTO DE LA REHABILITACIÓN

Tanto para la concejal Lucia Bastidas, como para el director del Idipron, Wilfredo Grajales, rehabilitar a un habitante de calle que ha consumido drogas es un tema costoso.

“Medellín en años pasados gastó 75 mil millones de pesos en esta labor. La ayuda a un solo habitante de calle vale por mes aproximadamente tres millones 800 mil pesos. No es fácil rehabilitar a los adictos a las drogas, pero hay posibilidades de brindar acompañamiento”, afirmó Bastidas.

En concepto de Grajales, aunque este valor es alto, cada uno de los casos tiene un precio diferente. “No es lo mismo tener internado un habitante de calle en Bogotá que fuera de la ciudad, no es igual atender a un niño que a un adulto o a un joven. Es un tema costoso y es una plata que el Distrito invierte, pero hacen falta más recursos para atender una problemática que puede llegar a ser una epidemia social”.

Para Bastidas, es necesario que se empiece a pensar en un tema integral, a no tratar a todos los habitantes de la calle como delincuentes, porque “los que son delincuentes hay que judicializarlos, se deben respetar los derechos ciudadanos y los derechos colectivos. Al momento de estar amenazando y atracando deja de ser un habitante de calle y pasa a ser un delincuente”.

¿FALTA DE VOLUNTAD?

Diferentes reacciones se han generado después de que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-043 de 2015, ordenó al Estado colombiano atender y proteger a las personas habitantes de calle sin someterlas de manera obligatoria a que realicen tratamientos que les permita dejar la calle y las drogas, es decir, que el ingreso a un procedimiento de rehabilitación debe ser voluntario.

Por eso, la Alcaldía de Bogotá señaló que es necesario que se revise la sentencia para tener herramientas que permitan al Distrito actuar sobre esta problemática social. Así mismo, la concejal Bastidas dijo que “la sentencia no deja actuar al Gobierno, para que se pueda hacer procesos de intervención, porque hay adictos que no están en capacidad de decidir”.

Una de las posiciones encontradas frente a la Alcaldía y a la concejal es del defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, quien indicó que “no puede haber una conducción obligatoria (a centros de rehabilitación), que tendría alcances casi de un secuestro por la limitación de la libertad individual”.

Kevin Prieto, joven de 21 años que pasó 10 años de su vida en la calle consumiendo drogas, y quien decidió por voluntad empezar un proceso de reabilitación hace tres meses, considera que “el Gobierno no puede obligar a nadie a resocializarse, eso va al interior de cada uno. Yo le digo a mis compañeros que la vida en la calle ya no existe, esa vida se acabó. El Distrito nos brinda todo, solo falta poner más de nuestra parte”.

SOLUCIONES

Trabajar socialmente con la ciudadanía, seguir insistiendo en proyectos para combatir las mafias del narcotráfico que existen en las diferentes ciudades, ya que este problema no es exclusivo de la capital colombiana; educar a los colombianos para que no den más limosnas y persuadir a los familiares de estas personas para que los busquen, son alternativas que plantea Bastidas para mitigar la habitabilidad en las calles.

“Se deben resolver dos problemas: El primero, con respecto a lo psicológico, social, educativo y familiar; y lo segundo, en cuanto al mundo laboral. Si un habitante de calle no cuenta con familia ni inclusión en el mundo laboral, va a ser muy difícil que se sostenga en una línea de mejora continua”, aseguró Grajales.

Finalmente, para Mauricio Rodríguez, de Integración Social, es necesario cambiar los imaginarios de la ciudadanía para que los habitantes de calle se empiecen a reconocer como seres humanos productivos, con capacidades, derechos y deberes.