¿De dónde saldrá el dinero para el financiamiento del posconflicto?

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
Son muchas las voces que se oyen sobre los beneficios que traerá la paz para la economía de Colombia, pero son más bien pocas las que explican cómo se va a financiar y de dónde saldrá el dinero que se requiere para la implementación de los acuerdos a los que se acaba de llegar.

Esta es una de las grandes preocupaciones que existe actualmente en el país, pues como muchos sectores concuerdan, el Gobierno nacional se ha quedado corto en la explicación sobre este tema tan vital, teniendo en cuenta que la financiación del posconflicto tendría una duración de mínimo 10 años.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, manifestó que el éxito del proceso de paz radica en el cumplimiento de los acuerdos, por lo que esperan que “una cosa de la magnitud histórica para el país tenga una atención y un diseño eficaz, no solo en términos de cese de hostilidades”.

Esto frente a las “dudas sobre el nivel de preparación y las fuentes de financiación del gobierno” para cumplir con el objetivo que impondrá toda la implementación del posconflicto, que además de la cooperación internacional, debe tener un alto valor dentro del Presupuesto General de la Nación.

A esto se suma la opinión del director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Iván Garzón, sobre la sostenibilidad de esta financiación que tendrá a mediano plazo el tema del posconflicto, “porque hay compromisos de cinco a diez años”.

Hasta ahora lo que sí es claro, según los cálculos adelantados por diferentes sectores, es que la implementación de los acuerdos tendrá un valor que oscila entre los 90 y 100 billones de pesos en los diez años, equivalente a cerca de 9 ó 12 billones de pesos anuales.

¿Y la plata?

Por un lado, está el esfuerzo que tendrá que hacer el Gobierno nacional, y en general todos los colombianos, para el financiamiento de los acuerdos; y, por el otro, el apoyo que brinde el sector privado a través de las empresas y la cooperación internacional que recibirá Colombia.

Así lo manifestó John Mauro Perdomo, profesor universitario y consultor privado, quien explicó que la mayor proporción la tendrá que asumir el Gobierno. “Ese porcentaje podría estar por alrededor del 80% y, más o menos, el 20% restante estará distribuido entre el sector privado y la cooperación”, dijo.

Sobre la participación del Gobierno, Perdomo explicó que aunque tiene que pegarse a unas reglas fiscales para el manejo de su política y el control macroeconómico, allí tiene posibilidades de hacer un poco más flexible esa regla para captar más recursos a través de la deuda externa.

“Los niveles de deuda externa de Colombia no son particularmente altos, con relación a lo que hay internacionalmente, por lo que en este momento capturar más deuda, no solamente externa, podría ser una opción para financiar esos gastos”, resaltó el analista.

La otra fuente de financiación sería la reforma tributaria estructural, la cual permitiría contar con un monto importante de recursos. “Si se logra reducir la evasión y elusión, se podría incrementar el recaudo tributario en más o menos 30%, que podría ser equivalente a los valores que se están tratando de obtener con la reforma estructural”, manifestó.

Los costos

Los cálculos del Gobierno indican que la etapa del posconflicto le costaría a Colombia cerca de 90 billones de pesos en los próximos diez años, para el desarrollo agropecuario, la jurisdicción agraria, la formalización y registro de la propiedad rural, la eficiencia tributaria y la gobernabilidad local.

Para el senador Roy Barreras, este gasto estaría amortizado porque en una Colombia sin violencia se produciría un aumento de los ingresos de cerca de 100 billones de pesos, según los datos citados por el Instituto de Economía y Paz.

Sin embargo, para la firma Raddar el posconflicto, como hoy está planteado, puede costar cerca de 480 billones en los próximos 20 años, considerando los costos militares de sostenimiento, la reinserción de combatientes, la reparación de las víctimas y la restitución de tierras.

Según Camilo Herrera, presidente de Raddar, “Colombia pasaría de perder 53 billones de pesos anuales por el conflicto, a pagar 24 billones de pesos por 20 años para recuperarnos del proceso, ahorrando anualmente cerca de 29 billones en la economía, que se irían a productividad, empleo y desarrollo”.

Mientras que los cálculos de la senadora de la Alianza Verde Claudia López, van por el mismo nivel. El informe presentado registra que estaría cercano a los 333,5 billones de pesos durante 15 años, desagregados en: ciudadanía, Estado, mercado, otros acuerdos en La Habana, reparación de víctimas y paz política-electoral.

La senadora propone invertir el 1,5 % del Producto Interno Bruto del país anual durante estos 15 años, ya que el dividendo económico que ha explicado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, está entre uno y dos puntos del PIB.

MASACRE DE EL BILLAR (1998)

En el ataque realizado en la vereda El Billar (Caquetá) en 1998, 153 uniformados fueron atacados por más de mil guerrilleros. El resultado: cerca de 70 soldados muertos y 43 secuestrados.

Diez años más tarde, en la ‘Operación Jaque’, el Ejército rescató al cabo José Miguel Arteaga, al teniente Juan Carlos Bermeo y al sargento José Ricardo Marulanda, retenidos en esa acción. Este hecho recuerda la imagen de decenas de militares hacinados en jaulas.

LA TOMA DE PATASCOY (1997)

El 21 de diciembre de 1997 integrantes de las FARC, comandados por Jesús Toncel Redondo alias ‘Joaquín Gómez’ atacaron una base del Ejército en el cerro de Patascoy, ubicada en los límites de Nariño y Putumayo. El ataque dejo un saldo de 11 militares muertos y 18 secuestrados.

El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte de tres miembros del Ejército Nacional en la toma armada.

TOMA DE MIRAFLORES (1998)

La toma ocurrida entre el 3 y el 5 de agosto de 1998 en Miraflores (Guaviare), dejo como víctimas a 16 policías que fueron asesinados, además 129 integrantes de la Fuerza pública fueron despojados de sus armas.

Según la Fiscalía, en el ataque fueron utilizadas armas no convencionales como cilindros de gas, que causaron la muerte de los 16 integrantes del Ejército y la Policía acantonados en el lugar, así como la de tres civiles.

Además, en estos hechos la guerrilla causó daños en la iglesia, el hospital y viviendas de la población civil.

ATENTADO AL CLUB EL NOGAL (2003)

El 4 de febrero de 2003, fue activado un carro bomba en el parqueadero del Club El Nogal, situado al norte de Bogotá. En la acción terrorista perdieron la vida 36 personas y otras 200 resultaron heridas.

La Fiscalía ha responsabilizado a las FARC del hecho, y en 2011 fue condenado Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el ‘Paisa’, jefe de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.

SECUESTRO EN EL VALLE DEL CAUCA (2002)

El múltiple secuestro fue ejecutado el 11 de abril de 2002 en la sede de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, cuando las FARC plagiaron a doce diputados, entre ellos Sigifredo López (único sobreviviente). Cinco años después, en junio de 2007, los 11 políticos fueron asesinados y sus cuerpos rescatados en septiembre del mismo año, con la cooperación del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR).

En medio del rapto, fue asesinado el subintendente de la Policía Nacional Carlos Alberto Censales Zúñiga, de 27 años de edad, quien se encontraba vigilando la Asamblea.

MASACRE DE BOJAYÁ (2002)

El 2 de mayo del año 2002 ocurrió un enfrentamiento entre el frente 58 de las FARC y el bloque ‘Élmer Cárdenas’ de las Autodefensas que dejó a la población civil de Bojayá (Chocó) y su vecino Vigía del Fuerte (Antioquia) atrapada en medio del fuego.

En pleno combate un cilindro bomba disparado por la guerrilla destruyó la iglesia de Bellavista, en la cual se refugiaba la comunidad. El saldo: 79 muertos y un centenar de heridos.

DERRIBO DE AVIONETA, Y SECUESTRO (2003)

En Florencia, Caquetá, en el año 2003 las FARC secuestraron a tres contratistas estadounidenses identificados como Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, cuyo secuestro ocurrió cuando la avioneta en la que viajaban se precipitó a tierra y fueron retenidos por la guerrilla.

En 2008, un juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia (Estados Unidos), condenó a ‘Simón Trinidad’ a 60 años de cárcel, en su condición de autor del secuestro de los tres estadounidenses.

TOMA DE GRANADA (2004)

El 6 de diciembre de 2004, integrantes de los frentes 9 y 47 de las FARC activaron un carrobomba frente al comando de la Policía Nacional y lanzaron varios cilindros bomba contra las edificaciones públicas y privadas del municipio de Granada (Antioquia). En el hecho murieron 22 personas y otras 25 resultaron heridas.

ATENTADO EN CARACOL RADIO (2010)

La Fiscalía confirmó que las FARC tuvieron participación en un atentado perpetrado el 12 de agosto de 2010, en el norte de Bogotá donde se encuentra el edificio de Caracol Radio.

EMBOSCADA EN BUENOS AIRES (CAUCA) (2015)

En abril de 2015 durante los Diálogos de Paz, las FARC atacaron a un grupo de soldados en Buenos Aires (Cauca) donde murieron once militares y 19 más quedaron heridos. Este hecho puso en su momento en vilo la negociación entre la guerrilla y el Gobierno, y se tiene registrado como uno de los últimos ataques de las FARC al Ejército.

TOMA EN MITÚ (1998)

Estos hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 1998, cuando durante 72 horas más de mil integrantes de las FARC atacaron la población de Mitú (Vaupés) donde murieron 43 personas entre policías, militares y civiles; fueron secuestrados 62 uniformados; hubo 47 heridos y hay registrado un policía desaparecido.

Según la Fiscalía, durante dos días las FARC atacaron esa población con armas no convencionales como cilindros de gas, cargados con explosivos, combustible y pegantes, además de ráfagas de fusiles y armamento pesado, con los que atentaron contra las casas de la población civil.

En la acción criminal también resultaron afectadas la sede de la Fiscalía General de la Nación, la estación de Policía y otras entidades gubernamentales, entre las cuales estaban la Registraduría Departamental, la Caja Agraria, también contra el Vicariato católico, bancos, juzgados y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, entre otros.

Credito
COLPRENSA

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