El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, conoce como pocos la problemática agraria del país, no solo por ser hijo del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia política y armada en los últimos 50 años, sino porque la ha vivido en carne propia.

Pero además, como dirigente político, gobernador y ministro del Interior que fue, sabe del papel clave que jugará su despacho actual para implementar el desarrollo legislativo del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.

Sobre este acuerdo y el futuro que le espera al país en el posconflicto, el Ministro habló con Colprensa.

- ¿Cuál será el papel del Ministerio en el posconflicto?

Hay que dividir esto por etapas. La primera es esperar el resultado del plebiscito en las urnas. El llamado es que los colombianos lean los acuerdos para que puedan votar a conciencia ‘Sí’ o ‘No’. Si el plebiscito recibe el apoyo del pueblo colombiano, desde este Ministerio tendremos la responsabilidad de implementar los acuerdos en el punto uno, de temas agrarios y rurales, y el punto dos sobre cultivos ilícitos. Es la primera vez que se llega a un acuerdo estructural sobre un tema específico, el tema rural en general que incluye agricultura y ganadería.

La paz que queremos no es sólo con los guerrilleros sino también con los 12 millones de colombianos que viven las zonas rurales y que como consecuencia del conflicto padecen de una pobreza más alta que la que se vive en las ciudades. Antes no había oportunidades de inversión y desarrollo, el conflicto armado se concentró en más de 150 municipios de 19 departamentos. Esos municipios son los más pobres, los más atrasados, los de menor inversión pública y privada, a esas zonas del país tenemos que aplicarles la integralidad de la que habla el acuerdo sobre inversión integral en el territorio donde el conflicto fue más fuerte.

- Pero dando por hecho la aprobación del plebiscito, ¿su cartera cómo procederá frente a estos acuerdos?

El tema de formalización de la tierra es el siguiente: Colombia tiene cuatro millones de predios rurales, solo 35% o 40% tienen escritura pública de su predio. El resto son poseedores de buena fe o simples tenedores. Hay que buscar la forma de que la gente tenga las escrituras de sus predios para que puedan acceder a créditos y pleno derecho de sus tierras. Pero la formalización rural puede durar cerca de cuatro años, esperamos que con las nuevas normas que vamos a presentar al Congreso se puedan disminuir esos tiempos.

El otro punto es el de acceso a tierras. En Colombia la distribución de la tierra muestra una gran inequidad: el 70% de la población rural de esos 12 millones de campesinos pobres tiene el 5% de las 100 millones de hectáreas rurales que tiene Colombia. Tenemos que dar más acceso, mediante la creación de un Banco de Tierras que se nutrirá de aquellos procesos que fueron objeto de extinción de dominio, de las tierras baldías que hay en el país y que estén desocupadas o indebidamente ocupadas y del subsidio integral de tierras que quiere decir que ahora el predio lo negocia directamente el campesino a quien se le entregan unos recursos de subsidio, para que pueda adquirirlo, además de un recurso adicional para un proyecto productivo y un salario mínimo para que pueda pagar los gastos de escritura.

- ¿Cuánta tierra tendrá ese Banco?

En el acuerdo se habla de tres millones de hectáreas y de siete millones de hectáreas formalizadas. El total se considera en 10 millones de hectáreas. La redistribución de las tierras en Colombia es un tema muy importante, pero complejo y tomará mucho tiempo. Este es apenas uno de los cinco puntos del tema de agricultura.

- ¿Para este tema de redistribución de tierras, las Farc van a aportar las que se apropiaron por la fuerza?

No está en el acuerdo, pero tampoco en el acuerdo dice que quedan legalizadas. Un ejemplo, en las sabanas del Yarí: 180 mil hectáreas primero, 80 mil hectáreas después, en una mesa de trabajo entre el Incoder, la Fiscalía y la Fuerza Pública se pudo demostrar que eran predios baldíos indebidamente ocupados por personas supuestamente adeptas a ese grupo.

Lo cierto es que hace como seis meses esas tierras volvieron al patrimonio de la Nación como baldías, pero estamos en la discusión porque aparecieron seis mil campesinos que dicen ser sus dueños, es un terreno equivalente al departamento del Quindío, entre Meta, Caquetá y Vichada, una de las regiones más productivas del país.

- ¿Pero qué va a pasar con las tierras en poder de las Farc?

Seguiremos haciendo las investigaciones del caso. El Estado no renuncia a revisar ese punto, pero no sabemos cuántas tierras son, no hay formalización, etcétera.

- ¿Qué regiones serán priorizadas con estos acuerdos?

Vamos a priorizar por zonas para llegarles a todos esos 150 municipios más afectados. Lo importante es que los recursos lleguen a esas localidades, ese proceso de consolidación de la paz le tomará al país varios años. Es que no por estar en el acuerdo se resuelve el problema rural en Colombia, eso tomará varios años.

Pero esta es una gran oportunidad, el proceso de paz va a significar una gran oportunidad para esas zonas rurales, esos 12 millones de campesinos van a comenzar a recibir una verdadera ayuda para que tengan una vida digna y disminuir la pobreza campesina. Yo sí estoy convencido de que la paz es una oportunidad y que si el país quiere la paz, tiene que primero sembrar la paz en el campo colombiano.

- ¿Cuáles son los otros cuatro componentes?

Uno, seguridad alimentaria: el punto habla de que el país hará un esfuerzo por recuperar la soberanía alimentaria. La FAO ha dicho que los principales alimentos para un país son los cereales y las oleaginosas, pero en Colombia estamos importando 179 millones de dólares al mes en cereales: casi 100% del trigo, casi 100% de la cebada, 40% del arroz, 100% del maíz industrial. En los últimos 20 años en Colombia se sembraron 15 mil hectáreas nuevas por semestre. Colombia tiene 7,1 millones de hectáreas agrícolas sembradas. Para que haya seguridad alimentaria se necesita sembrar: en el primer semestre de este año, con paros y con Fenómeno de El Niño, sembramos 185 mil hectáreas nuevas, 12 veces lo que se venía sembrando.

El tercer punto es asistencia técnica para poder ser exitoso en el tema agropecuario. El cuarto punto es el acceso a crédito para esos 12 millones de campesinos. En este Gobierno logramos asignar el 60% de los recursos del ICR (Incentivo de Capitalización Rural) y este año hemos logrado colocar ocho billones de pesos en créditos. Así ajustamos 42 líneas de crédito.

El quinto punto es agricultura familiar campesina, que es como se produce la mayor cantidad de alimentos en el país. El año pasado logramos la generación de 192 mil nuevos empleos rurales, este año llevamos 72 mil nuevos empleos en el último trimestre. Hay un tema adicional: el catastro rural, que hay que actualizarlo, eso demora unos tres años. Esto sirve no solo para pagar los impuestos rurales, sino para hacer el levantamiento topográfico de cada municipio, y para tener un inventario de quiénes son los propietarios rurales del país.

¿La Unidad de Restitución de Tierras será complementaria?

La Ley de Víctimas que creó esa Unidad ahí está, los ajustes que requiere ya se han hecho en el transcurso de la aplicación de la ley, pero uno de los puntos para lograr la paz es que aquellas tierras que fueron injustamente despojadas mediante la violencia deben ser restituidas a esas víctimas.

Llevamos 100 mil hectáreas entregadas, para algunos puede ser poco pero cada hectárea entregada tiene una historia de despojo y violencia. Llevamos más de 100 personas judicializadas por reclamar lo que nos les pertenece o querer aprovecharse de las verdaderas víctimas.

EL COSTO DE LOS ACUERDOS

- ¿Cuánto costará implementar todos estos acuerdos?

El grupo de expertos de la Misión Rural consideró que el sector rural necesita una inversión de 23 billones de pesos durante 20 años seguidos, para ponerse al día con respecto a países similares. Pero cuando uno ve el presupuesto de este Ministerio, pues ve que hay que repriorizar. Es decir, puede que no sean los $23 billones, pero tampoco los $1,2 billones que se pretende para el año entrante, que es el primero de implementación del acuerdo.

- ¿Cómo se garantizará que el desarrollo legislativo para el Acuerdo Final de Paz quede blindado frente a nuevos Gobiernos?

Primer punto: cinco años de negociación, el primer año y medio en secreto y el resto en la mesa, con países garantes y apoyo de las Naciones Unidas. Segundo punto, a pesar de que no era obligación el Presidente exigió y el Congreso aprobó la refrendación de los acuerdos por parte del pueblo colombiano. Y tercer punto, el Congreso permitió un andamiaje normativo que se consolidará con la presentación del paquete de normas para ajustar la normatividad actual a aquellas que requieran ajustes para la refrendación de los acuerdos.

- ¿O sea, puede decirse que el Acuerdo está blindado política y jurídicamente?

Creo que difícilmente ha habido un proceso de paz con tantos blindajes como los que tiene este, pese a tanta desinformación y con un grupo que genera tanto odio en el país.

- ¿Me equivoco si concluyo que el tema de tierras fue el núcleo central de las negociaciones de paz?

Como no estuve en la mesa no puedo dar la respuesta exacta pero es evidente que el tema de tierras ha sido muy importante en este conflicto. Creo que gran parte de la discusión tuvo que ser sobre temas rurales, estoy seguro de que el tema de tenencia de tierras fue fundamental en el levantamiento armado, sin que esté justificando tantas acciones ilegales que originaron guerra, dolor y muchas muertes en Colombia durante medio siglo.

- ¿Qué es lo que más le gusta de este proceso?

Lo que más me gusta del Acuerdo es que esas personas que ofrecieron su vida y siguen ofreciéndola por mantener las instituciones, que no son los hijos míos sino los hijos de los campesinos, quienes están en el Ejército y también quienes están en la guerrilla, por fin podrán vivir en paz. Eso me genera gran felicidad, como también me genera felicidad que se acaban las Farc: ya no serán Fuerza, porque desaparecen como movimiento de insurrección; dejan de ser Armadas porque en seis meses entregarán todas las armas; pueden seguir siendo Revolucionarias, pero dentro de la institucionalidad, y lo único que queda es lo que todos somos: colombianos. 

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

- ¿Con este acuerdo de paz, qué va a pasar con las Zidres y las zonas de reserva campesina actuales y por crear?

La última zona de reserva campesina la creó el presidente Uribe, en este Gobierno se vienen estudiando varias solicitudes. Después de que se apruebe este acuerdo hay que ver qué dice la Constitución sobre las zonas de reserva campesina y qué efectos han tenido, para ver si esa es la figura que se requiere para un verdadero desarrollo agrario en el país.

Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), que han sido tan estigmatizadas, van a significar la verdadera posibilidad de desarrollo de aquellas regiones del país que cumplen unos requisitos: necesitar gran inversión para hacerla productiva a mediano plazo; sin vías de comunicación; que ningún empresario se puede presentar solo, sino que tiene que llevar a pequeños productores, a los que se les permitirá a futuro ser el dueño de la tierra y del proyecto productivo. Fácilmente estamos hablando de 10 millones de hectáreas en donde se pueden desarrollar proyectos Zidres.

Según la FAO, Colombia está entre los siete países que van a alimentar al 50% de la población mundial. Tenemos 40,5 millones de hectáreas aptas para agricultura y reforestación y de esas siete millones sembradas.

- ¿En qué consiste el otro punto del acuerdo, el de sustitución de cultivos ilícitos?

Se creó la Agencia de Renovación del Territorio, que es distinta a la Agencia Nacional de Tierras. Esa agencia va a tomar la acción integral de siete ministerios para ofrecerles a los campesinos que están dedicados a cultivos ilícitos una alternativa viable y duradera en el tiempo, para que miren hacia cultivos lícitos.

El ejemplo claro es el departamento de Santander, que no tiene ni una hectárea de cultivos ilícitos, gracias al cultivo de cacao. Hoy el 70 % o el 80 % de los sembrados de hoja de coca están en los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Norte de Santander. En esos municipios vamos a centralizar nuestro mayor esfuerzo, combinando la acción represiva y el apoyo institucional, para que de manera voluntaria los campesinos encuentren otra alternativa de vida.

- ¿Hacia dónde apunta la reglamentación legal y constitucional de estos acuerdos?

En algunos temas no se necesita nada distinto que priorizar las acciones en esos municipios. Por ejemplo, la norma de asistencia técnica hay que ajustarla, hay que crear otra norma de agricultura familiar campesina; hay que flexibilizar las condiciones del crédito agropecuario.

Aspiramos a que una vez pase el 2 de octubre, día en que se realizará el plebiscito, le podamos entregar al Congreso de la República, para que mediante el trámite fast track, se puedan entregar todas las iniciativas legales para hacer este ajuste y que esté aprobado y convertido en ley en el mes de diciembre. Este ajuste normativo nos permitirá hacer posible a largo plazo el cumplimiento de los acuerdos de paz.