Con la designación de la exmagistrada María Mercedes López como candidata del presidente Juan Manuel Santos para integrar la terna de la cual el Senado de la República habrá de elegir al nuevo Procurador General de la Nación, en reemplazo del destituido Alejandro Ordóñez Maldonado, puede decirse que el jefe de Estado hizo ‘moñona’.

Y es literal, teniendo en cuenta que coincidencialmente, los organismos de control -que se supone deben vigilar y controlar el accionar del Estado- están dirigidos por personas afectas a su Gobierno, bien porque fueron funcionarios de esta Administración, o fueron postulados por partidos de la Unidad Nacional para la Paz, o porque recibieron el guiño presidencial. O todas las anteriores.

Por ejemplo, el contralor General Edgardo Maya Villazón -de filiación liberal- recibió la ‘bendición presidencial’ cuando fue elegido por el Congreso en pleno en agosto de 2014; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, que asumió apenas el pasado primero de septiembre, fue elegido por la Cámara a nombre del Partido de La U; también el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que fue Ministro de la Presidencia, es cuota de Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras.

Y para rematar, el Senado elegirá al nuevo Procurador General de la Nación de una terna que no podía ser más santista: el exministro de Justicia y del Interior de este Gobierno Fernando Carrillo Flórez, la exmagistrada de la Judicatura María Mercedes López, y el ex Fiscal General encargado Jorge Fernando Perdomo, mano derecha de Eduardo Montealegre, quien respaldó sin ambages el proceso de paz desde ese despacho.

Pero eso no es todo. Por cuenta de la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes, el Presidente de la República tendrá facultades especiales por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley y elevar a categoría especial los acuerdos de paz, además de recortar los términos legales y constitucionales para implementar los acuerdos de La Habana.

Eso, sin contar con que las mayorías de Senado y Cámara están manejadas por los partidos que integran la Unidad Nacional para la Paz -Partido Liberal, Cambio Radical- Partido de La U y Partido Conservador- y que en los temas del posconflicto cuenta con el respaldo de la Alianza Verde y el Polo Democrático.

Sin palos en la rueda

“Hace mucho tiempo dejé de pararle bolas al Procurador”, dijo la semana pasada el presidente Santos, tras conocer la decisión del Consejo de Estado de destituir al jefe del Ministerio Público, quien se había convertido en el más duro crítico del proceso de paz con las Farc.

Ahora, el panorama parece más despejado, pues los jefes de los principales organismos de control son muy cercanos a la Casa de Nariño, como ya se dijo, y jugará un papel determinante en la implementación de los acuerdos de paz y en el posconflicto. Veamos.

“La Fiscalía del posconflicto”

“Esta será la Fiscalía de la institucionalidad y el posconflicto”, afirmó el pasado primero de agosto durante su posesión del cargo el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

Y muy cierto es que el ente acusador del Estado será decisivo en la nueva Justicia Transicional, pues si bien las nuevas instancias para juzgar a los excombatientes y civiles que hayan participado en la confrontación, la Fiscalía será -en últimas- quien determine a quiénes se les puede otorgar amnistía y a quiénes no, y quienes cometieron delitos de lesa humanidad o delitos políticos.

“Control fiscal a los grandes procesos”

A eso se comprometió el 19 de agosto de 2014 el contralor Edgardo Maya Villazón, al ser elegido por el Congreso de la República, pues dijo que su misión será “ejercer un control fiscal de los grandes procesos que están por venir, sobre todo el de la paz (...) Soy un hombre que considera que debe cesar la violencia que han padecido los colombianos de todos los estratos sociales”, dijo entonces.

Pero el papel de la Contraloría es tan importante como el presupuesto para 2017, que quedó aforado en 224 billones de pesos, de los cuales 12 billones serán para financiar el posconflicto.

Incluso, se sabe que el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, manejará todos los recursos provenientes del Presupuesto Nacional y de cooperación internacional.

Todos estos recursos estarán vigilados por la Contraloría General de la República, que ya ha hecho reparos, por ejemplo, a la Ley de Víctimas de la que ha advertido “graves deficiencias en su implementación a cinco años de terminar su vigencia”. Incluso, el jefe del organismo de control fiscal ha dicho que esa norma “está desfinanciada”.

“La Defensoría será incluyente”

Carlos Alfonso Negret, el nuevo Defensor del Pueblo que asumió el pasado primero de septiembre, en clara alusión al exprocurador Ordóñez Maldonado, aseguró que en su gestión “habrá espacio para todas las ideologías, todas las creencias, todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales y todas las posiciones personales frente a como se quiere vivir la vida. Esta será una Defensoría incluyente”.

El nuevo Defensor -que hace parte del Ministerio Público que regenta el Procurador General- tendrá un papel transversal en el posconflicto, pues además de defender los derechos humanos de las víctimas, tendrá a su cargo la difícil tarea de acompañamiento, no solo a los reinsertados, sino a las comunidades afectadas por el conflicto.

Procurador de la paz

De la misma línea se espera que sea el nuevo jefe del Ministerio Público que elegirá el Senado en las próximas semanas. El Procurador, como garante de los derechos de la sociedad, será el encargado de velar por el cumplimiento de las garantías fundamentales de todos los ciudadanos y de que los funcionarios públicos apliquen en derecho todos los preceptos constitucionales y legales que se deriven del Acuerdo Final de Paz.

El control, en manos del ciudadano

Frente a este panorama, expertos consultados por Colprensa consideran que queda en entredicho la independencia de los organismos encargados de controlar al Estado, pero sostiene que esa situación obedece al modelo constitucional que se aplica en su elección.

“Sencillamente no hay organismos de control, sino cuotas políticas, pero desafortunadamente así funciona el Estado en Colombia”, sostiene el analista Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, para quien es necesario hacer “una profunda reforma constitucional” a ese modelo de elección.

Por su parte, el catedrático de Eafit, Jorge Giraldo Ramírez, señala que ese modelo -en el que interviene el Ejecutivo- “tiene dos perversiones: los organismos de control no controlan a quienes tienen que controlar, y cambiaron su agenda propia para ir a la par de la del Gobierno”.

Por eso, el catedrático dice que los próximos seis meses serán una especie de ‘prueba de fuego’, pues el Presidente de la República echará mano de las facultades especiales que le dio el Congreso para implementar el Acuerdo de Paz. “Por eso los organismos de control deben estar dirigidos no solo por personas idóneas profesionalmente, sino independientes políticamente”.

Pero esto no se va a dar, agrega el exministro del Interior, Armando Estrada Villa, por dos razones: “En Colombia tenemos un régimen excesivamente presidencialista, y el modelo constitucional está diseñado así, se requiere modificarlo”.

“Este modelo hace que, prácticamente, todos los organismos de control sean casi subalternos del Presidente de turno”, señala el experto, y agrega que “se necesitaría fortalecer un modelo meritocrático y que las altas Cortes no tengan funciones electorales”.

Las tres fuentes coinciden en que como están las cosas, el único control que tendrá el Ejecutivo lo ejercerá el pueblo con su voto en las próximas elecciones, y la veeduría quedará en manos de los ciudadanos.

Por eso Pablo Bustos, presidente Ejecutivo de la Red de Veedurías Ciudadanas, RedVer, sostiene que de cara al posconflicto tendrá que priorizarse la vigilancia que ejercen los ciudadanos y para ello se requiere la integración orgánica de todas las veedurías ciudadanas en el país.

“La experiencia muestra que todos los procesos de posconflicto se caracterizan por la corrupción en el manejo de los recursos públicos. Nosotros estaremos atentos, y acudiremos, si es necesario, a la comunidad internacional”, afirma.