Dos años de Ley Estatutaria y un sistema de salud en caída profunda

Luego de dos años de firmada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, la Ley Estatutaria 1751, en su momento considerada el cumplimiento de los anhelos del pueblo colombiano por contar dentro de sus derechos fundamentales la salud, el país continúa sufriendo los problemas de un sistema que más allá de leyes, requiere con urgencia voluntad política para enderezar su rumbo.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social ha venido expidiendo durante estos dos años una serie de decretos y resoluciones que, según la óptica de la cartera, pretenden reglamentar una ley que en la mayoría de su articulado solo requería el cumplimiento inmediato. Sin embargo, los actos administrativos de ministerio se han caracterizado por desconocer el espíritu de la ley, así como la sentencia de la Corte Constitucional que mejoró la norma con su modulación.

Reglamentos amañados, como el Decreto 2353 de 2015 sobre la afiliación al sistema de salud, desconocen en flagrancia que el derecho a la salud en el territorio colombiano se extiende a todos los residentes sin distingos. Exigir procesos de afiliación y permanencia en el sistema deja al derecho mutilado y lo limita a los casos de urgencias y a la presencia en las bases de datos, ya sea del subsidiado o del contributivo. Esto significa sostener la lógica de la demostración de pobreza o de capacidad de pago, cuando la Corte exigió superar la discriminación económica.

El accionar del ministerio durante estos dos años se ha centrado en un intento por salvar y fortalecer a uno solo de los actores del sistema: los aseguradores, como lo demuestra el Decreto 2117 de 2016, que extiende a diez años el cumplimiento de los indicadores financieros. Desconoce el Gobierno nacional que el espíritu de la ley es brindar a los ciudadanos la posibilidad del goce pleno y efectivo del derecho, lo cual no necesariamente implica que se haga a través de una intermediación financiera que luego de más de 20 años de funcionamiento muestra que ha sido incapaz incluso de lograr su sostenibilidad.

El enfoque asumido por el Gobierno nacional en la aplicación de la norma estatutaria responde a una lógica equivocada donde se supone que es el mercado quien regula el “sistema” de salud, convirtiendo en una mercancía un derecho humano fundamental, para dejarlo como atractiva opción de negocio a los capitales privados. Entre tanto, además de las exclusiones que es lo único aceptado por la Corte Constitucional, el gobierno insiste en sostener el plan de beneficios explícito, unas “prestaciones excepcionales en salud” que recuerdan las de la Emergencia Social del expresidente Uribe, ahora con la responsabilidad del médico. Solo queda demandar estas medidas ante la Corte Constitucional.

El pueblo colombiano, que durante años luchó por alcanzar la institucionalización de la salud como un derecho fundamental autónomo, irrenunciable en lo individual y lo colectivo, vive ahora un sistema lleno de barreras de acceso, hospitales públicos y privados al borde de la ruina, unos profesionales de la salud cada vez más maltratados y el goce efectivo del derecho a la salud más alejado de su cotidianidad.

Las organizaciones que conformamos la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, demandamos del Gobierno nacional, del Congreso de la República y de la honorable Corte Constitucional, como garante de los derechos y la Constitución, tomar las medidas necesarias para que sea el espíritu real de la Ley Estatutaria el que prime en la normatividad nacional que rige el sistema de salud, por encima de visiones particulares que benefician a unos pocos intereses, y llamamos a todos los ciudadanos, pacientes, profesionales, trabajadores de la salud a apropiarse de esta norma y exigir su cabal cumplimiento. La Ley Estatutaria está vigente en este momento más allá de las tergiversaciones que realiza el Gobierno nacional en su reglamentación, es exigible en el ejercicio de la autonomía profesional, la atención de urgencias, la universalidad y la igualdad en el goce efectivo del Derecho. Convocamos a la ciudadanía, a los pacientes y a los trabajadores y trabajadoras de la salud a apropiarla, exigirla y ejercerla.

Credito
EL NUEVO DÍA

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