Con el proceso de paz hay una gran oportunidad de hacer las reformas que se requieren para poder evitar la corrupción, dicen algunos, pero cuando se entra a hablar sobre cómo se hace realmente política en el país se dimensiona cuán complejo será plantear normas que eviten este delito.

Ante este contexto, la primera propuesta que salió a relucir, incluso antes de los recientes escándalos de Odebrecht, es la financiación estatal, propuesta que apoyan muchos, pero que igual debe tener ciertas condiciones.

Por ejemplo, Ernesto Matallana, abogado especializado en Derecho Público y docente de la Universidad Externado de Colombia, afirma que junto a la financiación por parte del Estado se debe controlar la compra de votos.

“Debe haber el financiamiento estatal, pero además con un control de compra de votos, porque de nada me sirve que se prohíba el financiamiento privado si yo recibo plata por debajo de la mesa y con eso compro votos”, dice.

Y en relación a este tema precisamente el próximo 24 y 25 de marzo la Misión Especial Electoral presentará lo que serán las líneas gruesas de sus propuestas para hacer la reforma electoral, incluyendo los cambios que se deben hacer en el sistema y la arquitectura institucional.

De esa tarea hace parte la Misión de Observación Electoral (MOE), que dirige Alejandra Barrios. Desde allí también se habla de la financiación estatal como propuesta, pues han insistido que aquí en Colombia no se sabe cuántos recursos manejan las campañas.

“Acá tenemos problemas muy graves para conocer el monto, el origen y la financiación de las campañas. De una parte no todos los recursos que entregan las empresas privadas entran de manera efectiva a la contabilidad de la campaña política. Muchos de estos gastos se entregan a través de bienes y servicios”, dice Barrios.

Y así lo confirma un estratega político a Colprensa, que ejemplifica esa entrega de servicios de manera clara: “Yo soy una aerolínea, entonces te dono 30 pesos, pero por debajo te doy todos los tiquetes del esquema de campaña”.

Otro aspecto, dice Barrios, es que hay créditos que no son de entidades financieras sino de personas o familiares que se aceptan en las campañas políticas –en especial para Senado y Cámara-, sobre los cuales no se conocen mayores detalles y, por tanto, no hay un control efectivo de los mismos.

Esto último se empeora con los gastos que no tienen un registro específico. Gastos que los manejan los gerentes de campaña, pues son los encargados de toda la administración de los recursos y por ello son las personas de mayor confianza.

“El gerente de la campaña es generalmente el álter ego del candidato, es la mano derecha e izquierda. Es la persona en la que el candidato tiene mayor confianza en una campaña”, dice el estratega, indicando que todas las decisiones y movimientos de recursos las suele conocer el candidato, a menos de que sean gastos básicos diarios que no tengan gran importancia.

¿Dónde está el mayor descontrol?

Según la MOE, los gastos que no están bajo control tienen que ver en especial con las donaciones que les llegan al candidato. Por ejemplo, durante la campaña electoral del año 2014 para el Congreso, todos los candidatos se gastaron 196 mil millones y de ese dinero, solo el 8% correspondió a anticipos y el 12% a créditos bancarios, mientras el 80% solo fueron donaciones y créditos personales.

“En el caso de la Presidencia, los candidatos gastaron 66 mil millones de pesos en la campaña de Primera Vuelta y casi 19 mil millones en la de Segunda Vuelta en 2014 (…) De ellos el 45% fueron cubiertos por anticipos del Estado. Los anticipos fueron solicitados por cuatro de los cinco candidatos. En la segunda vuelta ninguno de los dos candidatos usó financiación estatal”, informa la MOE.

La financiación estatal entonces evitaría ese descontrol, que incluso existe en las cuentas reportadas, pero ¿qué pasa con lo que no se reporta?

Un ejemplo claro es la imputación de cargos al gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, y las interceptaciones telefónicas que hay en su contra.

“En logística me estoy gastando, sin exagerar, 10 millones de pesos, porque necesito contratar carros. Lo que más me preocupa son los mercados, darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados; porque usted sabe cómo se maneja eso (...), con ese recurso yo no puedo mover eso”, le dice una concejal al gobernador.

Y eso es normal. La logística que llaman tiene que ver con lo que motiva a la gente a votar, es el famoso TLC - tejas, lechona y cerveza-, además de esa gente que tiene que garantizar votos, como por ejemplo los ‘Puya ojos’ –que saben dónde votan las personas y cuántos votos deben salir por cada zona- y los líderes, que son los que están con las comunidades y compran votos directamente.

“A los líderes les digo vamos ganando sobrados, el voto es a 40 mil pesos, o a 30 mil pesos. Si la elección está reñida el voto se encarece, si la elección es muy suave el voto es barato”.

Pero esos últimos no trabajan solo en el proceso electoral, sino se mantienen en el tiempo mientras preparan las próximas contiendas y suelen tener contratos de Órdenes de Prestación de Servicios, OPS.

“A una persona no calificada, que es muy difícil hacerle un contrato de prestación de servicios porque no tiene ni el bachillerato, lo que hago es una Orden de Prestación de Servicios por un valor que no tengo que meter en términos de referencia”.

Todo esto, evidentemente, no se ve en los reportes de gastos e ingresos de las campañas políticas.

Licitaciones para recuperar lo invertido

En los municipios pequeños suele ser normal que, por ejemplo, un gerente de campaña se pague con una promesa, es decir, el candidato le dice que sea su gerente de campaña y si gana él será el próximo secretario de Salud, como para poner un ejemplo. Lo mismo pasa en las grandes ciudades y a nivel nacional, pero en especial eso es lo que pasa con las grandes empresas y las licitaciones.

Se dice que siempre ha pasado en el país, pero se empezaron a ver empresas extranjeras tras el escándalo del Proceso ocho mil, así como se dice que todos saben que es normal que se den las reuniones entre empresas y candidatos, eso sí, qué tan directa o indirecta sea la propuesta depende de las partes.

“El candidato se sienta con el empresario y dice: ‘es importante el tema de la infraestructura, el país está dispuesto, está abierto a desarrollarse’. Esa conversación sí se da en esos términos, en algunos casos se dé en unos términos mucho más explícitos. Nosotros como estrategas siempre recomendamos que esas conversaciones se den en los primeros”, dice.

A partir de ahí se dan las negociaciones, lo que se aporta sobre la mesa y se registra en el Consejo Nacional Electoral y lo que se da por debajo de la mesa en efectivo o por medio de bienes y servicios y entran a jugar las licitaciones.

“Una campaña para alcalde puede estar costando cinco mil millones de pesos y el alcalde no los recupera con su salario, de dónde recupera la plata: la contratación estatal”, dice el profesor Matallana.

Pero además, el tema se vuelve más complejo y parece dejar sin herramientas a las entidades de control. Sucede que, por ejemplo, funcionarios de esas entidades encuentran características extrañas en las licitaciones, como por ejemplo una especificación que de manera evidente beneficia solo a uno de los oferentes. Ahí pueden decir que hay algo raro, pero no encuentran la manera de vincular eso con el candidato ya elegido y la corrupción. Eso, dice el estratega consultado, debe hacerse con cuidado y requiere de cierta experiencia de “algunas campañas encima”, porque evidentemente hay cosas que se dicen, pero no se pueden contar.

No se debe reportar nada 

A todo esto se suma que los candidatos reportan cuentas desde que se inscriben como tal, pero es evidente que desde antes empiezan a gestionar su candidatura, pero eso no implica un delito, según la Ley, porque no hay reglamentación para los precandidatos. Por ello, la reunión en Brasil que sostuvo el excandidato Óscar Iván Zuluaga con Duda Mendoca no representa nada irregular.

Al respecto, dice la directora de la MOE, “claramente hay un vacío, porque muy seguramente los que hoy están pensando en ser candidatos presidenciales ni siquiera han empezado el proceso de inscripción, pero lo que sí estoy segura es que ya empezaron a buscar los mecanismo para financiarse”.

La tarea no es fácil

Si de garantizar la financiación estatal se trata, se debe mirar de dónde va a provenir el dinero y bajo qué condiciones se distribuirá, garantizando el derecho de la participación política a todos los colombianos.

Se debe evitar que el problema no se traslade a otro momento electoral, es decir, que ningún cabo quede suelto, pero quizás, lo más importante es que se debe evitar que se sigan comprando y vendiendo votos, una aspecto que ya se ha vuelto cultural.

Quizás, dice el analista político John Mario González, una solución estructural para que esto último suceda es que “se lleven las tasas de desempleo al pleno empleo, al 5%, por ejemplo”, esperando que así la práctica se elimine por completo.

Mientras tanto, si de contratación se trata deben primar los principios de transparencia, para la cual se ha impulsado desde el gobierno actual los contratos tipo, con ánimo de buscar la equidad y se le ha dado mayor importancia al número de oferentes.

La tarea de eliminar la corrupción y su relación con la política, en definitiva, no es nada fácil.