La directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Liliana Caballero, confía en que culmine con éxito la negociación con todas las centrales obreras del país.

Colprensa dialogó con la jefa de este despacho, que está al mismo nivel de las carteras del gabinete y con representación en el consejo de ministros.

- ¿Cuántos servidores tiene el Estado colombiano?

Son en cifras redondas 1,2 millones de empleados del Estado, los maestros son unos 350 mil, las Fuerzas Armadas y de Policía son casi 400 mil. Sindicalizados son poco más de 300 mil, de estos Fecode tiene el mayor número.

- Se está negociado con estos servidores. ¿Qué se ha logrado y qué hay pendiente?

El proceso de negociación ha sido complejo, pues hay tres grandes centrales obreras tradicionales y cuatro más nuevas y con menos gente que presentaron una tutela que le aprobó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, congelando la negociación hasta que tuvieran representación en la mesa y con un solo pliego.

Eran cinco pliegos, cada uno con 100 puntos. El tema salarial era el más sensible, ya se acordó el aumento de 6,75%.

- ¿Cuánto representa este incremento en recursos para el Estado?

Pues cada punto vale cerca de 260 mil millones de pesos. En total estamos hablando de algo así como 1,8 billones de pesos.

- ¿Ese aumento fue aceptado por todos?

Por todos, aunque las centrales obreras menores dejaron constancia de que no estaban de acuerdo con ese aumento, pero no se levantaron de la mesa. Ahora vienen los decretos correspondientes.

- ¿Y ya salieron esos decretos?

Sí. Es un paquete como de 40 decretos, porque tenemos cuatro regímenes especiales: personal de Fuerzas Armadas, personal diplomático, personal de comercio exterior en el exterior y maestros.

Y casi todas las asignaciones están basadas en la asignación salarial básica retroactiva al pasado 1 de enero.

- ¿Qué queda pendiente por negociar?

Quedan tres grandes temas: carrera administrativa, plantas de personal y garantías sindicales. La ampliación de plantas es un asunto complejo, porque está atado a un estudio técnico y a disposición presupuestal. En esto se ha hecho un esfuerzo muy grande desde 2010 por formalizar empleos, a la fecha hemos formalizado 25 mil empleos en la Dian, Icbf, Sena, etc. Es un porcentaje alto, porque en la planta del Ejecutivo tenemos unos 100 mil empleos.

También se está pidiendo aumento de prestaciones, pero la situación fiscal no es la mejor del país, en prestaciones es difícil en este momento. Otro tema pendiente es condiciones y garantías sindicales.

- ¿Cómo incide este acuerdo del 6,75 % de aumento salarial en el paro de maestros?

Los maestros están cobijados por ese aumento más dos puntos adicionales. Pero ellos tienen una negociación diferente con el Ministerio de Educación.

Reducción en trámites

- ¿Qué se ha hecho con respecto a la reducción de trámites?

En general los ciudadanos no acceden fácilmente a los servidores públicos. La forma como es atendido, la oportunidad de la información que reclama, etc., es lo más importante en el servicio al ciudadano. Estamos interesados en hacer los trámites más amigables, en línea, reducir los que sobran, abolir los que no sirven, que la atención sea la mejor, etc.

La meta que nos ha puesto el Presidente, es reducir 800 trámites adicionales a los más de mil que ya han sido racionalizados. Ya vamos en 542, el 78 por ciento, y eso ha significado ahorros por 17 mil millones de pesos.

- ¿Cuáles son los trámites más engorrosos?

Estamos trabajando en la convalidación de títulos con el Ministerio de Educación. Hay en curso un proyecto bastante complicado, que es el de la libreta militar, porque intervienen varias entidades para liquidar la cuota de compensación militar.

Otro tema de alto impacto es todo lo de registro sanitario del Invima, tanto para el pequeño empresario como para el gran exportador o importador, porque hay 33 tipos diferentes de registros.

Lo que buscamos es cómo tratamos cada vez mejor al ciudadano, pero también cómo estimulamos el crecimiento económico del país.

- ¿Hay algo acerca del acceso al sector salud, a las EPS?

Estamos trabajando en una estrategia que llamamos ‘La carta del trato digno’, en la que visitamos entidad por entidad a ver cómo es su relación con el ciudadano: cómo es la atención a discapacitados, que no exijan fotocopias, que atiendan hasta el último paciente así se acabe el horario, etc. Estamos trabajando en ello.

- ¿En Colombia hay exceso de normas?

Es claro que tenemos una hiperinflación normativa impresionante en Colombia. Caemos siempre en la tentación de creer que con una norma nueva se resuelve los problemas. Pero estamos haciendo esfuerzos no solo por reducir trámites, sino también por hacerlas más fáciles de comprender.

Pedagogía de paz

- ¿Qué se está haciendo frente a la pedagogía para la paz?

Ese es un tema que nos encargó el Vicepresidente de la República. Debimos comenzar por capacitar a los servidores públicos sobre lo que se estaba negociando en La Habana, llegarles a 90 mil servidores públicos con el tema de paz. Ahora tenemos que fortalecer a los municipios, en especial a los cercanos a las zonas veredales y a los afectados por el conflicto.

Queremos que las autoridades locales entiendan la importancia de rendir cuentas y que los ciudadanos participen en las decisiones que los afectan. Y que las víctimas sepan qué es ser víctima; si lo son, cómo acceder a los programas del Estado, etc, en todos los programas que tengan relación con la implementación de los acuerdos.

- ¿Institucionalmente cómo va a cambiar el país con este proceso de paz?

 Es un nuevo país, no solo en la reducción total de número de muertes, atentados, secuestros, etc, sino en llegar a un gran acuerdo con una guerrilla como las Farc.

Se han creado entidades o se han fortalecido las que tienen a cargo la implementación de los temas de paz, y el rol de función pública será muy importante, porque hay que ajustarnos a esas nuevas entidades, revisar los procedimientos, cambiar la mentalidad de los servidores públicos en función de la paz, etc.

Frase

"La meta que nos ha puesto el Presidente es reducir 800 trámites adicionales a los más de mil que ya se han racionalizado. Vamos en 542, 78 por ciento, y eso ha significado ahorros por 17 mil millones de pesos", Liliana Caballero.