Se trata de una noticia de impacto mayor para la economía del sector, pues aunque se trata de una suspensión temporal -del 26 de agosto al 10 de septiembre- muestra los verdaderos estragos que han hecho en esta industria fenómenos como el contrabando y el desmonte de los aranceles mixtos, al menos al decir de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA).

A ello se agrega que las proyecciones del gremio apuntan a que, como van las cosas, a finales de este año el sector habrá perdido más de 120 mil empleos informales, situación que afecta a por lo menos 500 mil colombianos que viven de esta industria, sin contar los empleos indirectos.

Coloreto, una de las principales empresas dedicadas a la tintorería de telas y prendas, anunció este fin de semana que entra en la ley 1116 (insolvencia económica) y está a punto de cerrar, mientras que Protela, uno de los gigantes de la producción de telas, despidió en el primer trimestre de 2017 a más de 650 empleados.

“Como van las cosas, en menos de dos años la industria de textiles y la confección tendrá que cerrar definitivamente por las erradas políticas arancelarias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, señala Enrique Gómez, vicepresidente de la CCCyA.

Muestra de la crisis es, según el gremio, que en la pasada feria de Colombiamoda, en sus 28 años de historia, por primera vez no se cumplieron las expectativas se negocios que eran de 300 millones de dólares, pero en realidad la cifra apenas llegó a 179 millones.

Por todo eso, el sector textil y de las confecciones “urge al MinCIT que cumpla los compromisos que hizo en la Feria Colombiamoda, de modificar el Decreto que desmontó los aranceles mixtos”, según la carta que le envía la CCCyA al Gobierno nacional (ver documento adjunto).

Pero, ¿por qué se llegó a esta situación?

Según los textileros (ver entrevista con Edwin Salazar, presidente de la CCCyA), la crisis se aceleró desde el año pasado cuando el Gobierno nacional modificó los decretos 1744 y 1745, que establecían los aranceles mixtos, que desmontó parte de las barreras que protegían a los industriales nacionales.

Desde ahí, el contrabando creció en más de 50%, al punto de que hoy el ingreso ilegal de textiles y confecciones representa cerca del 27 % del total, en un monto estimado en cinco billones de pesos anuales. En otros palabra, “eso es lo que pierde la industria cada año”, según el Vicepresidente de la CCCyA.

A ello se suma que según la Andi, la subfacturación en textiles importados durante 2016 aumentó 124%. A Colombia están ingresando prendas a muy bajos precios, de ahí que Fabricato advirtió:

“La suspensión de las actividades de producción es el resultado de las condiciones negativas de la economía del país, del debilitamiento de los aranceles de importación, de la masiva importación de prendas y telas, así mismo del contrabando de productos textiles, circunstancias que han afectado de manera sistemática nuestras ventas y han incrementado los inventarios de productos terminados, haciendo que la operación industrial resulte negativa durante el primer trimestre de este año, afectando así el estado de resultados y amenazando la disponibilidad de caja”.

Según Carlos Alberto de Jesús, presidente de Fabricato, al cierre del primer trimestre de este año la empresa acumuló pérdidas por 10 mil 266 millones.

¿Qué dice el Gobierno?

Hace dos meses, cuando la crisis entró en su estado más crítico, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, reconoció que “existe una situación difícil para los textileros”, pero explicó que eso obedece a un “fenómeno cíclico del mercado: los ciclos de baja compra y de baja producción se están repitiendo este año. Esperamos que las cosas mejoren el año entrante”.

La funcionaria explicó que con los empresarios del sector textil y confecciones se acordó la expedición de un decreto de control aduanero específico para los productos de la cadena textil.

Lacouture dijo que en la reunión de este lunes, se definió que en el Decreto que se trabajará junto con la Dian, para textiles, se establecerá un umbral de precios para la importación de esa clase de productos, con el propósito de que los que ingresen por debajo de ese umbral, deberán ser sometidos al control de las autoridades aduaneras. 

Respecto de Fabricato, la ministra sostuvo: “ya lo han anunciado y lo han hecho con anticipación, no es una medida de último momento, se venía desarrollando y la empresa lo tenía dentro de sus estrategias”.

Edwin Salazar, presidente Cámara Colombiana de la Confección y Afines

- ¿Cuál es el origen de esta crisis?

 Desde el año pasado venimos con problemas graves por dos decretos arancelarios que expidió el Gobierno nacional, que dispararon el contrabando que afecta la industria. Son los Decretos 1744 y 1755, que redujo de 40% a 15% el arancel para prendas de vestir terminadas, cuando veníamos con aranceles mixtos que servían de protección a la industria nacional.

- ¿Por qué se modificaron esas dos normas?

 Según el Gobierno, porque Panamá los demandó ante la Organización Mundial de Comercio, pero Colombia prefirió proteger el producto importado a la industria de manufactura nacional. Lo que dice el Ministerio de Comercio es falso.

Mire, en 2015 la industria textil y de la confección creció 17%, con la modificación de esos Decretos el crecimientos hoy es de un modesto 0,6%, y a mayo vamos decreciendo 8%.

- ¿De cuánto es el contrabando?

La Dian calcula que es de seis mil millones de dólares, y de ellos 27% corresponde a textiles y confecciones, es decir son cinco billones de pesos anuales, eso es lo que pierde la industria. De enero a la fecha la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian han hecho aprehensiones de textiles de contrabando por 32 mil millones. Una cifra insignificante frente al total.

- ¿Y cuál es el impacto en el empleo?

En 2015, de cada 10 empleos la confección ponía ocho puestos de trabajo, en lo que va de este año de cada 10 puestos que se pierden en la industria ocho los pone la confección. Entonces pasamos de ser los mayores empleadores a los más destructores de empleo.

En mayo pasamos a perder 60 mil puestos de trabajo formales, al cerrar el año estaremos hablando de más de 100 mil formales.

En promedio, por cada familia son cuatro personas, es decir son más de 600 mil colombianos que viven de esta industria.

- ¿Y cuál es la situación de la mano de obra?

En Asia la mano de obra es más barata, un operario gana 200 mil pesos al mes. En Colombia es más cara, 780 mil pesos más prestaciones sociales. Esos importadores nos afectan mucho.

- Y entonces, ¿cuál es la petición al Gobierno?

Son siete peticiones. Después de 20 reuniones con el MinCIT desafortunadamente la burocracia puede más que la intención de buscar soluciones. Queremos que se revisen los decretos, que se corrijan los umbrales de importación de prendas de vestir, que se reglamente el marquillado, que se revisen los procesos de toda la cadena, que se establezcan aranceles más altos de importación para proteger la industria nacional.

El Gobierno habla de competitividad, nosotros somos muy productivos, pero los costos son muy altos por mano de obra, normativos, logística, transporte, etc.