La corrupción en la Rama Judicial pareciera no tocar fondo. Cuando ya estremeció a la Corte Constitucional con la supuesta entrega y recibo de 500 millones de pesos por parte de uno de sus magistrados, Jorge Pretelt, en juicio en este momento, ahora la Corte Suprema de Justicia se ve enlodada por lo mismo: presuntas peticiones de dinero a cambio de favorecer o direccionar investigaciones.

Las aguas sucias caen sobre el exmagistrado Leonidas Bustos Martínez, quien integró la Sala Penal entre 2008 y 2016, y quien fue presidente de esa sala durante 2012 y 2013 y presidente de la Corte Suprema en el 2015.

Pero él no está solo. Los dedos señalan además al magistrado Francisco Ricaurte, quien ocupó una de las oficinas de la Sala Laboral, además de haber sido presidente de la Corte Suprema en 2008. Luego, fue elegido por la propia Corte Suprema para ser magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, decisión que fue anulada por el Consejo de Estado en 2014 por ser un caso típico de ‘yo te elijo, tú me eliges’.

Bustos es uno de los mencionados en unas interceptaciones que realizó la justicia de los Estados Unidos, y que fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación. A esto se suman las comunicaciones electrónicas y telefónicas entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons; el entonces Jefe Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno; y un socio de ese último, el abogado Leonardo Pinilla, como una de las personas que habría intercambiado favores judiciales para beneficiar a sus defendidos ante la alta Corte.

Lo expuesto por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia da cuenta de presuntos pagos millonarios a cambio de direccionar investigaciones contra exdefendidos de Moreno, entre quienes se cuentan personalidades como Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos, que ahora enfrentarán una nueva investigación en la Corte Suprema. Según conoció Colprensa, los pagos en cuestión estarían entre los mil y los tres mil millones de pesos, los mismos que se habrían hecho en efectivo, en billetes de baja denominación.

Colprensa explica quién es quién en este meollo judicial y qué procesos están en juego. Lo único claro hasta el momento es que el escándalo de corrupción ya ha dejado sembradas dudas sobre toda la actuación de la Corte Suprema de Justicia, con independencia de en qué periodos actuaron los magistrados de la Sala Penal; dudas que han despertado entre algunos expertos la necesidad de una reforma judicial.

Por ejemplo, el Gobierno nacional ya pidió que este caso llegue hasta sus últimas consecuencias y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo que “es el momento de tomar correctivos severos para evitar la corrupción. La justicia no puede tener mantos de duda”.

Entre tanto, el congresista Antonio Navarro Wolf extrañó la Comisión de Aforados para juzgar a los miembros de las Altas Cortes: “fue hundida por la Corte Constitucional, un error que pagamos hoy”, dijo.

“Ahora sí se corrompió la sal. Si el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema recibió sobornos, apague y vámonos”, agregó Navarro Wolf. Y es que este asunto involucra, además, a otro exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, también en la Sala Laboral, y quien ahora será investigado por su rol como abogado.

Este entramado de supuesta corrupción judicial, que motivó por primera vez una rueda de prensa de la Sala Penal en pleno, tiene dos casos en marcha: el de Luis Alfredo Ramos por ‘parapolítica’ y una investigación preliminar por lo mismo a Musa Besaile; y otro ya resuelto: la preclusión en favor de Hernán Andrade por supuestamente haber recibido 250 millones de pesos de parte de uno de los abogados participantes en el desfalco a Cajanal.

De los audios obtenidos por la justicia de Estados Unidos, usando como testigo a Lyons, se conoció que mencionan a la exmagistrada María del Rosario González y al magistrado José Luis Barceló, como quienes no se dejaban comprar.

Leonidas Bustos

Férreo opositor de la reforma a la justicia del 2012, Bustos fue el vocero en mayo de 2015 cuando las cabezas de las Altas Cortes propusieron incluso una Asamblea Nacional Constituyente por el desacuerdo que tenían con el trámite de la reforma de Equilibrio de Poderes, por considerar que no resolvía el desajuste institucional en materia de justicia, reforma que finalmente fue aprobada creando un Tribunal de Aforados. Tribunal que no pasó el examen en la Corte Constitucional, por lo que sigue siendo la Comisión de Investigación y Acusaciones la que investiga a aforados como los magistrados de Altas Cortes.

Según los registros de la Corte, Bustos fue visitado 29 veces por Moreno cuando litigaba. Según reveló el columnista Daniel Coronell, Moreno lo visitó, al menos, cuatro veces antes que llamara a ampliación de indagatoria a Andrade, caso que terminó en preclusión en decisión de Sala y en documento en el que se registra a Bustos en comisión de servicios.

Polémico, vinculado como quien promovió la llegada de Moreno a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Bustos es esposo de Martha Cristina Pineda Céspedes, quien trabajó en la Procuraduría y quien fue ternada por la Presidencia de la República para integrar la Comisión de Disciplina Judicial, órgano que reemplaza a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura.

Sobre esto, la congresista Claudia López manifestó: “Yo le pediría tanto a la esposa del señor Bustos como al exmagistrado Ricaurte que está postulado a la JEP, que renuncien a esa postulación, me parece que es lo elemental y lo ético que deben hacer mientras se resuelven las investigaciones”.

Francisco Ricaurte

Sobre Francisco Ricaurte aún no es claro cómo habría intervenido a favor de Moreno, aunque la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ya pidieron las respectivas investigaciones. El exmagistrado que aspira a integrar el Tribunal de Paz, y a quien ya le pidieron públicamente que desista, no ha sido ajeno a los escándalos. Primero, por su paso de una Corte a otra, por la captura y orden de extradición de su hermano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez por narcotráfico y por una investigación que le abrió la Fiscalía General.

En marzo de 2016, Colprensa reveló dicha investigación por la posible comisión del delito de peculado que tiene que ver con una denuncia presentada por el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social–Ugpp, que señala que Ricaurte, en 1992, siendo Juez Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, habría fallado una reliquidación pensional de manera irregular a favor del ciudadano Álvaro Ortega Barragán.

Luis Alfredo Ramos

Luis Gustavo Moreno fue el principal defensor de Ramos en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia; con apoyo de Pinilla fue detenido el 29 de agosto de 2013 y fue acusado por presuntos nexos con grupos paramilitares, derivados de una reunión que sostuvo a finales de 2005 en Bello (Antioquia) con Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, que nunca negó. La parte crucial de este caso que lleva el magistrado Eyder Patiño, tiene que ver en si Ramos tenía y necesitaba o no permiso para acudir a esta. 

Ramos quedó en libertad en noviembre del año pasado por orden de la Corte Suprema, que consideró que ya se habían cumplidos los fines de la medida de aseguramiento en su contra y está a la espera de que la Sala Penal cite a audiencia para dar a conocer públicamente el sentido de fallo en su contra.

Su actual abogado, Dagoberto Charry, quien fuera profesor de Moreno, explicó que asumió el caso desde enero de 2015. “Este proceso se desarrolló de manera pública, leal y transparente, con el cumplimiento estricto de los requisitos legales”, dijo al indicar que responde solo por sus actuaciones. “Nunca se autorizó ningún centavo por fuera de la normatividad, fue la propia Corte que oficiosamente revocó la medida de aseguramiento”, agregó.

Charry dijo que Ramos fue quien lo llamó para que asumiera su defensa, tras la renuncia de Moreno. Sobre la mención que hizo Moreno ante Lyons, Charry señaló que si esto fue así, tendrá que responder. “Se trató de una estrategia profesional para conseguir un cliente importante, que adujeron que a través de expresidentes de las Cortes habían conseguido mejoramiento procesal de los tres personajes políticos. Yo responderé por las pruebas que hemos practicado nosotros (…) Si él llegara aceptar eso en gracia de discusión eso es problema de él y deberá asumirlo con entereza”.

Hernán Andrade

El pasado lunes, el senador Hernán Andrade fue a la Corte Suprema de Justicia, un día antes de que estallara este escándalo. Pasó con rapidez ante las cámaras de los medios de comunicación que esperaban la indagatoria del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías. Ahora, deberá enfrentar una nueva investigación por parte de la Corte Suprema por las menciones que se hacen en las grabaciones de EE.UU.

Andrade señaló en un comunicado que atenderá los requerimientos que le hagan y dijo que la Corte por unanimidad firmó la preclusión de la investigación que se abrió en su contra por, supuestamente, recibir 250 millones de pesos de uno de los abogados relacionados con Cajanal.

“Tengo certeza absoluta de que ese fallo se dio en derecho y con estricta fidelidad a las pruebas legalmente aportadas”, dijo al reconocer que Moreno fue abogado suyo en ese proceso. Sobre el dinero, Andrade le dijo a Daniel Coronell que recibió un préstamo particular y no dinero proveniente de ese desfalco.

Musa Besaile - Luis Ignacio Lyons

El senador cordobés, quien fue el más votado del Partido de la U en 2014, salió mencionado en este caos, según fuentes de la Corte Suprema, por haber buscado favorecimiento para congelar la investigación preliminar que desde hace 11 años tiene en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares. En este caso, también salió mencionado su abogado, Luis Ignacio Lyons, pues el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, lo incluyó entre quienes serán investigados.

“(Moreno) Nunca me cobró un honorario, nunca presentó un escrito y no sé por qué aparezco mencionado en este tema. El nombre de Musa Besaile está de moda”, dijo.

Camilo Tarquino

El tolimense Tarquino también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sobre él, el Fiscal General señaló que está entre las personas mencionadas de pertenecer a este entramado de supuesta corrupción, pero en su condición de abogado. Tarquino fue presidente de la Corte en 2011, a la que llegó en 2008 para la Sala Laboral.

¿Y Lyons y Moreno qué?

El exgobernador de Córdoba, acorralado por la justicia colombiana que le busca imputar 20 cargos de corrupción en el departamento, logró salir del país y ahora, colaborando con las autoridades de Estados Unidos, logró sacar a flote el caso de corrupción de Luis Gustavo Moreno, quien, junto con Pinilla, le pedían un pago de 400 millones de pesos, con un adicional de 30.000 dólares. Por estos hechos, Moreno fue pedido en extradición y fue imputado por el delito de concusión ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Ahora, una vez más, usando a Lyons como chivo expiatorio, la justicia de Estados Unidos obtuvo las grabaciones que ahora ponen en la palestra pública un nuevo presunto escándalo de corrupción. Falta ver en qué termina la negociación que Lyons adelanta con la Fiscalía, qué revelaciones y qué consecuencias traerá. Entre tanto, la entidad no ha vuelto a pedir la imputación de cargos en su contra, que se aplazó tres veces.