Ante la Juez 40 de control de Garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, por su presunta participación en el escándalo de corrupción y compraventa de decisiones judiciales.

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, uso abusivo de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, que el jurista no aceptó. “No acepto los falsos cargos hechos por testigos falsos”, dijo.

En la imputación, la Fiscalía aseguró que Ricaurte y el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, tenían una “organización criminal”, que operó desde 2013 y hasta 2017, para el direccionamiento de decisiones judiciales y manipulación de evidencia, al que integraron al abogado y luego Fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y que funcionaba mediante reuniones en la casa de Ricaurte, la de Bustos, en restaurantes y hoteles, en el país y en Miami, como sucedió a finales de 2014 en el hotel Marriot de esa ciudad.

La imputación de cargos de la Fiscalía dejó en claro varios asuntos: que Ricaurte y Bustos eran las cabezas de la supuesta organización, que el magistrado Gustavo Malo hacía parte de ella y recibió dinero de sus actuaciones, y que Moreno y Luis Ignacio Lyons, hacían las gestiones que se le indicaban.

Además, se reveló un hecho hasta ahora desconocido: que las gestiones ilegales también se habrían hecho para frenar una imputación de cargos al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía. A este caso, se le suman los de Álvaro Ahston, Musa Besaile, Alejandro Lyons, Julio Manzur y en Fonade.

La Fiscalía además resaltó en toda la imputación que José Reyes, el exmagistrado auxiliar del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, fue retirado de la Corporación por “ser una piedra en el zapato” para los fines de la señalada organización.

El fiscal Tercero Delegado, Jaime Camacho Flórez, señaló que “nunca a tan alto nivel se había prostituido la magistratura” y que por eso Ricaurte debe ser cobijado con una medida de aseguramiento.

“Es demoledor para el Estado de Derecho, luego es de esperarse que siga delinquiendo. Es un riesgo cierto y urgente de precaver. Y existe riesgo a la integridad de la investigación y de las pruebas, dado que falta inmensa información de recaudar de pagos y las evidencias reposan en despachos que Ricaurte podría influenciar y tener acceso”, dijo.

El fiscal dijo que es urgente evitar que Ricaurte “pueda seguir traficando” con elementos judiciales. “Los delitos son muy graves. Nunca en la historia de Colombia había estado la comunidad tan en peligro”, señaló.

La organización

El fiscal Camacho Flórez señaló que Ricaurte y Bustos “promovieron y dirigieron una organización criminal, a la que integraron, entre otros, a Luis Gustavo Moreno, Luis Ignacio Lyons, Gustavo Enrique Malo Fernández, dedicada a cometer delitos que afectaron la administración pública y la recta impartición de justicia, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal”.

De acuerdo con el fiscal, Ricaurte y Moreno se conocieron en el 2013 a través de Bustos y que fue Ricaurte el que le explicó en su casa cómo funcionaban. “Era usted el que referenciaba a los congresistas, políticos y gobernadores, de quienes se supieran que tenían indagaciones o investigaciones en la Corte y la Fiscalía”.

De acuerdo con el fiscal, para su cometido, la organización utilizaba información privilegiada que Ricaurte y Bustos obtenían. “Manipulaban testigos para cambiar versiones, instrumentalizaban a los medios de comunicación para restar credibilidad a los testigos que mantenían sus versiones, desaparecían y alteraban evidencias y obtenían decisiones con apariencia de legalidad que favorecieran a sus clientes, con la intervención de los funcionarios del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos, a quienes les pagaban dinero”, narró el fiscal.

Según explicó, si esta estrategia no funcionaba, la organización criminal buscaba supuestamente dilatar los procesos.

Soy inocente

Ricaurte llegó sobre las 3:15 de la tarde a los Juzgados fuertemente escoltado. “Soy inocente”, afirmó y aseguró que el exfiscal Luis Gustavo Moreno es un falso testigo.“Moreno es un falso. Es un mentiroso”, señaló Ricaurte, quien aseguró que “nunca sucedió” el episodio que narró Moreno ante la Corte, de entrega de 550 millones de pesos, de los 700 que le entregó Luis Ignacio Lyons.

Álvaro Ashton

El primer caso sospechoso tiene que ver con la investigación que la Corte Suprema de Justicia lleva al senador liberal Álvaro Ashton desde octubre de 2012 por presuntos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas, a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, y en el que Luis Ignacio Lyons actuó como defensor.

De acuerdo con la Fiscalía, hubo reuniones entre Ashton y Ricaurte para frenar el proceso en el 2013, para lo cual se pidió inicialmente mil 200 millones de pesos para lograr un archivo de la investigación. No obstante, dijo el fiscal, se acordó mejor dilatar la investigación por estimar que el archivo no era probable y porque el magistrado auxiliar, José Reyes, insistía en que se podía abrir investigación formal.

“Usted doctor Francisco Ricaurte instruyó a Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la forma como se repartiría la cifra acordada, recibiendo aproximadamente 400 millones de pesos provenientes de ese cobro. También recibieron dinero José Leonidas Bustos, Luis Ignacio Lyons, Gustavo Malo y el propio Moreno”, dijo el fiscal, quien agregó que en este expediente desaparecieron evidencias.

Además, se habría pactado por la organización criminal que Malo pidiera la renuncia de todo su despacho, hecho que sucedió y que terminó únicamente con la salida de Reyes de la Corte. Lo cual también se dio por el caso de Musa Besaile, ya que Reyes “era una piedra en el zapato para la organización criminal”.

Alejandro Lyons

 La Fiscalía señaló que en octubre de 2014 el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, se comunicó con el ex magistrado Camilo Tarquino, a través de Muriel Benito, “para obtener una ayuda de ese profesional del derecho para que las Altas Cortes y la Fiscalía tuviesen claro los hechos ocurridos en el tema de regalías”, para lo cual pagó 30 millones de pesos.No obstante, según la Fiscalía, Tarquino aseguró que no eran gestiones a través de medios y que debía pagar 20 mil millones de pesos para solucionar “definitivamente sus problemas”. Allí, dijo el fiscal, Tarquino refirió que ya había un grupo de magistrados encargado de intervenir irregularmente en procesos judiciales.

Musa Besaile

En el caso del senador Musa Besaile, el fiscal Camacho indicó que a finales de 2014 Ricaurte ordenó a Moreno que se comunicara con él y que tras varias reuniones se acordó el pago de dos mil millones de pesos para evitar una orden de captura en el proceso que la Sala Penal de la Corte le llevaba por ‘parapolítica’.

El fiscal dijo que aquí intervino Luis Ignacio Lyons, quien se encargó que recibir parte del dinero enviado por Besaile en 2015 y entregarlo a los miembros de la organización.

“Para la primera entrega, el dinero es recibido en la oficina de Luis Ignacio Lyons a la media noche. Fueron 390 millones, de los cuales usted recibió de manera directa 290. La segunda entrega se hace en la residencia de Moreno, hasta donde llegó Lyons con 300 millones, del cual le entrega a usted 250 millones para un total de 530 millones”, dijo el fiscal.

De acuerdo con Camacho, Ricaurte no estuvo de acuerdo con que Lyons se quedara con 150 millones, por lo que los restantes mil 300 millones “los recibió usted de manera directa del senador Musa Besaile, cifra de la que debían pagarle al magistrado Gustavo Malo Fernández”.

Y, como no se pudo lograr un archivo, dijo el fiscal, se acordó la salida del magistrado auxiliar Reyes Rodríguez.

Alejandro Lyons

La Fiscalía señaló que en octubre de 2014 el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, se comunicó con el ex magistrado Camilo Tarquino, a través de Muriel Benito, “para obtener una ayuda de ese profesional del derecho para que las Altas Cortes y la Fiscalía tuviesen claro los hechos ocurridos en el tema de regalías”, para lo cual pagó 30 millones de pesos.

No obstante, según la Fiscalía, Tarquino aseguró que no eran gestiones a través de medios y que debía pagar 20 mil millones de pesos para solucionar “definitivamente sus problemas”. Allí, dijo el fiscal, Tarquino refirió que ya había un grupo de magistrados encargado de intervenir irregularmente en procesos judiciales.

Juan Carlos Abadía

La Fiscalía reveló en la diligencia un hecho que se desconocía hasta el momento, como que esta red también habría actuado para evitar la imputación de cargos al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, en investigación que llevaba el hasta ayer fiscal delegado Alfredo Bettin.

“Usted y Bettin acordaron orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a emitir. Y evitar hacer imputaciones”, dijo el fiscal Camacho. De acuerdo con la narración, Bettin informó que estaba obligado a hacer la imputación y Moreno entregó el poder como defensor a los abogados de Leonidas Bustos, porque había sido nombrado Fiscal Anticorrupción. No obstante, ante las presiones de la nueva Fiscalía, la imputación se hizo.

Julio Manzur

En diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado en el proceso por parapolítica, Julio Manzur (foto abajo) fue informado por Moreno de que iba a ser detenido, por lo cual ofreció sus servicios de abogado por dos mil millones de pesos, oferta que fue rechazada. Un mes después la oferta fue repetida, “dinero que sería destinado para la organización”.

Captura es legal

 La Juez no validó los argumentos del defensor suplente de Ricaurte, quien alegó que no se cumplía el objetivo de la orden de captura, que era para comparecencia en el proceso, porque cuando se supo que había una petición de detención, Ricaurte se presentó al búnker de la Fiscalía.

“De manera formal y material, esta detención del ciudadano se ajusta a los parámetros legales y constitucionales. Está precedida por una orden de captura y se materializaron los derechos y garantías fundamentales”, dijo.

De acuerdo con la Juez, ella no es quien para rebatir la orden que dio el juzgado segundo de garantías ante quien la Fiscalía pidió la detención.

Además, indicó que sí tiene competencia para llevar este caso porque fue la propia Corte Suprema de Justicia la que alegó que los hechos no se cometieron en razón a su fuero.

No obstante, la juez compulsó copias penales y disciplinarias para establecer por qué y cómo los medios se enteraron de la orden de captura, al estimar que es una situación que no puede dejarse pasar.

De acuerdo con la defensa de Ricaurte, la presencia de este en el búnker desde las 5 de la tarde de ayer, antes de que se emitiera formalmente la orden de detención, eliminó los motivos y la necesidad de la misma.

El abogado suplente de Ricaurte, Álvaro Parada, dijo que “en el momento en que se estaba impartiendo la orden los motivos fundados no existían, ni la urgencia, porque incluso la Fiscalía tenía conocimiento de que Ricaurte estaba en las instalaciones”.

Fonade

Sobre Fonade, el fiscal Camacho dijo que entre 2014 y 2015 el magistrado Gustavo Malo tenía en su equipo a Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo, fue nombrado en abril de 2015 en la gerencia de la entidad. “Nombramiento en el que intervinieron además de congresistas, el magistrado Francisco Ricaurte. Esta entidad es reconocida como el fortín político de Musa Besaile y Bernardo Elías”.

“Hay evidencia que permite inferir que, en algunos de los casos relacionados con la investigación criminal, Fonade fue utilizado para hacer favores, comercializar puestos, con la finalidad de lograr el propósito de la organización”, precisó el fiscal en la imputación.