El evento de lanzamiento se realizará desde las 8 de la mañana en el auditorio Mayor de la Música de la Universidad del Tolima.

Así mismo, mañana y el viernes de esta semana se entregará el informe a las comunidades campesinas de la vereda del Neme, en Valle de San Juan, y del corregimiento de Santa Teresa, en Líbano.

El informe estudió los impactos y daños que causó el Bloque Tolima sobre estas comunidades, como casos emblemáticos.

El informe también analiza el origen, la expansión y toma del territorio, las formas de actuación, los impactos y daños ocasionados y el proceso relativo de desarme, desmovilización y reintegración de la estructura paramilitar que operó en el departamento entre 1998 y 2005.

El análisis trasciende la última etapa de consolidación de este bloque a finales de los noventa, para revisar las condiciones y factores que favorecieron su surgimiento.

A partir de esto, es posible concluir que el Bloque Tolima de las AUC es una expresión paramilitar inscrita en el contínuum de ‘La Violencia’, con antecedentes de varias décadas en este departamento.

Entre 1998 y 2005, el Bloque Tolima de las AUC operó en este departamento y ocasionó, aproximadamente, 270 asesinatos colectivos, cerca de 20 masacres y la desaparición forzada de al menos 188 personas, entre otros delitos. Este grupo paramilitar se desmovilizó el 22 de octubre de 2005.

La Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló los relatos y las voces de los participantes de este capítulo de la violencia en el país, en el marco de la Ley 1424 de 2010 sobre el diseño e implementación de un Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica que permita aplicar los Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica con personas oficialmente reconocidas como desmovilizadas de agrupaciones paramilitares.

El mecanismo no judicial incluye la elaboración de informes de memoria referidos al conflicto, la violencia ocasionada y las víctimas causadas. Estos también contienen las contribuciones de las víctimas y de otras voces como organizaciones sociales, funcionarios públicos, periodistas y, en general, las personas e instituciones que conocieron sobre las situaciones y hechos tratados.