En entrevista con Colprensa, Carrillo Flórez explica cómo se hará este proceso que incluye la rotación de todos los procuradores regionales y provinciales para aumentar la vigilancia de los comicios y la intervención de cuatro mil funcionarios.

El Procurador además revela que, en su criterio, el Consejo Nacional Electoral debe reglamentar la utilización de las redes sociales en procesos electorales, sin afectar el derecho a la libre expresión.

- Este año se inicia la campaña electoral ¿Cómo actuará la Procuraduría al respecto?

Para la Procuraduría el proceso electoral en marcha significa un enorme reto en la lucha por la transparencia. El proceso electoral en marcha significa un desafío institucional en la lucha por la ética. Por eso hemos puesto el tema como eje central de nuestra actuación en 2018. A la Procuraduría le corresponde, entre otras funciones, la función preventiva y de control sobre el proceso electoral, y la intervención ante las autoridades electorales.

Esta entidad viene desarrollando una serie de tareas de acuerdo con las diferentes etapas previstas en el calendario electoral, tales como: la inmediata rotación de los procuradores regionales y provinciales del país para garantizar transparencia e imparcialidad en el proceso electoral; la vigilancia a la inscripción de cédulas; la verificación de inscripción de candidatos y de los antecedentes de los mismos y la exigencia para que se realice una supervisión eficaz sobre la implementación logística que le corresponde desarrollar a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Se ha requerido a los alcaldes municipales y distritales para que expidan los actos administrativos de regulación, características y zonificación para la publicidad exterior visual y se instó al Consejo Nacional Electoral para que ejerza vigilancia sobre las fuentes de financiación de las campañas de manera paralela a su desarrollo, mediante mecanismos de monitoreo contable, auditorias simultáneas y el ajuste del aplicativo “cuentas claras”, para el ejercicio del respectivo control ciudadano en tiempo real a la documentación del hecho económico.

Igualmente, se dispuso la creación de una Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, un comité distrital, 32 comités regionales y 50 comités provinciales, en los que se integran los personeros, garantizando la presencia del Ministerio Público en los 1102 municipios del país.

Además, se han expedido diferentes circulares e instructivos indicando las prohibiciones legales en la contratación estatal; en el manejo de la nómina estatal; y en el alcance en la recolección de firmas de los grupos significativos de ciudadanos, entre otros temas.

- ¿En qué consiste la campaña “voto limpio”?

Colombia vive un momento de inflexión en el que la guerra comienza a ser parte del pasado. Serán las primeras elecciones con las Farc desmovilizadas y una sociedad con mayor consciencia para castigar en las urnas a los corruptos. Hay que sacar del juego político a quienes han hecho de la trampa y la compra de votos una cultura política. La Procuraduría estará presente en todas las etapas del proceso electoral, para que mediante medidas de prevención, control y vigilancia se superen prácticas indebidas y de corrupción electoral.

La Procuraduría viene desarrollando una serie de acciones con las demás autoridades y con los gremios empresariales con el fin de evitar actos de corrupción en el proceso electoral, tales como la trashumancia electoral, el constreñimiento al elector, la financiación ilegal de las campañas, la participación política ilegal de los servidores públicos y la compra de votos.

El Ministerio Público, además, con sus acciones está garantizando el derecho al voto informado, de manera que el votante se encuentre libre de cualquier presión o de comercialización ilegal de su derecho de participación política.

- ¿Qué llamado está haciendo la Procuraduría a los candidatos al Congreso y a la Presidencia?

La Procuraduría hace un llamado a jugarle limpio a la democracia, revitalizando la cultura política con nuevos valores de transparencia, acatando el ordenamiento constitucional y legal; aplicando las disposiciones sobre financiación de campañas, publicidad y participación en política de los servidores públicos.

Hay que convertir estas elecciones en una oportunidad para fortalecer la democracia, con candidatos que respeten a sus competidores, tengan propuestas claras y se comprometan a cumplirlas y rendirles cuentas a sus electores. El gran reto es cerrarle la puerta al populismo y al autoritarismo, con un debate electoral que supere la política con ‘p minúscula’.

- Ya vimos con Odebrecht que la financiación de las campañas y los topes de las mismas es un asunto vital. ¿Qué puede hacer la Procuraduría en este campo?

Hay que romper el maridaje entre campañas electorales y contratistas, que es la práctica madre de la corrupción. Hay un hartazgo con la corrupción política. El país exige total transparencia en la financiación de las campañas, con sanciones como cárcel a quienes violen los topes, escondan información o metan plata por debajo de la mesa. Y pérdida de investidura y muerte política a los corruptos.

Debemos tener en cuenta que, por mandato constitucional y legal, la función de vigilancia sobre el manejo financiero de las campañas le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE). La Procuraduría será vigilante de que esta función se cumpla y acompañará al CNE en las tareas que emprenda para lograr ese objetivo.

- ¿Cómo se vigilará el cumplimiento de la Ley de Garantías a nivel nacional?

Vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la normatividad vigente. El país está hastiado de la corrupción y reclama sanciones ejemplares contra quienes abusan de sus cargos en el Estado para influir en favor de un partido o un candidato y mantenerse en el poder. Los servidores públicos están obligados a cumplir la ley y dar ejemplo.

La Procuraduría expidió la circular 018 de 2017, precisando las restricciones para cada uno de los eventos electorales, los destinatarios de estas y la época en que regirán las prohibiciones en materia de contratación, de plantas de personal y utilización de bienes del Estado e inicio de programas de interés social.

En la circular se dispuso que la vigilancia de su cumplimiento estaría a cargo de los comités de control de la Procuraduría General de la Nación, presididos por los procuradores regionales y provinciales y de los cuales hacen parte los personeros.

La Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales realizará las visitas a las administraciones de nivel central y descentralizado, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Garantías.

- Las redes sociales suelen convertirse en escenario de campaña política. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer allí?

Las redes sociales se han convertido en una enorme fuente de poder político e influjo de decisiones electorales. Las campañas se desarrollan con estrategias en las que los discursos de plaza pública fueron reemplazados por trinos. Hay muchos excesos y demasiada intolerancia. Pero en este campo no existe reglamentación sobre su uso en materia electoral. Sin embargo, debe recordarse, que los funcionarios públicos no pueden utilizar este tipo de redes sociales para difundir masivamente mensajes de apoyo a candidatos, en cuanto este tipo de conducta podría llegar a constituir falta disciplinaria por indebida participación en política.

Es necesario que el Consejo Nacional Electoral reglamente, de ntro de sus funciones, la utilización de las redes sociales en procesos electorales, sin que se limite el derecho a la libre expresión ni se desconozcan las demás garantías constitucionales.