En unos pocos segundos, el puente Chirajara, una importante obra de infraestructura que prometía ser el viaducto más largo de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, se convirtió en escenario de una tragedia que dejó nueve personas muertas y que tiene atentos a todos los organismos de control, que esperan los resultados de los análisis e investigaciones para determinar responsabilidades.

Tras el colapso del puente, todos los ojos se centraron en la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes) y los subcontratistas de la obra, entre los que están compañías como Gisaico S.A. e Icmo S.A.S. Desde hace 23 años (desde agosto de 1994), Coviandes está a cargo de la concesión y operación de la carretera entre el Llano y la capital del país, y desde 2010, de la construcción de la doble calzada en el sector El Tablón-Chirajara, una obra que se estimaba sería entregada a finales de este año.

El mismo ministro de Transporte, Germán Cardona, aseguró el día de la tragedia que toda la responsabilidad sobre el proyecto del puente de Chirajara es del concesionario Coviandes y agregó que el contratista es consciente de ello. “Ahora lo que viene es una etapa de investigación con el acompañamiento del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura”, dijo.

Precisamente, sobre los posibles responsables, uno de los primeros organismos en pronunciarse fue la Fiscalía. Un día después del desplome, la fiscal seccional del Meta, Isabel Cristina León, desde el lugar de los hechos aseguró que dicha falta “se convierte en un homicidio de carácter culposo, en virtud de la forma como ocurre el accidente”.

Para el penalista Francisco Bernate, aún no es clara la pena que deben pagar los responsables por este delito, al que además sumó el de lesiones personales por la cantidad de personas que quedaron heridas en el lugar.

“Si fueran condenados por el delito de homicidio culposo, aquí estamos hablando de una pluralidad de víctimas, también se tendría que investigar el delito de lesiones en cuanto a los que resultaron heridos, entonces eso nos dificulta mucho determinar cuál podría ser la sanción, pero la pena establecida por el delito de homicidio culposo en Colombia va de 32 a 108 meses de prisión, monto que tendría que agregarse por la pluralidad de muertos y también los heridos”, dijo el penalista.

Bernate afirmó que por la cantidad de víctimas se duplica el número de meses de prisión que implican este tipo de situaciones, es decir, que de los 108 meses pasarían a 216, lo que significa un máximo de 18 años en prisión por estos hechos. Sin embargo, la pena puede cambiar por los diferentes agravantes.

Por su parte, el abogado penalista Jaime Lombana coincidió con los delitos de homicidio y lesiones personales, pero sumó a esta lista uno más.

“Habría un tema de peculado por apropiación, porque si un contratista se obliga a realizar una obra bajo unas condiciones específicas y termina comprando unos materiales de tercera o si permite que un subcontratista compre materiales de tercera, pues evidentemente debería responder por eso”, dijo Lombana.

Aunque el abogado no se aventuró a entregar años de prisión por estos delitos, afirmó que sería el peculado por apropiación el que dictaría la cantidad de tiempo que deben pasar en prisión las personas halladas como responsables. “Paradójicamente, por encima del homicidio está el peculado, que no es culposo sino doloso, por ahorrar dineros en la construcción del puente. En mi sentir debería partir del peculado”.

Pero además del ente acusador, la Procuraduría General de la Nación también se pronunció el pasado jueves y señaló que iniciará indagaciones disciplinarias preliminares para determinar responsabilidades sobre este lamentable suceso.

Para el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, la responsabilidad en este caso tendría que caer sobre los funcionarios públicos que estuvieron al tanto de la obra.

En ese sentido, advirtió que en dicha situación “se le da el tratamiento de acuerdo con la gravedad de la falta, por ejemplo, por omisión en el control de materiales, por omisión en el control de la construcción y todo lo que implican las etapas de cimentación de un puente”.

Bernal Cuéllar aseguró que la Procuraduría debe revisar si hubo problemas en la adjudicación de los contratos. De ser así, las faltas son graves, gravísimas, y las sanciones pueden ser la destitución, la inhabilidad o la suspensión de un funcionario.

“Yo creo que con los elementos de juicio que hoy se tienen seguramente están empezando a tratar de determinar el grado de participación, la conducta de los funcionarios públicos, y allí se irá desarrollando la selección de la falta y la sanción correspondiente si existen pruebas”, dijo Bernal Cuéllar.

Desde otra orilla, el exmagistrado Gustavo Gómez aseguró que la responsabilidad disciplinaria podría caer sobre el interventor de la obra. “Desde el punto de vista disciplinario, la mayor convocatoria es a los interventores que reemplazan a la administración en la vigilancia de la ejecución de la obra (…) es decir que el centro principal de la imputación disciplinaria sería para el interventor. El interventor pasaría a ser funcionario, porque ejerce el control del trabajo, todo el tiempo. El mayor llamado que se hace para que se responsabilice es sobre él”.

Por su parte, la Contraloría General de la República, además de lamentar los hechos, anunció que se realizarán las actuaciones correspondientes en el marco de su competencia y de esta manera determinar si en el hecho se vulneraron los recursos públicos.

Aunque el Gobierno Nacional tiene un consolidado de al menos 75.000 millones de pesos invertidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el puente que se desplomó, aún la Contraloría General de la República no tiene vía libre para indagar sobre los recursos públicos allí entregados.

El ente de control hace supervisión sobre las construcciones que son totalmente del Estado colombiano, pero como el puente construido en la vía Bogotá-Villavicencio era hecho por una concesión privada, el ente no tiene mayor injerencia en el mismo.

Sin embargo, la entidad explicó que una vez terminen las etapas de investigación y ellos deban proceder en el marco de su competencia, lo harán con el fin de salvaguardar los recursos públicos.

En medio de estos anuncios, Corficolombiana, filial del Grupo Aval, aseguró este miércoles que “las pólizas de seguro contratadas por Gisaico S.A., subcontratista encargado de la construcción del puente, serían suficientes para cubrir la totalidad de los costos asociados a este siniestro”.

La compañía informó que “además de darle prioridad a la atención a las familias de las víctimas, se encuentra evaluando todas las implicaciones financieras que dicho hecho pudiera tener sobre Coninvial S.A.S. (Consorcio Constructor encargado de la vía), Coviandes S.A. (Concesionaria adjudicataria de la vía) y Corficolombiana S.A., accionista en un 60 % directo e indirecto de ambas compañías”.

Por ahora, una comisión especializada de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación para esclarecer los hechos, trabaja en la recolección de todo el material posible que permita dar respuesta a las muchas preguntas que deja el colapso de esta estructura, uno de los peores lunares para las obras de infraestructura que se adelantan en el país.

Responsabilidad política

Desde varios sectores le han reclamado al exvicepresidente Germán Vargas Lleras por su papel en esta obra toda vez que él, hasta su renuncia al Gobierno, estuvo a cargo de la infraestructura contratada por el Estado.

En ese sentido, Vargas Lleras pasó a reprochar que haya dentro de la clase política quienes le reclamen por la caída del puente.

“Sí resulta muy lamentable que dirigentes sin ningún escrúpulo quieran aprovechar esta tragedia con fines políticos”, insistió.

En el mismo sentido, Vargas Lleras señaló que quienes quieren asignarle responsabilidades por la caída del Puente Chirajara han olvidado que la obra fue contratada el 22 de enero de 2010, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“La obra fue contratada 4 años antes de que yo asumiera responsabilidades en el sector de la infraestructura”, insistió.

Vargas Lleras dijo igualmente que el resultado de las investigaciones pronto esclarecerán las causas que originaron esta tragedia. 

“La modalidad en que la obra fue contratada garantiza que tanto el concesionario como las compañías de seguros respondan por la culminación de la obra y los perjuicios que se han causado”, agregó.