Colprensa dialogó con Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras, un joven de 26 años en situación de discapacidad quien desapareció el 8 de enero de 2008. Fair Leonardo fue asesinado cuatro días después por integrantes del Ejército Nacional en Ocaña, Norte de Santander.

Bernal da cuenta de la lucha que ha tenido que enfrentar durante estos diez años y señala directamente a los Altos Mandos del Ejército de tener responsabilidad en esta práctica, declarada de lesa humanidad por la justicia colombiana; y habla de su postulación al Congreso de la República.

Bernal fue postulada al premio Nobel de Paz que finalmente ganó el presidente Juan Manuel Santos y ha recibido varios reconocimientos por su labor en derechos humanos a nivel local e internacional.

- ¿Qué pasaba hace 10 años?

En el 2008 en Soacha nuestros hijos empezaron a ser desaparecidos y llevados a más de 20 horas de sus casas con el propósito de engañarlos y ofrecerles unos trabajos bien remunerados. Ocho meses después nos dimos cuenta que los chicos fueron llevados con engaños para asesinarlos y hacerlos pasar como bajas legales en combate, para presentar los grandes resultados que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el Ministerio de la Defensa de ese entonces, Juan Manuel Santos. Y es que los resultados se exigían por la directiva ministerial 029 de 2005, que es la que gana espacio para invitar a los militares y les ofrecían prebendas y remuneración económica por resultados. Soacha es un caso emblemático que descubre toda una política sistemática, con el mismo modus operandi, en todo el país.

- Su hijo era un joven con discapacidad…

Dentro de estos ‘falsos positivos’, que son más de 6.000 en todo el país, vemos que una mayoría de chicos eran de educación especial, no solo mi hijo. Y esto no se habla ampliamente, eran las personas más vulnerables, más fáciles de engañar y hacerlos pasar como un jefe o integrante de la insurgencia. El caso Soacha ha sido caracterizado como ‘La punta del iceberg’ de una política sistemática y que está en la mira a nivel mundial por las graves violaciones a los derechos humanos que ha venido cometiendo el Ejército Nacional, con personas honestas. Es el momento de recordar que hace diez años Colombia sufrió una pérdida de jóvenes inocentes, que no eran militantes (…) para el Ejército fue fácil llevárselos, asesinarlos y recibir dinero.

- ¿Qué pasó judicialmente en el caso de Fair?

Cuando se destapó el caso a nivel nacional por las Madres de Soacha, vemos que los militares que están siendo condenados por estos procesos son de rango bajo y uno que otro de rango medio. No nos han permitido que aquellos 24 generales implicados en estos casos hayan sido judicializados. Y los que han sido condenados ya están pidiendo entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz y que les den su libertad inmediata. En el caso de mi hijo se peleó. En primera instancia se condenó a un mayor, un teniente, a un cabo segundo y a seis soldados profesionales. Apelamos porque la juez los absolvió del concierto para delinquir y, en segunda instancia, condenaron a los militares a 54 años y reconocieron el crimen como de lesa humanidad. Es el primer caso de ‘falso positivo’ reconocido de esta manera.

- Los jóvenes empezaron a desaparecer entre enero y marzo, otros en agosto, y el escándalo se conoció después. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda?

Mi hijo desapareció el 8 de enero de 2008 y fue asesinado el día 12. La búsqueda de mi hijo fue algo muy duro. Fueron ocho meses. En el caso Soacha ningún servidor público nos quiso ayudar, se negaron a recibir las denuncias incluso. Mis tres hijas me ayudaron. Fuimos a clínicas, hospitales, albergues y al Inpec pensando que lo hubieran detenido. Él no sabía leer ni escribir, no identificaba el valor del dinero y él tenía una discapacidad en su pierna derecha. Tenía 26 años pero una mentalidad de 8 años. En el Inpec me dijeron que no aparecía en ningún listado. Cómo el tiempo pasaba y Leonardo no aparecía, decidimos empezar a buscarlo dentro de los habitantes de calle, pensando que de pronto se desubicó, que había perdido la memoria, que había tenido un accidente.

Son miles de cosas que una madre piensa. Fueron ochos meses sin tranquilidad. Yo durmiendo en una cama limpia y sin saber mi hijo en qué condiciones estaba durmiendo. Yo comiéndome un plato de comida y pensando si tenía hambre. Son momentos difíciles.

Hasta el 16 de septiembre de 2008 pude identificar a mi hijo en Medicina Legal en unas fotos. (Se le quiebra la voz) Me mostraron lo que quedó de su rostro, porque recibió 13 impactos de bala y dos destruyeron la cara en su parte izquierda. Para mí fue terrible mirar esa foto y en la Fiscalía no nos ayudaron.

- ¿Y ahí qué hicieron?

El 23 de septiembre conozco a tres madres más en Medicina Legal, que hace un puente con la Fiscalía de Ocaña. Yo llegué el 24 a Ocaña. Allá me preguntan que por quien iba, yo les digo que por Fair Leonardo Porras y ellos me dicen: ‘ah, usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista’. Para mí fue muy duro que esa gente hubiera dicho eso de una persona que no conocieron. Me dijeron que en el momento del levantamiento mi hijo tenía un arma nueve milímetros y eso era absurdo.

Para mí fue muy doloroso ver que esos ‘Héroes de la Patria’ que se hacen llamar estén exterminando a las personas con necesidades. ¿Acaso es pecado ser pobre? Yo creo que no. Ahí me entero que el Ejército asesinó a mi hijo por un beneficio y que al reclutador le pagaron 200.000 pesos. Es degradante la forma en que el Ejército Nacional de Colombia se llenó los bolsillos con la sangre de nuestros hijos.

(Llora) Nos dejaron sin recibir ese ‘Te Quiero’ diario de un hijo. Mi hijo me daba una rosa roja todos los días y eso, ¿quién me lo paga? Ir a un cementerio a hablarle a una fosa, sin recibir respuesta. Y la otra es que me entregaron unos restos incompletos. El daño que nos causan a nosotros es muy grande. Nos dejan con la vida destruida. Ya no hay sueños ni proyectos en una familia. La familia está totalmente desintegrada por las amenazas, tuve que sacarlos de la casa. No les importa causar daño. Creo que por los diez años que se están cumpliendo en 2018, es importante seguir señalando que nosotros tenemos el coraje suficiente para seguir denunciando y exigiendo la verdad.

- ¿Por qué ustedes dicen que estos casos no deben ir a la JEP?

Los ‘falsos positivos’ no sucedieron dentro del conflicto armado colombiano ni por el servicio de los militares. Fueron personas llevadas de su sitio de vivienda y asesinados para el beneficio de enriquecimiento de los militares, porque a ellos les pagan cuantiosas cantidades de dinero. Creemos que no deben recibir los beneficios de la JEP.

El Acto Legislativo de la JEP excluye crímenes que se hayan cometido con el afán de enriquecerse pero, ya la Corte Suprema de Justicia y jueces han dicho que sí habría relación con el conflicto.

- ¿Cuáles serían las implicaciones de que estos casos vayan a la JEP?

Yo creo que más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales realizadas a lo largo y ancho del país se van a quedar en la total impunidad. Nosotros queremos saber la verdad de lo que pasó, pero creemos que eso será imposible porque si en los juicios que se han hecho no han hablado, mucho menos ahora que tienen posibilidad de entrar a la JEP y decir lo que quieran sin nombrar a los altos mandos. Ahora, los altos mandos tampoco van a decir que tenían una cabeza principal que los ordenaba, ni van a nombrar que es una política sistemática y que la responsabilidad total es de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos. Yo creo que ningún militar se acuesta a dormir y se levanta al día siguiente a matar a unos cuantos, no. Eso es una orden y creemos que no deben recibir los beneficios de la JEP. Que digan la verdad.

- La Comisión de la Verdad tiene un carácter extrajudicial y lo que allí se diga no derivará en responsabilidad penal. ¿Cree que podría cumplir con su cometido?

Bueno. Yo quisiera decir que sí. Pero al enfrentarse uno contra un Estado, contra un Gobierno como los que ha habido en Colombia y contra las Cúpulas Militares, es muy difícil poder nosotras decir: ‘hay una luz al final del camino’. No quisiera darle falsas esperanzas a mi gente, a mi familia. Las víctimas en este país somos una cifra. Yo diría que ‘de eso no dan tanto’. No quiero ser una persona que le dé falsas esperanzas a un país, lo que tenemos que hacer es seguir con la lucha, no dejar morir la memoria y ser parte de esa memoria que el país quiere ocultar y que no trascienda a otros países.

Creo que señalar directamente a los responsables de los hechos ocurridos es parte de lo que tienen que pagar.

- Como una sanción social…

Sí. Pero nos falta un poco más de fortaleza y de no tener miedo. Yo no tengo miedo de lo que pasa y por eso en mis intervenciones digo con la frente en alto quiénes fueron los responsables de la muerte de mi hijo y por eso hablo de las cúpulas militares. Dentro de estos está el general (Mario) Montoya, implicado en el proceso de mi hijo. Si algún día retoman las amenazas, seguiría señalando internacionalmente que es el Estado, el Gobierno y las cúpulas militares. Yo no elegí ser víctima ni elegí mi victimario y seguiré en pie de lucha. Es como ser la voz de víctimas que viven en regiones, que tienen ese dolor y que se mueren de pena moral por no saber lo que realmente pasó con sus familiares.

- ¿Por eso se lanza al Senado de la República en la ‘lista de la decencia’?

Cuando me lo propusieron lo miraba como si el país, poco a poco, me fuera reduciendo y veía que era imposible. Pero pensándolo en la casa con sangre fría, creo que es la oportunidad de que la voz de las víctimas se empiece a escuchar en el Congreso. Hemos ido al Congreso para exigir nuestros derechos y los congresistas se salen y la sala queda desocupada, ¿por qué no entonces las víctimas no llevamos las propuestas para que haya un cambio? Las nuevas generaciones no son merecedoras de vivir otros 50 años de guerra interna. Es empezar a forjar un cambio de país y ver si podemos recuperar algo de esos acuerdos de La Habana que tenían beneficios para las víctimas.