La desmovilización de las Farc trajo consigo una nueva amenaza para el país. Se trata de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), de los que hacen parte los miembros de las antiguas estructuras de la exguerrilla que se apartaron del proceso de paz y continuaron delinquiendo.

Así los define la Directiva 37 de 2017 del Ministerio de Defensa, la cual indica que es prioritario perseguirlos porque amenazan “el orden constitucional, la vigencia del régimen democrático, la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”, a través de “métodos y medios ilícitos de guerra”.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, señaló en los últimos días que hasta la fecha se tiene un registro de cerca de 1200 disidentes, grupos que inicialmente empezaron con 500 personas que no se acogieron al proceso de paz.

“Hoy en día son 1200 dedicados al narcotráfico y economías criminales; dependiendo de la región hacen alianzas con otros grupos armados”, dijo el oficial.

Estas cifras fueron corroboradas por Ariel Ávila, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quien manifestó que las cifras preliminares que tiene la organización dan cuenta que son aproximadamente 800 exguerrilleros que han reincidido, y que vienen creciendo con el reclutamiento de gente nueva, principalmente en la costa pacífica nariñense y el departamento del Guaviare.

Según explicó Ávila a Caracol Radio, de los 242 municipios donde operaban las Farc, hay presencia de disidencias de este grupo guerrillero en 48 municipios. “A finales del año pasado teníamos 42 municipios, lo que quiere decir que este año se incrementó en seis, especialmente en el departamento del Cauca”, dijo el experto.

Las mayores preocupaciones están en el sur del Meta y Guaviare; en la costa pacífica nariñense, donde hay dos grupos: las Guerrillas Unidas del Pacífico y el frente Oliver Sinisterra; y en el departamento del Cauca, donde por ahora son relativamente débiles, pero siguen generando incertidumbre, según expresó el analista.

Los datos recolectados por la Fundación Paz y Reconciliación dan cuenta que los principales focos de reclutamiento se están dando en la zona rural del Guaviare, donde son jóvenes entre los 15 y 17 años; y en las zonas urbanas de Tumaco, con muchachos entre los 18 y 20 años, que pertenecían a grupos juveniles violentos y pandillas que se han ido vinculando a estas estructuras.

Aunque el gobierno sabía que se conformarían grupos disidentes tras el acuerdo de paz, no esperaban que el número de militantes ascendiera tan rápidamente, por lo que hoy se genera una gran preocupación en el Comando General de las Fuerzas Militares.

Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, está claro que no todos los miembros que hoy militan en las disidencias hacen parte de los desmovilizados del grupo guerrillero, por lo que no descarta un aumento en las filas de dicho grupo al margen de la ley.

“Los primeros datos que se tienen es que hay una reincoporación, es decir, gente que estuvo en las zonas de concentración y nuevamente regresaron y están conformando esas residencias. Y hay un porcentaje nuevo que es, como un 20 %, que se conoce como nuevos militantes”.

El analista señaló que esto significa que de los 1200 militantes de las disidencias el 80 % obedece a antiguos miembros de las Farc y el 20 % restante corresponde a nuevos integrantes que, no precisamente son reclutados de otras bandas criminales.

“La tendencia es que van a crecer muy rápido porque hay dos variables: la primera es que vienen y conocen de la economía criminal, y lo segundo es el tema de la pobreza, donde las disidencias se podrían aprovechar de ello. No hay presencia del Estado, esas disidencias con ese caldo de cultivo de pobreza pueden crecer más rápido”, dijo el analista.

Entre estos grupos, el principal objetivo de las autoridades es el GAO residual Oriental, comandado por Miguel Santillana Botache, alias ‘Gentil Duarte’; Gener García Molina, alias ‘John 40’; y Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, que delinque en Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada.

Le sigue el GAO residual Occidental y el GAO residual Sur, con injerencia en Nariño y la frontera de Cauca con Caquetá. De esos, los cabecillas son Wálter Arizala Bernaza, ‘Guacho’; y Jairo Ortiz Calderón, alias ‘Jairo 1’.

Estas estructuras conservaron antiguos integrantes de los frentes 1, 7, 15, 29, 40 y Acasio Medina, y las columnas Daniel Aldana, Miller Perdomo y Jacobo Arenas, según la Directiva del Ministerio de Defensa.

La nueva finalidad de las disidencias

 Aunque los actos terroristas no han cesado en un 100 % en el territorio nacional, sí culminaron por parte de las Farc debido al acuerdo de paz que se celebró en La Habana, Cuba. Para el analista, estos hechos no se seguirán registrando, al menos, por parte de las disidencias ya que ahora estos tienen otro objetivo.

“El movimiento político por el que se movían las antiguas Farc ya culminó. Ahora estos disidentes están pendientes de cultivar el negocio ilegal, por eso están pendientes de los corredores y las rutas de la droga, cuidan las cocinas o laboratorios, cobran impuestos y sostienen lazos con bandas criminales para el traslado de la coca que sale por Venezuela o por el departamento de Cauca”, señaló.

Sometimiento

Este aumento desmedido de las disidencias de las Farc y la falta de intención de sometimiento a la justicia por parte de las mismas, llevó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a apoyar la noción del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sobre no fomentar beneficios a los subversivos que no quisieron acogerse a los lineamientos impuestos en el acuerdo de paz.

Por medio de su cuenta de Twitter, el primer mandatario confirmó que la Fuerza Pública seguirá atacando con contundencia a los militantes de este Grupo Armado Organizado Residual (GAOR), que se está convirtiendo en otra amenaza para la seguridad y la economía del territorio nacional.

Estos señalamientos los realizaron una vez el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó este martes en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de los grupos armados que se resisten a desaparecer del territorio colombiano.

Conocidos los señalamientos del alto Gobierno, a la Fuerza Pública no le resta más que perseguir a los 1200 militantes que hoy hacen parte de dicho grupo residual que, no dará espera y seguirá aumentando su pie de fuerza humano con el fin de cumplir su cometido que no es más que, el de enriquecerse por medio del narcotráfico.