Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se refirió en diálogo con Colprensa a los avances que ha tenido el país en materia de pobreza, las inversiones en materia de regalías y la necesidad de una reforma pensional.

- ¿En qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentados esta semana?

En 2012 el país propuso en la conferencia Río esta idea, en donde se plantearon unos objetivos que no solamente estuvieran enfocados en los países en desarrollo, sino también en países desarrollados, con tres pilares esenciales en temas económicos, sociales y ambientales. Lo que hicimos fue un documento Conpes que trae dos innovaciones que nos ponen en la vanguardia a nivel mundial y es el tema de poder cuantificar y elegir cuáles son las grandes metas de política pública del país en esos 16 objetivos.

El primer objetivo tiene que ver con la pobreza y escogimos el indicador de pobreza multidimensional, que básicamente es una medida estructural que hoy en día está en 17 %, y la idea es que al 2030 disminuya al 8,4 %. El segundo tema importante es que territorializamos las metas, porque no es solamente tenerlas a nivel nacional sino también a nivel regional, con un enfoque de cierre de brechas que permita aumentar el bienestar, especialmente, en las zonas donde tenemos retos económicos.

- ¿De dónde van a salir los recursos para cumplirlos?

No son una agenda únicamente del Gobierno Nacional sino de país, que involucra a las entidades territoriales y a toda la sociedad civil. Desde el DNP hicimos un costeo de los temas que tienen que ver directamente con el presupuesto de la Nación como la cobertura a la educación, temas de acueducto y alcantarillado, energía y vivienda, que sumaban cerca de 100 billones de pesos por los próximos trece años. Estos recursos están en el marco fiscal de mediano plazo y no son inversiones adicionales, sino es una forma en la que se van a priorizar en las regiones en donde hay brechas por cerrar. En la medida que son grandes propósitos de política pública, son objetivos con los cuales ningún gobierno hacia adelante va a estar en contra, y por eso consideramos que van a tener una continuidad.

- ¿Qué regiones tienen los mayores retos frente a estos objetivos?

La mayoría de los temas socioeconómicos indudablemente están en la región Pacífica y Caribe, porque son las que presentan las mayores brechas para reducir la pobreza, aumentar las coberturas de salud, reducir la mortalidad materna y también en algunos casos la región centro-sur, especialmente en departamentos como Amazonas, Guainía y Guaviare, en donde también tenemos retos. Por eso la importancia de este documento es que hace una claridad y evidencia de forma precisa cuáles son las brechas que presentan estas regiones y cómo se deben cerrar.

- ¿Cómo ha avanzado el Gobierno Nacional en el cumplimiento de estas metas?

Creo que los avances son muy importantes en varias dimensiones, por ejemplo uno de los objetivos habla del trabajo decente y en eso hemos tenido logros, recordemos que la tasa de formalidad laboral por primera vez superó la de informalidad hace apenas dos años.

También hemos tenido avances en temas ambientales, en donde Colombia ha asumido un liderazgo muy importante. Se han delimitado 31 de los 37 páramos y tenemos casi 30 millones de hectáreas protegidas, además hemos implementado herramientas de política pública como el impuesto al carbono, a las bolsas plásticas y los avances en equidad de género, en donde teníamos alrededor de 34 % de las mujeres en cargos directivos en el Estado y hoy estamos en 44 % y la meta es llegar al 50 %.

- ¿Qué expectativas puede tener el país frente a estos objetivos?

En la medida en que se puedan cumplir estos objetivos y que sea un propósito de política pública de los próximos tres gobiernos, Colombia va a tener una economía más pujante, competitiva e inclusiva, y por eso uno de los objetivos tiene que ver con la reducción de la desigualdad, pero lo más importante es lo que tiene que ver con el crecimiento incluyente, que permita aumentar los ingresos de las personas más vulnerables y eso, indudablemente, es lo que llamamos un crecimiento sostenible.

- ¿Qué conclusiones podemos sacar de las cifras de pobreza reveladas por el DANE?

Primero tenemos que destacar el cambio frente al 2016, en donde tuvimos reducciones muy importantes en las tres dimensiones. Primero en lo que tiene que ver con la pobreza monetaria, que se redujo en 1,1 % y terminó en una tasa de 26,9 % para el 2017. La pobreza extrema también se redujo y terminó en 7,4 % y finalmente la pobreza multinacional presentó una disminución del 17 %.

Por eso las noticias son muy positivas, porque en 2016 la pobreza había aumentado, en parte, por este choque inflacionario que tuvo la economía colombiana, y por eso había una inquietud sobre si la senda de reducción que traíamos a lo largo de la década iba a continuar y precisamente avanzamos en tres aspectos esenciales como el crecimiento económico sostenido, hemos desacelerado el crecimiento pero sigue creciendo la economía y esto ha generado empleo e ingresos para los colombianos. En segundo lugar, el control de la inflación fue fundamental y en el año 2017 cerramos con 4,09 %, ligeramente por encima del rango meta del Banco de la República.

En tercer lugar, todo lo que hemos venido haciendo para mejorar la focalización del gasto público social, como la depuración del sistema del Sisbén, en donde hemos sacado más de medio millón de personas, y los programas como Ser Pilo Paga, que garantizan el acceso de las personas más vulnerables a la educación superior.

- ¿Cuántas personas han salido de la condición de pobreza durante este gobierno?

La tasa de pobreza en 2009 estaba en niveles de 40 %, en donde cuatro de cada diez colombianos eran pobres en ese momento y hoy estamos en 26,9 %, y hemos sacado en este periodo 4,7 millones de personas de la pobreza monetaria.

En cuanto a la pobreza extrema, la teníamos en 14,4 % en 2009 y se redujo a 7,4 % el año pasado, lo que quiere decir que hemos sacado a 2,8 millones de personas de esta condición. Hoy el país tiene 3,5 millones de pobres extremos, ya que teníamos 6 millones de personas en esta condición en 2009.

En el Índice de Pobreza Multidimensional, que es más estructural, pasamos de 30,4 % en 2010 a 17 % el año pasado, en donde salieron 5,4 millones de personas de esta situación. Con excepción de 2016, que fue el único año en donde la pobreza monetaria subió, todos los años a lo largo de esta década se ha reducido consecuentemente.

- ¿Cómo está el país en materia de desigualdad?

La cifra se redujo de 0,517 a 0,508 puntos en 2017 y todos los años este indicador ha venido cayendo de manera sostenida. Si bien Colombia sigue siendo un país muy desigual, de las siete economías más grandes de América Latina ha sido una de las naciones que más rápido ha reducido esa tasa.

Tenemos que reconocer que esta cifra sigue siendo alta para los estándares internacionales, usualmente el coeficiente Gini en países más equitativos está por debajo de 0,45 o 0,40 puntos, pero podemos destacar es la reducción tan sostenida que nunca se había dado desde que tenemos cifras.

- ¿Con estas cifras podríamos pensar que la clase media ha aumentado?

Completamente. Hemos visto que 2014 fue el primer año en que la clase media superó al número de pobres y esa brecha se ha venido ampliando, es decir que sigue aumentando y hoy estamos en unos niveles del 30 %, así que hemos logrado darle la vuelta a las tendencias y consolidar una clase media importante, porque en la medida en que logremos sacar a la gente de la pobreza, esta clase media va ser un motor fundamental del crecimiento económico a futuro.

- ¿Cómo se ha visto reflejada la reducción de la pobreza en la ciudadanía?

Durante cinco años consecutivos la tasa de desempleo ha estado en un dígito y esto es muy importante, en más oportunidades de empleo, una mejor remuneración y más trabajo para todos. También hay que destacar el componente del empleo formal, en donde el 52 % del empleo en las ciudades es formal.

El segundo aspecto está relacionado con los ingresos. Cuando miramos lo que ha pasado en esta década, vemos que los más pobres y los más vulnerables han aumentado sus ingresos en los últimos siete años en comparación con el resto de la población, esto se traduce en reducciones en la desigualdad, que es lo que nos están reflejando las cifras.

- ¿Y en materia subsidios?

Hemos hecho un balance de los subsidios y tenemos alrededor de 72 billones de pesos al año (9 % del PIB), en lo que tiene que ver con la provisión de bienes públicos, educación, salud, pensiones, primera infancia, familias en acción y todas las atenciones a la pobreza, en donde hemos encontrado oportunidades para mejorar la focalización.

Realizamos la depuración de casi medio millón de personas del Sisbén, el tema de garantizar el acceso a la educación superior a través del programas como Ser Pilo Paga, y triplicamos la cobertura de los adultos mayores más vulnerables en un programa que se llama Colombia Mayor, el cual entrega un subsidio mensual de 70.000 pesos a estas personas, en donde pasamos de 400.000 a 1,5 millones de beneficiarios.

- Pero la Contraloría hizo un llamado sobre la focalización de estos....

Si, esa información sale a partir de un estudio realizado por Departamento de Planeación Nacional, pero creo que no hay que satanizar los subsidios, tenemos cosas muy bien focalizadas como el régimen subsidiado de salud, el programa de atención a la primera infancia, entre otros, y lo que si podemos esperar es que este inventario nos permite poner el foco en los subsidios que tenemos que mejorar desde el punto de vista de las personas que verdaderamente lo necesitan.

Preguntas y respuestas

- Y frente a las regalías, ¿cómo ha avanzado el país en el manejo de estos recursos?

Tenemos que destacar lo que hicimos con el plan de choque para poder aprobar recursos importantes de las regalías en el año 2017, en donde terminamos con unas aprobaciones por 7,3 billones de pesos, que es la aprobación más alta desde que existe el nuevo sistema de regalías que se creó en el 2012. Así que hemos hecho una tarea muy importante que logró que más de la mitad de los recursos se destinaran en vías terciarias, que es fundamental para mejorar la conectividad con las áreas rurales.

Y el énfasis antes de terminar este Gobierno es continuar con las aprobaciones, pero principalmente garantizar que lo que se viene ejecutando se esté dando de una forma eficiente y generar las alertas cuando sea necesario en los proyectos críticos y hacer el seguimiento para que estas obras puedan llegar a un muy buen término.

- ¿Cuántos proyectos han sido aprobados por concepto de regalías?

Tenemos más de 10.000 proyectos de regalías aprobados desde que se creó el nuevo sistema, en donde se han destinado más de 30 billones de pesos, que es un número muy importante de obras. Sin embargo tenemos 382 proyectos críticos, que no es una cifra sustancial frente a la gran cantidad de obras que se están desarrollando, principalmente en las regiones más alejadas y afectadas por el conflicto.

- En los últimos meses se ha planteado la necesidad de una reforma pensional. ¿Cuáles son esos problemas que tiene el sistema?

Este es un tema muy importante y es uno de los grandes pendientes que deja este Gobierno, pero ya se ha empezado a trabajar especialmente en la comisión de gasto público, para definir lo que podría ser una reforma pensional. Lo que creo es que se debe trabajar en una reforma que permita eliminar las asimetrías que existen hoy en día entre el régimen privado y público, que está generando una serie de traslados en donde las personas están aprovechando estas oportunidades para beneficio propio. También se debe mejorar la cobertura, porque es inferior al 25 % del total de adultos mayores que sean elegibles para pensión, y por eso estamos haciendo lo del programa Colombia Mayor.

- ¿Cómo esta afectando la Ley de garantías a los procesos de contratación de las entidades?

Ha habido una discusión al interior del Gobierno, sobre la relevancia de tener una ley de garantías, porque ya se eliminó la reelección y aquí surge la inquietud sobre la pertinencia de mantener una ley que puede generar problemas desde el punto de vista de la firma de convenios, de proyectos de obras de infraestructura a nivel territorial. Sin embargo, no se consideró conveniente eliminarla tan encima de estas elecciones y se deja esta decisión al nuevo gobierno para evaluar su conveniencia.