La decisión del Gobierno Nacional de trasladar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como ‘Jesús Santrich’, a una sede de la Conferencia Episcopal levantó ampolla entre la opinión pública, sobre todo en sectores políticos.

Santrich fue capturado el pasado 9 de abril en el marco de una solicitud de extradición efectuada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde se le adelanta una investigación por participar de una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Desde entonces, el miembro del Consejo Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) entró en huelga de hambre como protesta por lo que considera un proceso judicial fraudulento.

Posteriormente, el 17 de abril, la Fiscalía dejó a Hernández Solarte a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), el cual decidió recluirlo en una celda del pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá. Como prevención en caso de alguna emergencia por el deterioro de su estado de salud debido a que no ingería alimentos, el 26 de abril se decidió trasladarlo a una habitación del Hospital El Tunal.

Allí permaneció hasta el pasado jueves en la noche cuando se desplegó un operativo especial para trasladarlo a la sede de la Fundación Caminos de Libertad de la Conferencia Episcopal, ubicada en el centro de Bogotá, una decisión que desde entonces ha generado voces a favor y en contra.

¿Cómo se logró el traslado?

Álvaro Leyva Durán y el senador Iván Cepeda, miembro de la Comisión de Paz del Congreso de la República, adelantaron acercamientos ante el Gobierno Nacional para establecer condiciones que facilitaran el tratamiento humanitario de Santrich.

“El traslado fue fruto de una gestión humanitaria que emprendimos con el doctor Álvaro Leyva, ante la certeza que de continuar esta huelga de hambre, que ya completa más de un mes, llevaría al señor Santrich a un estado de salud muy grave y podía producirse un desenlace fatal, lo que desde el punto de vista humanitario y en el conjunto de la estabilidad del proceso de paz sería un golpe muy fuerte”, le explicó a Colprensa Iván Cepeda.

Dichos acercamientos fueron apoyados por la oficina del Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las embajadas de Noruega y Cuba, así como las comisiones de paz de Senado y Cámara.

Carlos Medina, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, manifestó que se tomó la decisión como parte de las medidas de disuasión para lograr que Santrich abandone la huelga de hambre y mejore su estado de salud.

“Si él decide continuar con su huelga de hambre y dejarse morir, no podemos hacer absolutamente nada en contra de su decisión, así que en la medida de lo posible le garantizaremos unas condiciones buenas para que recapacite. Es una encrucijada para nosotros y tratamos de darle un manejo adecuado”, expresó el viceministro.

Medina explicó que la ley estipula que las personas investigadas o condenadas por alguna conducta delictiva pueden ser recluidas en prisiones o lugares especiales de reclusión como lo son la casa por cárcel, hospitales (en caso de una grave condición de salud), fincas, etc, con la salvedad de que reúnan condiciones especiales de seguridad que garanticen el pago de la pena o de privación de la libertad preventiva.

Por esta razón, se instalaron varios anillos de seguridad alrededor de la Fundación Caminos de Libertad, los cuales son controlados por personal de la Policía Nacional y de la Décimo Tercera Brigada de la Quinta División del Ejército Nacional.

El viceministro expresó que la medida fue notificada a la Fiscalía General de la Nación por medio de un escrito, la cual se declaró notificada en los mismos términos sin expresar ninguna oposición.

“Por lo anterior y visto que el despacho del Fiscal General de la Nación confió a su entidad la custodia del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte y no asignó un centro específico para su detención cautelar, el Director del Inpec puede ‘mutu’ propio disponer lo pertinente, en el bien entendido de que le compete observar las regulaciones carcelarias y sobre todo, preservar la integridad y seguridad del ciudadano en cuestión, tal y como se le ha informado al Alto Gobierno en el curso de los últimos días”, manifestó el ente investigador en su respuesta.

Entre tanto, el viceministro aclaró que no es la primera vez que el Inpec enfrentado huelgas de hambre, incluso colectivas, mediante diálogos y medidas disuasivas logra conjurarlas sin otorgar ningún tipo de beneficio carcelario extralegal.

Críticas desde diferentes sectores

Entre las voces que protestaron por la decisión están las de los miembros del Centro Democrático, entre ellos el senador Alfredo Rangel, integrante de la Comisión de Paz del Congreso, quien manifestó que una huelga de hambre no puede ser motivo para hacer concesiones a un peligroso delincuente.

“Es una concesión absolutamente inaceptable que le hace el Gobierno Santos a las Farc. Estos privilegios son inequitativos, injustos, significan un trato preferencial a criminales que cometen delitos comunes, quienes reciben un trato que no tienen el resto de los delincuentes procesados por los mismos delitos”, expresó el congresista.

A esta crítica respondió el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quien expresó que no era la primera vez que un guerrillero de las Farc detenido era dejado bajo custodia de la Conferencia Episcopal. En 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez autorizó el traslado del denominado ‘canciller de las Farc’, Rodrigo Granda, desde la cárcel Doña Juana de la Dorada, Caldas, hasta la sede de la autoridad religiosa.

En ese tiempo, la medida se tomó como parte de los esfuerzos para lograr la liberación de Íngrid Betancourt, Clara Rojas, varios estadounidenses y militares que estaban secuestrados por las Farc durante varios años.

Pero las críticas también llegaron desde sectores que tradicionalmente han apoyado los acuerdos entre el Gobierno y las Farc. La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Claudia López, se declaró indignada con el traslado de Santrich, algo que consideró una bofetada a los que confiaron en el proceso de paz.

“No es aceptable, rechazo eso, me considero abusada, yo apoyé una paz en la que dijimos con claridad que al que cumplía le dábamos beneficios y al que incumplía lo mandábamos a la cárcel”, señaló la exsenadora.

Pero la excongresista no dejó sus criticas ahí, también cuestionó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez. “Que manden las pruebas, ha pasado más de un mes, 32 días, como es maña del Fiscal General de la Nación, filtra a su conveniencia lo que le conviene y lo que no. ¿Dónde están las pruebas tan contundentes que dijo que tenía contra Santrich? ¿Por qué no han llegado a la JEP? Un correo certificado de Nueva York a Bogotá se demora 24 horas...”, expresó López.

Por ahora, aún le quedan poco menos de 90 días a la Sala de Revisión de la JEP para definir si la conducta endilgada a Santrich se cometió después de la firma del proceso de paz, cuestión que si se comprueba daría vía libre para que la solicitud de extradición continúe su trámite en la Corte Suprema de Justicia y ante el Presidente de la República, quien tendría la última palabra sobre el envío de este hombre a una corte estadounidense para ser procesado por narcotráfico.