El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, informó que su cartera concluyó el estudio que le corresponde hacer a la solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos para que Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como ‘Jesús Santrich’, sea extraditado para que responda por el presunto delito de narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Gil Botero explicó que luego de un intenso trabajo que duró toda la noche del jueves y la mañana de ayer se logró realizar, en uno solo de los cinco días que tenía su cartera, el trámite y se procedió a enviar la documentación al tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El ministro aclaró que la JEP tiene 120 días para emitir un concepto sobre la fecha en la que habría sido cometida la conducta delictiva por la que es acusado ‘Santrich’, si fue antes o después de la firma del proceso de paz. Si es posterior, como lo afirma la justicia estadounidense, el proceso deberá continuar en la justicia ordinaria, es decir, en la Corte Suprema de Justicia.

“La Corte tiene 10 días para admitir la solicitud, otros 10 para practicar pruebas, y cinco días para presentar conclusiones. Si hay consenso en que el proceso debe seguir, nos entregarán la resolución y tenemos 15 días para pasarla a la Presidencia”, dijo Gil Botero.

Por su parte, Jorge Aníbal Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, le expresó a Colprensa que el trámite que sigue es exclusivamente administrativo y que la Corte solo tiene potestad para revisar la plena identidad del acusado, que la conducta que se le imputa también sea delito en Colombia y que la pena que pueda pagar sea mayor a cuatro años de prisión, si cumple con todos los requisitos, el alto tribunal remitirá el proceso a la Presidencia, en donde el jefe de Estado tiene la facultad de rechazar la extradición, así el alto tribunal hubiera emitido un concepto favorable.

Así mismo, Gómez recalcó que la JEP debe seguir el trámite normal sin recurrir al polémico tema de la suspensión de la extradición, como lo comunicó hace varias semanas.

“Eso no tiene ni pies ni cabeza, ahí no hay ninguna suspensión, primero que todo no tiene competencia para eso y, segundo, cuando emitió esa decisión ni siquiera había empezado el trámite, no se puede suspender lo que no ha empezado. Su competencia es única y exclusivamente para determinar la fecha de los hechos delictivos que se le imputan al acusado”, dijo el exmagistrado.

Entre tanto, Ernesto Lucena, decano de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, enfatizó que la JEP no debe estudiar el caso ni pedir pruebas, solo limitarse a determinar la fecha y que lo más recomendable sería que el trámite concluya según la intención de las autoridades estadounidenses.

“En el ánimo de la colaboración que siempre se ha tenido frente al flagelo del narcotráfico es evidente que esa extradición se debería dar. Desde el punto de vista no solo jurídico sino moral, el Presidente de la República está en el deber de firmar la extradición del señor Jesús Santrich”, declaró Lucena.

El decano, al contrario de lo que considera el ministro, estima que este procedimiento debería desarrollarse de forma expedita, en el tiempo mínimo establecido, que son dos meses.

Golpe al proceso de paz

Imelda Daza, exfórmula vicepresidencial en la campaña de Rodrigo Londoño (Timochenko), argumenta que este proceso contra Santrich es un montaje que tiene similitudes con el caso de Ricardo Palmera (Simón Trinidad), quien fue solicitado en extradición por narcotráfico, no se lo probaron, continuaron con otro proceso que tampoco fructificó y al final fue condenado a 60 años de prisión por el secuestro en Colombia de los contratistas norteamericanos, que al final fueron rescatados en la operación ‘Jaque’.

“Todos los abusos se cometen por parte del país más poderoso de la tierra contra otro que entrega su dignidad y soberanía para que los colombianos sean juzgados allá, por unos delitos que los afecta más a ellos que a nosotros; lamento profundamente que las cosas ocurran así, porque le dan un golpe fatal al proceso de paz”, expresó Daza.

La integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), declaró que teme que este proceso genere desconfianza en los guerrilleros rasos y mandos medios, por lo que considera un incumplimiento de los acuerdos de paz y que espera que el presidente Santos no firme la extradición.

Por otra parte, el consejo político de la Farc denunció que ‘Jesús Santrich’ es el único ciudadano colombiano que no tiene un juez que resuelva la tutela que presentó a finales de abril, según ellos ni la JEP ni el Tribunal Superior de Bogotá han respondido el recurso con el que los abogados quieren recuperar la libertad de su defendido.

Una tutela normal debe ser resuelta en primera instancia en 15 días, sin embargo, han pasado 40 días desde que los abogados presentaron un recurso alegando una presunta violación del debido proceso por parte de la Fiscalía y hasta el momento ni la JEP ni el tribunal han emitido un concepto.

El problema con ‘Santrich’ es el conflicto de competencias, tiene beneficios judiciales por ser uno de los negociadores del proceso de paz por parte de las Farc, está bajo la jurisdicción de la JEP, la cual espera que el Congreso le apruebe su proyecto de ley de procedimiento para poder tomar decisiones de fondo.

Revelaciones sobre los folios

En la solicitud de extradición que la embajada de Estados Unidos en Colombia hizo llegar al Ministerio de Justicia está incluido un expediente de 244 folios en los que se narra cómo una organización narcotraficante, que se identifica como ‘La Familia’, conspiró, en el 2017, después de la firma del proceso de paz, para intentar exportar 10 toneladas de cocaína al extranjero.

En el expediente se habla sobre agentes del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), que contactaron personas que estaban negociando la exportación de miles de kilos de cocaína con Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez), quien hoy es testigo protegido de las autoridades estadounidenses; Armando Gómez España (padre de la exreina de Colombia, Carolina Gómez), y Fabio Younes, ambos detenidos y solicitados en extradición.

Los agentes habrían supervisado y grabaron reuniones en las que estos hombres se identificaron como personas con influencia dentro de la organización de las Farc, mientras que los otros como representantes de un cartel mexicano.

Entre los acuerdos a los que llegaron habría estado la entrega de cinco kilos de cocaína de alta pureza como muestra de la calidad del producto y posteriormente se habría pagado un adelanto de cinco millones de dólares, en billetes falsos, por las 10 toneladas de cocaína.

Sin embargo, a pesar de todos estos elementos, la defensa de ‘Santrich’ explicó que no le teme a la extradición y que por lo menos a partir de ahora puede conocer parte de las pruebas que dice tener el gobierno estadounidense para empezar a trabajar en la forma de desvirtuar todos estos argumentos para conseguir la libertad de su defendido.