El “cartel de la Toga” es uno de los escándalos recientes que más han afectado a la justicia colombiana y fue precisamente descubierto por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien ahora también se encuentra en el ojo del huracán.

A estos hechos también se suma el escándalo de Odebrecht en donde se han visto involucrados exministros, excongresistas, y donde de acuerdo con expertos en la materia se ha visto muy poco el accionar de la justicia.

Y ante este panorama la pregunta es ¿todavía se puede creer en la majestad de la justicia?, para resolver ese interrogante este medio consultó a varios expertos en el tema, quienes consideran que mientras siga existiendo autonomía y Colombia sea un Estado de Derecho sigue existiendo esa majestuosidad.

Blindar la justicia

David Murillo , analista político de la Universidad Libre considera que “no podemos dejar de creer en la justicia, tenemos que blindarla y protegerla a través de la legitimidad de sus miembros, no obstante, en los últimos años hemos visto cómo la politización de la función jurisdiccional ha llevado o ha manchado esa majestad de la justicia y evidentemente hay una relación estrecha del proceso de politización de la elección de jueces con la corrupción, pero también hay una relación estrecha con los cambios constitucionales, como lo que se vio en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, cuando se dieron las reelecciones”.

Para Murillo “la forma de recuperar la legitimidad que ha comenzado a perder la justicia es a través de una reforma estructural en la que la elección de magistrados no sea a través del Ejecutivo ni elegidos a través del Congreso sino a través de concursos de mérito donde las universidades acreditadas de alta calidad tengan una gran incidencia, porque no podemos seguir dejando la elección de la justicia a manos de los politiqueros”.

Hechos aislados

Recientemente el episodio de la muerte de Jorge Pizano que involucra al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, volvió a poner en el ojo del huracán el nombramiento del fiscal y sus posibles inhabilidades para seguir en el cargo; sin embargo, el constitucionalista, Juan Manuel Charry, cree que “el incidente del fiscal a mí me parece que se ha entendido equivocadamente, en el sentido de que él se ha declarado impedido de acuerdo con las normas legales y le nombraron su reemplazo que era la vicefiscal; el hecho es que la opinión publica haya tenido desconfianza sobre cómo debería la vicefiscal adelantar investigaciones siendo subalterna del Fiscal, digamos que son apreciaciones públicas, pero estaban funcionando las normas que prevé los impedimentos y reemplazos”.

De acuerdo con Charry, “el escándalo de Odebrecht afecta a la administración pública más no a la justicia y habrá otros incidentes como el “cartel de la Toga”, las investigaciones a un magistrado de la Corte Constitucional que pueden afectar a la justicia, pero son hechos individuales que están siendo investigados y de algunos ya se han tomado medidas preventivas y en ese aspecto no afectan la importancia de la justicia en un Estado de Derecho”.

Autonomía e independencia

Para Diego Hernández, docente de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, para entender la “majestad de la justicia” debemos decir que “una rama del poder público que sería la judicial, es una rama que no se encuentra afectada por los vaivenes políticos, entonces la majestad está derivada como de su independencia y a la vez de su autonomía y esos dos valores son los que soportan como la majestad de la justicia, eso quiere decir que ni la rama legislativa ni la ejecutiva pueden afectar la toma de decisiones de los jueces”.

Sin embargo, considera el Docentes “desde una perspectiva ideológica realista, pues los jueces en realidad son seres humanos que toman decisiones a partir de sus propias prejuicios y de la aplicación del ordenamiento jurídico y desde esa perspectiva los jueces son autónomos y son independientes, pero el asunto es que ellos toman decisiones a partir del proceso interpretativo, entonces el proceso interpretativo de la realidad del caso y de las normas hacen que los jueces tomen decisiones que para unos son erradas y para otros son correctas”.

Otro de los casos muy sonados por corrupción en la justicia es el del magistrado de la Corte Constitucional Gustavo Malo, quien es investigado por los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva, y sobre el particular el docente de la UIS, precisa que “este tipo de hechos minan esa majestuosidad que creemos que existe en torno al juez. Entonces creo que debemos al quitarle esa majestuosidad al juez verlo en una realidad y conocerlo que es lo que hace, es decir, si está o no cercano a intereses políticos; cómo hace para decidir un caso a pesar de estar en contra de lo que dice la ley porque el juez ya no es esa rama imparcial que no tiene afectación política”.

Majestad y problemas

Ante todos los escándalos que en los últimos años han afectado a jueces, fiscales y magistrados, el Constitucionalista Charry cree que “hay que diferenciar entre la majestad de la justicia y los problemas de la rama judicial que han hecho que pierda credibilidad ante un importante sector de la opinión pública colombiana y es un problema que hay que resolver y ha perdido porque es una justicia lenta por los escándalos de corrupción, pero eso no le quita la importancia a la administración de justicia y la necesidad que en Colombia se sigue aceptando que todas las autoridades acatan los fallos porque aceptan la majestad de justicia y la importancia y respetan las decisiones a pesar que la credibilidad haya bajado”.

Frase

"Se premia a quien más amigos tenga políticos y no los méritos y eso es lo que hoy por hoy tiene manchada la justicia", David Murillo, Universidad Libre.