La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Esta nueva jurisdicción privilegia la búsqueda de la verdad plena, el reconocimiento de responsabilidades y la sanación de las heridas del conflicto armado interno.

Estamos frente a una jurisdicción que, después de muchos años de impunidad y pocas condenas dictadas, nos permite tener a los máximos responsables del conflicto en Colombia rindiendo cuentas y diciendo las verdades que tanto reclaman las víctimas y la sociedad. Hasta la semana pasada, 11.700 personas se habían sometido a la JEP, entre ex guerrilleros de las Farc, miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado.

La JEP tiene el mandato constitucional y legal de actuar basada en la centralidad en las víctimas. Por eso, las víctimas juegan un rol fundamental, como no lo habían jugado antes ante la justicia colombiana. ¿Por qué? Porque podrán participar a lo largo de todo el proceso.

Esa participación empieza desde la presentación de los informes a la JEP. La Jurisdicción ya ha recibido 184 informes sobre hechos del conflicto armado, de los cuales 74 han sido de organizaciones sociales y de víctimas.

En vista de la masividad de crímenes cometidos en el conflicto, la JEP tiene que seleccionar y priorizar sus esfuerzos de judicialización en los más graves y representativos, y sobre quienes tuvieron una participación determinante en los mismos. Ya empezó a hacerlo y hasta hoy ha abierto siete macrocasos, que incluyen miles de crímenes, más de 820 mil víctimas y cientos de comparecientes.

En esos macrocasos (sobre secuestro, “falsos positivos”, reclutamiento de menores, victimización de la Unión Patriótica y los crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos cometidos en Urabá, Nariño y norte del Cauca) las víctimas ya se están acreditando, para poder participar activamente.

Todas las víctimas acreditadas reciben copias de las versiones que ya empezaron a dar ex guerrilleros y militares, podrán hacer observaciones y pedir nuevas pruebas.

Después, cuando llegue la hora de sancionar a los responsables, las víctimas participarán en la determinación de las sanciones y en las tareas restaurativas que deben realizar los responsables para resarcir el daño causado.

La creación de la JEP fue acordada entre el Gobierno y las Farc durante el proceso de negociación de La Habana, que culminó con la firma del Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre de 2016.

En las negociaciones de La Habana participaron el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, ex comandante de las Fuerzas Militares, y el general (r) Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional, así como otros altos oficiales en servicio activo. También, eminentes abogados, como el ex ministro Yesid Reyes y los constitucionalistas Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao.

Las negociaciones de La Habana permitieron que se creara en la Constitución una jurisdicción que tienen carácter transitorio, cuya existencia no podrá superar más de 20 años, que tiene competencia preferente para investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en el conflicto armado.

Posteriormente, la JEP se elevó a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, que fue avalado por la Corte Constitucional.

La centralidad de las víctimas en la JEP es una oportunidad única, que no debemos aprovechar para conseguir una paz duradera y poder cerrar de una vez por todas las heridas del conflicto.

Dato

 En el Departamento del Tolima, los saqueos y la formación de juntas revolucionarias se centraron en los municipios de corte liberal más arraigado como Líbano, Chaparral, Armero, Cunday, Santa Isabel, Natagaima, Coyaima y por supuesto, Ibagué.

Dato

Dentro de los muertos del 9 de abril, figuró el director de la penitenciaria, coronel Eudoro Varón Peréz, quién intentó oponerse a la evasión de los presos.

Dato

En Ibagué tras el "Bogotazo" se formó una junta revolucionaria de la que hacía parte el gobernador Gonzalo París Lozano.