- Hace poco la ARN sacó la encuesta de percepción sobre la reincorporación aplicada a los exmiembros de Farc. Los resultados fueron que un 74% está satisfecho, pero un 26% no. ¿A qué se deben esas variables?

Desde un inicio hemos estado comprometidos con el proceso de reincorporación. Puede que en un inicio se haya malinterpretado el discurso del presidente Duque sobre la implementación, pero eso ha ido cambiando con la construcción de legalidad desde cada una de las visitas a los ETCR de Pondores (Guajira), Manaure (Cesar) e Icononzo (Tolima). Entonces, esto es muestra clara de la apuesta que se tiene por parte del Gobierno en generar confianza con la población excombatiente, todo en el marco de la legalidad desde una construcción efectiva de retorno a la vida civil desde lo económico y social. Toda esa suma de factores ha llevado a ese alto indicador de la encuesta en donde 8 de cada 10 excombatientes se encuentran optimistas frente a su futuro en el proceso de reincorporación.

- Con respecto a la seguridad física, ¿qué puede detallar?

Ahí hay un gran interés. Desde el inicio de la reincorporación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), viene trabajando con más de 1.200 escoltas que son exmiembros de las Farc y que hacen parte de todo ese sistema de protección junto a más de 199 esquemas de seguridad que están involucrados directamente con el Consejo Político de Farc y sus amigos miembros. También se fortaleció todo el tema de la Fuerza Pública a través del Centro de Comando Estratégico de Transición (CCOET) junto a la creación de estrategias como ‘Carpo Azul’ liderado por el Ministerio de Defensa Nacional. Pero, más allá se evidencia que respecto a la seguridad de los excombatientes en los Etcr no hay afectaciones a su integridad física, muestra del compromiso de todo el engranaje político, social, económico y cultural de cada uno de los territorios donde están los exmilitantes.

- Pero, no se puede desconocer que por parte de los excombatientes hay preocupación de que les suceda lo mismo que con el caso de Dimar Torres...

Claro, hay una gran preocupación. Pero, para ello tenemos diferentes estrategias en donde participa la Fuerza Pública y la UNP en los espacios territoriales porque es un tema de cooperación armónica entre las diferentes entidades encargadas de prestar la seguridad a los excombatientes. Si bien se han presentado algunos casos de afectaciones o victimización a la población también hemos tenido una respuesta muy efectiva por parte de la Fiscalía General de la Nación, que ha revelado que más del 46% de los casos respecto a casos similares han sido esclarecidos y muestra de ello son las 51 capturas por estos hechos. Eso quiere decir que en un tiempo muy corto hemos tenido unas instancias competentes al interior y por fuera del Gobierno que están articuladas para proteger la seguridad física de estas personas.

-Ahora, le toco el punto que es competencia de ustedes, ¿en qué va la seguridad socioeconómica?

Esta acción es de suma importancia porque es la que permite hacer tránsito del hombre en arma a un hombre que hace parte de la vida civil en un proceso de reconciliación y resiliencia con sus comunidades. En este caso, dentro del proceso de planificación que definimos en la ARN se establecieron dos etapas iniciales que son los Etcr y los proyectos productivos. En los dos casos, los 13.000 excombatientes son afiliados a salud y educación, adicionalmente, por primera vez, ellos acceden a bancarización para recibir las garantías económicas iniciales en donde hemos desembolsado más de 170.000 millones de pesos. Así mismo, inician las capacitaciones en un reconocimiento de sus habilidades y aprendizajes que traen al interior del grupo para potenciar a todo el colectivo de los miembros de Farc en deferentes proyectos sociales, comunitario y político.

- Pero, ¿cómo fortalecer esa confianza cuando hay incertidumbre alrededor de la reincorporación en la faceta de los ETCR donde el plazo se vence en agosto?

Voy a ir un poco atrás, si uno ve el tema de los Etcr estos no estaban en el Acuerdo porque lo que allí se definió fueron las famosas zonas veredales. Justo ahí fue donde ellos dejaron sus armas e hicieron su proceso de acreditación, de acantonamiento y normalización. Para ese momento había un régimen jurídico que no les permitía a los excombatientes salir de esas zonas porque podían ser procesados por la justicia o capturados. Una vez finalizó eso, ellos se desagregaron en muchos municipios donde tenían arraigo por sus familias y comunidades, quedando al interior de esas zonas veredales solo 3.000 o 3.600 exmilitantes. Entonces, fueron 10.000 quienes salieron de esos campamentos y se fueron hacia otros territorios que ahora son los Etcr y desde el Gobierno se ha mostrado un compromiso respecto a esos espacios con el objetivo de potencializar la reincorporación colectiva e individual, social y económica, de todo el colectivo de la comunidad de Farc.

Ahora bien, tras ese proceso se estableció un régimen jurídico que duraba dos años, plazo que termina en agosto por lo que desde ya estamos desarrollando una consolidación de los espacios con el Estado. Ese es el objetivo al que le estamos apostando.

-Esa “consolidación de espacios” indica que se mantendrán todos los ETCR...

Eso depende de muchas variables. nosotros hicimos un análisis muy riguroso, de la mano de la Consejería para la Estabilización, en el que se definió que existen 13 Etcr que tienen una perspectiva de consolidarse en los territorios, pero hay otros que tienen unas barreras. Eso no quiere decir que se van a suprimir, sino que estamos tratando de superar aquellas limitantes jurídicas, técnicas o financieras para poder consolidar esos espacios en los territorios. Actualmente, estamos diseñando una hoja de ruta para 13 espacios de los 24 que hay, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales para que esa figura se consolide y haga parte de los municipios como centros poblados o como pequeños caseríos en el marco del desarrollo que tenga cada ente territorial.

-¿Qué variables se evalúan en esas dinámicas territoriales?

Son varias, pero nosotros sumamos cinco variables fundamentales. Una de ellas es el tema de la disposición de la tierra en donde se debe tener presente qué características tiene ese tipo de predio, si tienen vocación para consolidarse en los territorios y que no estén afectando alguna reserva ambiental. Otro punto es lo que tiene que ver con la seguridad en todas sus dimensiones, así mismo tenemos presente cómo es la provisión de bienes y servicios como acueducto, agua, energía y gas. Adicionalmente, otro factor es que el territorio tiene que ser apto para proyectos productivos con su comercialización y distribución. Lo último que incide es lo que se relaciona con entes territoriales en cuanto a la capacidad de absorber a esta población. Por ejemplo, hay municipios que no van a poder con una nueva demanda en temas de salud, educación, alimentación. No podemos olvidar que los excombatientes no hacen parte de guetos, ellos hacen parte del territorio.

-Hasta ahí toda pinta bien. Pero, ¿qué va a pasar con los 11 ETCR que pueden estar ‘volando’?

Aquí va un ejemplo para que podamos entender la dinámica en la que nos encontramos. Actualmente, tenemos dos espacios territoriales -uno con grupos étnicos en Caldono (Cauca) y otro con colectivos afro en el Chocó- si llegamos a un proceso de concertación con las comunidades donde los excombatientes sean recibidos en el marco del proyecto de reincorporación sería perfecto y nos quedaríamos en los territorios. Pero, en caso de que no lleguemos a un proceso de concertación con ellos debemos entrar a identificar qué otros territorios son aptos y que nos sirvan para promover la reincorporación efectiva de todo el colectivo de Farc.

-En el caso de los proyectos productivos que ya vienen desarrollando en los territorios con limitaciones. ¿Se congelarán?

No, acá debo aclarar que esto es una de las mil estrategias que se tienen en el marco de la reincorporación. En el foco económico de proyectos productivos hemos acelerado todo el tema de la formulación y el acompañamiento en el marco de un proceso de construcción conjunta con los colectivos de Farc. A la fecha llevamos 186 proyectos productivos en favor de la población, algo que es un gran avance porque cuando llegamos en agosto de 2018 solo se habían desembolsado dos proyectos: uno en Miravalle (Caquetá) e Icononzo (Tolima). Del total que llevamos ahora, 24 son de carácter colectivo con 17 desembolsados que involucran a más de 1.757 personas, con inversiones cercanas a los 18.000 millones de pesos. Obviamente, algunos se desarrollan al interior de los espacios territoriales y otros en los municipios donde ellos se concentran, pero ahí daremos todo el acompañamiento. Como ARN hemos tratado de ser muy rigurosos en la aprobación de proyectos productivos, pero no podemos parar una estrategia dependiendo de la otra, sino que estamos en el marco de una planificación y una organización promoviendo la sostenibilidad de la población.

-Ante este panorama, ¿cuál es la meta de proyectos productivos para este año?

En metas nos planteamos más de 6.700 proyectos productivos efectivos para la población de todo tipo: individuales, colectivos y de cooperación. También esperamos aumentar en temas de vinculación laboral efectiva con la intención de llegar a los 6.500 empleos.

-Es decir, se puede dar un mensaje de tranquilidad frente al avance del proceso de reincorporación...

El mensaje de tranquilidad es que el Gobierno le está apostando a los territorios y a la reincorporación para aquellas personas que se la están jugando con este proceso. Ni los Etcr ni los proyectos productivos se acabarán. El problema no es formular la idea de negocio, el problema está en darle las habilidades y competencias a la población para que esa idea sea sostenible y a la par llevar al sector privado en un acompañamiento y asistencia técnica. Debemos recordar que estamos hablando de personas, quienes en muchas ocasiones ingresaron a estos grupos armados ilegales teniendo 12 años y en el que duraron más de 20 años. Entonces, no podemos pretender que vamos a pasar de excombatientes a empresarios en menos de dos años de reincorporación.