Mientras que la Fiscalía reportó que durante el primer trimestre de este año se registraron 48 feminicidios, la Fundación Feminicidios Colombia dice que a la fecha van 104 casos, mientras que Medicina Legal dice que se han recibido 37 casos.

La diferencia en las cifras, de acuerdo con Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, tiene varias razones, una de ellas es porque Medicina Legal no está en todo el país y en algunos pueblos el dictamen lo hacen instituciones como el Hospital, y además porque los casos que registra la Fundación se toman de la prensa o incluso con las familias, pero aún en casos de evidente feminicidio, muy seguramente las Fiscalías Regionales y las locales los adelantan como homicidios.

Un ejemplo claro de esta situación, explica Gina Pineda Garzón, fundadora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander, ocurrió este año en Cimitarra y fue cometido contra Sandra Lorena Durán Reyes, el pasado 23 de marzo.

“Fue asesinada por su expareja, previa existencia de violencia de género en su relación, así como manifestaciones de ‘celos’ que reflejan la idea de propiedad y control que mantenía el agresor sobre la víctima tras la ruptura del noviazgo. La violencia final ocurrió en un lugar público e involucró un ataque severo a Sandra Lorena por su expareja, provocándole múltiples lesiones con arma cortopunzante y la Fiscalía lo tipificó como homicidio”, explica Pineda Garzón.

Las expertas consideran que el problema real no son las cifras, sino que los feminicidios queden en la impunidad y las familias no tengan derecho a la justicia y la verdad.

“No es solo a nivel de cifras, es todo el impacto, sobre todo para las familias, porque no se reconoce que existieron esas razones de género, no se materializó la ley existente, pero además también para la sociedad, porque se está comunicando que la violencia contra las mujeres es aceptada, es tolerada, se lleva a la impunidad y se tiende a repetir los hechos”, precisa la fundadora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander.

Además, considera Roncancio Alonso, cuando los registros no se dan bien, hay un impacto primero a la memoria colectiva, y de otro lado, la institucionalidad puede llegar a pensar que hay esfuerzos que no son necesarios, por ejemplo, celebramos la decisión de la creación de la unidad de género en Antioquia; entonces, ese tipo de decisiones son necesarias, pero si no tenemos las cifras de feminicidios, de violencia sexual, violencia intrafamiliar, seguimiento a medidas de protección... El Estado calla porque hay una reducción y va a tener un impacto.

En este mismo sentido, Ángela María Díaz Pérez, doctora en Género y Políticas de Igualdad y Docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, argumenta que a pesar que hay una ley (1761) no hay unificación por los operadores judiciales, es decir, muchas veces sucede que la definición de si un homicidio de una mujer es realmente un feminicidio o no, a veces queda en manos de los jueces y son ellos los que deciden si un crimen es un feminicidio: “eso es un problema porque los criterios dejan de ser objetivos y es la persona la que media esa decisión, por tanto hace falta realmente que se haga formación a los operadores judiciales para que entiendan objetivamente los conceptos que hacen que un homicidio sea un feminicidio, y se pueda hacer esa unificación entre todas las entidades para que no haya esa disparidad y haya un reconocimiento real”.

Violencia de género

El asesinato de Leidy Tatiana García Martínez, perpetrado por su compañero permanente en el municipio de El Playón, Santander, en julio de 2017 fue tipificado como homicidio agravado y no feminicidio.

Hechos como el mencionado anteriormente, según Pineda Garzón, constituyen ocultamiento de la violencia feminicida (feminicidios investigados y procesados erradamente como homicidios) y se vincula con varios aspectos como el desconocimiento de las autoridades respecto de los derechos humanos de las mujeres, y la ausencia de la debida diligencia en investigación y sanción de las violencias perpetradas en su contra, por el hecho de ser mujeres; además, los prejuicios sexistas de los administradores de justicia y la ‘naturalización’ de dichas violencias y, el eficientismo de las autoridades encargadas dado que con el delito de homicidio pueden realizar preacuerdos y negociaciones mientras que en el delito de feminicidio son prohibidos tales acuerdos y la reducción en la pena por aceptación de cargos es menor en este último delito.

Cultura machista

Otro aspecto que resaltan las expertas es que en Colombia sigue muy arraigada la cultura históricamente machista, en donde la culpa siempre es de la mujer, antes porque incitaba y ahora es porque permite.

En este sentido, Diana Ojeda Ojeda, profesora asociada del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana opina que “a las mujeres nos matan por ser mujeres, nos matan con el único fin de ratificar el poder masculino y nos matan casi siempre en absoluta impunidad. Nuestra muerte levanta además la sospecha de que nos lo merecíamos: ‘quién la manda a vestirse así, a andar por ahí, a meterse con ese tipo’. Más aún, las muertes de las mujeres siguen siendo vistas como muertes privadas, que se llevan en silencio. Incluso cuando se vuelven noticia, estos asesinatos se quieren hacer pasar por crímenes pasionales, asuntos personales o problemas de cama”.

Faltan políticas

“Sin cifras reales no se pueden crear políticas públicas efectivas. En términos reales, es una ineficiencia del Estado porque no hay una ruta unificada entre los ministerios que enfrenten el fenómeno, no tanto para ser investigado y juzgado, sino para prevenir de que suceda”, así lo indicó Hernán Camacho, asesor de la senadora Aída Avella, en el reciente debate que se realizó en el Congreso y que fue convocado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

“El hecho de que se hable tanto de las cifras y se excuse que no haya un intervención efectiva es un demostrativo más de que en nuestro país no hay un reconocimiento de la violencia de género. El feminicidio es el estado último de esta violencia, pero muchas veces no se interviene en las violencias previas porque muchas mujeres son desanimadas a denunciar y ese tipo de cosas no pueden seguir pasando”, precisa la docente de la Unab.

De igual manera, Roncancio Alfonso, considera que lo importante es empezar a hacer las preguntas correctas en materia de prevención y no es qué tiene que hacer una mujer para evitar... sino qué tienen que dejar de hacer los hombres para… “no podemos seguir endosándole a las mujeres la responsabilidad de que las maten”.

Las congresistas que hacen parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer señalaron que entre los esfuerzos que se deberían hacer para enfrentar este fenómeno, faltan campañas educativas que le enseñen a la ciudadanía que agredir a una mujer es un delito y eso, por ejemplo, es una acción que debería llevar a cabo el Ministerio de Educación.

Lo que se debe saber sobre la Ley

Con la Ley 1761 existen seis tipificaciones para que el asesinato de una mujer sea considerado feminicidio.

La ley establece que el agresor incurrirá en prisión de 20 años y hasta 41 años.

El delito de feminicidio se puede probar con testimonios que den cuenta de amenazas del perpetrador sobre su víctima.

Con la Ley de Feminicidio, las penas incluidas en el Código Penal aumentan en el doble y no es posible realizar preacuerdos.

Cifra

casos de femenicidio en niñas se han registrado en lo que va corrido del año en Colombia.