En la historia de Colombia desafortunadamente abundan los episodios y los años luctuosos. Sin embargo, el año 1989 fue uno de los más dramáticos. El 18 de agosto del mismo, con el asesinato de Luis Carlos Galán, se produjo un punto de inflexión en el baño de sangre en que tenía sumida a Colombia el contubernio de políticos, paramilitares y las mafias del narcotráfico.

Pablo Escobar Gaviria, el temido jefe del cártel de Medellín, como cabeza visible de esta máquina de muerte, confirmó que estaban dispuestos a arrodillar al país a punta de plomo y bombas. A partir de ese momento todo fue a peor.

A comienzos de los años 80, del siglo pasado, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla vieron y denunciaron los peligros que se cernían sobre Colombia debido a la influencia perniciosa del narcotráfico y decidieron enfrentarlo. Lara fue el primero en caer. Jairo Ortega, representante a la Cámara que hiciera congresista a Escobar, en la plenaria de la Cámara de Representantes enseñó un cheque que Evaristo Porras, un narcotraficante de la Amazonia, había metido a nombre de Rodrigo Lara en una ferretería de su familia en Neiva (Huila); pretendía demostrar con ello que “todos estaban untados” y que el Nuevo Liberalismo también había recibido “dineros calientes”. Lara reaccionó con vehemencia.

Como ministro de Justicia, y con el respaldo del presidente Belisario Betancur, puso en tierra toda la flota de aviones y de helicópteros de los cárteles que volaban a lo largo y ancho del país, les hizo cancelar las licencias otorgadas por la Aerocivil, les destruyó laboratorios de procesamiento de alcaloides como el de Tranquilandia en Caquetá y denunció su presencia en equipos de fútbol profesional. Fue su sentencia de muerte. La ejecutaron la noche del 30 de abril del 84 en Bogotá, utilizando para ello a un par de niños sicarios en moto. Betancur, ante el féretro de Lara y en medio del estupor nacional, les declaró la guerra a los narcotraficantes y reactivó la extradición.

Desde ese momento, Galán se convirtió en la persona más amenazada del país. Dos años atrás, Ortega y Escobar, habían adherido a su candidatura presidencial y él los había rechazado en atención a los turbios antecedentes que ya pesaban sobre Escobar, valientemente denunciados por Guillermo Cano, desde El Espectador. Entonces, Galán y su familia comenzaron a vivir una pesadilla, tuvieron que cambiar de casa y de números de teléfonos, pero más tardaban en hacerlo que la mafia en conocerlos. La situación se tornó dramática. La temperatura comenzó a subir. El objetivo estratégico de los ‘narcos’ era evitar la extradición hacia Estados Unidos, “preferimos una tumba en Colombia, que una cárcel en el extranjero”, era su consigna. No importaba qué tuvieran que hacer. El infierno sería el límite. Escobar llegó incluso a utilizar el fracaso del proceso de paz con el M19 y según agencias de inteligencia de Estados Unidos financió la toma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos y oscuros de nuestra historia, para hacer desaparecer todos los expedientes que había en la Corte Suprema de Justicia contra las cabezas de la mafia, en particular los de extradición. Han pasado casi 34 años de tan fatídicos episodios y sus consecuencias todavía se sienten.

Apenas un año después, en diciembre del 86, caía en Bogotá Guillermo Cano, director de El Espectador, quien no cejaba en denunciar las andanzas de Escobar, Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa y el resto de miembros de la cuadrilla de Medellín. Aún así, el país no reaccionaba. La connivencia de casi todas las fuerzas políticas y de buena parte del establecimiento económico lo impedían. Los dólares malditos de la cocaína irrigaban la política y la economía nacionales, de hecho, había voces que abogaban por un acuerdo con los narcotraficantes, algunas para tratar de frenar el baño de sangre, otras para seguir disfrutando del “estiércol del diablo”, como llamó el expresidente Carlos Lleras a esos dineros. Lo peor aún estaba por llegar. El 4 de julio del 89, un carro bomba con 100 kilos de dinamita estalló en Medellín, en un ataque dirigido contra el director de la Policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, pero los asesinos confundieron la caravana con la del gobernador Antonio Roldán Betancur, quien murió en el hecho. Escobar, a quienes muchos intentaban presentar como un paladín social, porque construía casas y canchas de fútbol en los barrios más pobres y miserables de Medellín, y las iluminaba, intensificó su macabro plan de asesinar jueces, periodistas y policías. Pagaba dos millones de pesos por policía muerto. Harían falta páginas para nombrar a todas las víctimas. Las mafias, enceguecidas por el poder, se dedicaron a poner bombas; el 2 de septiembre detonaron una en El Espectador, el 16 de octubre otra en Vanguardia Liberal en Bucaramanga, el 27 de noviembre hicieron explotar un Boeing 727 de Avianca en pleno vuelo, causando la muerte a 107 personas, y el 6 de diciembre un bus cargado con 500 kilos de dinamita explotó junto a la sede del DAS en Bogotá, dejando sesenta personas muertas.

Pero si el 89 fue un “annus horribilis”, 1990 no lo sería menos. El 22 de marzo fue acribillado en Bogotá Bernardo Jaramillo Ossa, senador y candidato presidencial de la Unión Patriótica, que había sucedido en la candidatura a Jaime Pardo Leal, asesinado meses atrás. No tengo conocimiento de ningún país que haya vivido una pesadilla semejante. El 26 de abril sería acribillado en un avión en vuelo, Carlos Pizarro Leongómez, líder de la ex guerrilla del M19, que había firmado la paz con el gobierno de Virgilio Barco, hacía apenas unas semanas. Pero Escobar no era el único que jugaba a ser Dios decidiendo quién debería vivir y quién no. Carlos Castaño, un antiguo aliado del cártel de Medellín, estaba obsesionado con evitar que el “comunismo” se tomara el poder y ordenó ese crimen, el cual, según confesó años más tarde en un libro, supervisó personalmente desde el Aeropuerto El Dorado. Castaño y sus hermanos conformarían las hordas del paramilitarismo que convertirían a Colombia en un cementerio. La verdad sobre estos deplorables acontecimientos aún no se conoce plenamente, no han sido identificados todos los autores intelectuales.

La narrativa oficial dice que a Galán lo mandó matar Pablo Escobar, pero esta es una verdad incompleta. Escobar fue solo una pieza de un complejo engranaje que involucró a otros narco-paramilitares, como Rodríguez Gacha, a políticos plenamente reconocidos que veían en el jefe del Nuevo Liberalismo una amenaza, agentes del Estado cooptados por las mafias, y vaya uno a saber qué otros protagonistas más, aún no descubiertos. Juan Manuel Galán, hijo del inmolado líder, cree que todavía falta por identificar y castigar al setenta por ciento de los miembros de complot.

Cómo pudo Colombia sobreponerse y salir de esa pesadilla, no lo tengo claro. Quizás porque los estudiantes se echaron a la calle y demandaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y ésta nos devolvió transitoriamente la esperanza. Se nos dio la bienvenida al futuro, pero este vino y se fue. La violencia no cesó, de hecho, hizo metástasis y se ha extendido hasta nuestros días.

Con ocasión de los 30 años del asesinato de Galán, en Soacha (Cundinamarca), que hoy se conmemora, es nuestro deber recordar que la violencia aún no termina. El exterminio de líderes sociales, indígenas, defensores de derechos humanos y exguerrilleros continúa, en medio de discusiones estériles. El Estado se muestra impotente para contener esta nueva ola de sangre, las estrategias gubernamentales no se orientan a desmantelar los aparatos criminales, sino a entregar chalecos antibalas y camionetas blindadas a los amenazados para dar la apariencia de protección. Las legiones del infierno continúan operando, bajo nuevos rótulos. La violencia ha vuelto a ser selectiva.

No milito en las huestes del catastrofismo, pero tampoco comulgo con quienes creen que Colombia es el mejor país del mundo y su gente la más feliz. Lógicamente, si comparamos las dos fotografías, la de 1989 y la de 2019, seguramente concluiremos que estamos mejor que hace 30 años. Ahora bien, también hay que decir que no hemos resuelto los problemas estructurales que provocaron esa orgía de sangre. Seguimos siendo el principal exportador mundial de cocaína, la diferencia está en que ahora quienes controlan el negocio son mexicanos; la política prohibicionista de Washington nos ha condenado a una guerra sin futuro, como lo demuestra la experiencia, desde que Richard Nixon la declarara.

La actividad política, por su parte, no está mejor. El clientelismo y la corrupción campean, son el eje gravitacional de un sistema electoral corrupto y corruptor, al cual cada vez es más difícil competirle. Desafortunadamente, el gobierno que heredó las banderas de Galán no supo honrarlas y frenó los vientos de renovación y cambio. La participación ciudadana que consagró la nueva constitución fue conculcada con el pretexto de los avales para inscribir candidaturas. Y, finamente, la tierra rural sigue siendo fuente de conflictos violentos.

Han pasado 37 años desde la calurosa mañana de febrero en la que, como candidato al concejo municipal recibí a Galán en mi pueblo y desde un balcón de la plaza principal hablamos de la urgencia de la paz y cambiar las costumbres políticas. El sembrador de esperanza ya no está con nosotros, no obstante, es nuestro deber seguir adelante. ¡Ni un paso atrás!