El pasado oculto de Ricardo Orozco

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
En un ejercicio de verificación, EL NUEVO DÍA revisó en detalle el proceso penal que enfrentó el candidato a la Gobernación por el ataque con pistola que hizo contra una persona cuando fue policía y que lo llevó a estar preso durante varios años.

Desde que saltó a la arena política, a Ricardo Orozco lo han seguido los ruidos de la condena que purgó hace varios años por hechos que protagonizó cuando pertenecía al Departamento de Policía de Putumayo. La historia y las circunstancias no habían despertado mayor interés, pero ahora, por cuenta de la campaña política, afloraron.

Hoy, como candidato a la Gobernación de los partidos Conservador, La U, Mira y ASI, le han enrostrado su paso por la cárcel. Uno de ellos ha sido el exsenador Carlos García Orjuela, quien se ha referido a él como un candidato con “oscuro pasado”, pero sin entregar detalles de sus razones.

Pues bien, EL NUEVO DIA, en un ejercicio de chequeo, puso la lupa sobre el asunto para conocer el trasfondo de las acusaciones del excongresista que hoy, vale mencionarlo, es contradictor de Óscar Barreto y está impulsando la candidatura a la Gobernación de la exsenadora Rosmery Martínez, de los partidos Cambio Radical y Liberal.

 

1. ¿Orozco estuvo en la cárcel?

El 27 de abril de 1999 la Juez Penal del Circuito de Mocoa lo condenó a nueve años de prisión al haberlo encontrado responsable por el delito de tentativa de homicidio en la modalidad de agravado por hechos que ocurrieron varios años atrás, en la capital de Putumayo, y en los que un hombre resultó gravemente herido.

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La historia se remonta a la madrugada del 8 de febrero de 1990, cuando el entonces agente de la Policía, perteneciente a un grupo de contraguerrilla, salió de la taberna ‘Noches de México’ en compañía de Manuel Gutiérrez Poveda y Guillermo León Valencia Arango.

Armado con una pistola calibre 22, Orozco Valero le disparó al menos tres veces a Valencia ante la negativa de este por comprar una botella de aguardiente. Una de las balas impactó en su cabeza y entró por el pómulo derecho.

Solo la atención de los médicos del hospital José María Hernández y de los profesionales de un centro asistencial en Pasto permitieron salvarle la vida a Valencia. Según la historia clínica, el disparo se efectuó a corta distancia y fue desviado al chocar con hueso.

El 2 de marzo de 1990, cuando no había pasado un mes del hecho, Orozco firmó un arreglo amistoso por 200 mil pesos con el padre de la víctima, el cual fue revocado por el Juzgado porque no se trató de un caso de lesiones personales (ver foto).

El 14 de febrero de 1992 fue capturado por primera vez y salió pocos días después porque se comprometió a presentarse al juzgado cada 30 días, dar aviso por cambio de domicilio y guardar buena conducta.

Iniciado el proceso, Orozco pretendió inculpar a Gutiérrez Poveda, quien también pertenecía a la Policía y portaba un revólver, pero la versión fue desvirtuada en parte porque el arma no fue disparada y su munición fue hallada intacta.

Entre otras cosas, el despacho judicial concluyó que Orozco accionó el arma por un motivo sin importancia y aprovechando las condiciones de indefensión e inferioridad de Valencia, ya que estaba desarmado y desprevenido del ataque.

Cuando se emitió la condena, ya habían pasado más de nueve años y Orozco se encontraba en libertad condicional. Debido a que no se conocía su paradero, solo fue capturado el 9 de agosto de 2002. Estuvo recluido en la cárcel de Picaleña hasta junio de 2005.

 

2. ¿Fue destituido de la Policía?

Menos de un mes tardó la Dirección Nacional de la Policía en destituir a Orozco. En una resolución firmada por el general Miguel Antonio Gómez Padilla el 3 de mayo de 1990, la institución lo separó de forma absoluta por haber incurrido en las causales de mala conducta.

En la decisión, que fue tomada en segunda instancia, también se determina que no podrá volver a pertenecer a la Institución.

Habiendo escuchado las declaraciones de varias personas, para la Policía resultó probado que Orozco, en estado embriaguez, disparó sin causa justificada. Y aunque Manuel Gutiérrez no lo responsabiliza de forma directa y clara, sí lo hizo cuando dijo que solo estaba acompañado de Orozco cuando sintió los disparos.

“Orozco solo se limita a negar su comportamiento, pero no aporta pruebas que desvirtúen las acusaciones hechas en su contra y pretende hacer creer que fue otra persona el autor de los hechos e insinúa que fue el agente Gutiérrez (...) Entonces tenemos que no es cierto lo dicho en su apelación”, se indica.

 

3. ¿Salió de la cárcel por un “error”?

Con casi tres años de estar recluido, Orozcó recobró la libertad el 29 de junio de 2005, luego de que el Tribunal Superior de Pasto admitiera y fallara a su favor una tutela que había interpuesto contra la sentencia del Juzgado Penal de Mocoa por una presunta vulneración a sus derechos de defensa y debido proceso.

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Orozco argumentó que el cargo por el cual fue condenado no guardaba relación con aquel que le fue imputado en su momento por la Fiscalía. Así pues, aunque le fue endilgado el delito de tentativa de homicidio, el Juez de Mocoa dedujo e incluyó en la condena un agravante, afectándose “el principio de congruencia”.

“La agravante específica por la que se condenó el procesado (Orozco) no fue considerada en la resolución de acusación. Una omisión de tal gravedad afecta el principio de congruencia o consonancia que debe existir entre el pliego de cargos y la sentencia, con clara afectación de los derechos de defensa”, se indica en el fallo del Tribunal.

Así pues, dejó sin efectos la sentencia penal y ordenó al Juzgado de Mocoa dictar una nueva decisión. Sin embargo, el despacho judicial declaró la extinción de la acción penal debido a que se cumplió el término para que prescribiera, pues habían transcurrido más de 15 años desde que se cometió el delito. Como consecuencia, el Juzgado ordenó la libertad inmediata.

 

4. Consejo de Estado le negó demanda

Ya en libertad, y con base en la tutela que ganó, el 2 de febrero de 2007 Orozco Valero interpuso ante el Tribunal Administrativo de Nariño una demanda de reparación directa contra la Nación, la Rama Judicial y la Fiscalía en la que solicitaba $180 millones por perjuicios morales a él y sus familiares, $52 millones por lucro cesante y $15 millones por daño emergente.

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En octubre de 2015, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la privación de la libertad no fue injusta, ya que se demostró que cometió un delito y que el tiempo que estuvo preso fue menor que al inicialmente tenía que pagar.

Orozco, inconforme con esta decisión, apeló el fallo ante el Consejo de Estado. Tras analizar más de diez pruebas recaudadas en este proceso, el 19 de abril del año pasado el alto tribunal dejó en firme la decisión argumentando que Orozco no controvirtió los hechos relacionados con la conducta delictiva sino que mencionaba un agravante que no fue establecido en la resolución de acusación, lo cual se traduce en que sí existió un delito y debía ser sancionada penalmente.

“Lo cierto es que el procesado sí tenía el deber jurídico de soportar la restricción de su derecho a la libertad porque incurrió en una conducta delictiva, lo que ocurre en este caso es que una imprecisión en la sentencia condenatoria devino en la intervención de un juez de tutela que garantizó el derecho al debido proceso, circunstancia que favoreció al implicado, pero en ningún momento se desvirtuó su participación en los hechos que dieron lugar a la actuación judicial”, señala el Consejo de Estado.

 

“Estuve en la cárcel siendo inocente”

Esta redacción se comunicó con el equipo de campaña de Orozco, pero sostuvo que el candidato se pronunciará en los próximos días. Sin embargo, en entrevista concedida al portal CambioIn en abril de este año, Orozco dijo que nunca estuvo pendiente del proceso porque tenía la tranquilidad de que no había cometido un delito y solo hasta cuando fue a sacar copia de su pasado judicial, fue capturado.

“Es un momento que puede vivir cualquier ser humano, un error judicial le puede pasar a cualquier ciudadano de este país y me correspondió a mí hace 30 años. Hoy, ante la sociedad colombiana y el ordenamiento jurídico del país, no tengo ningún tipo de sentencia ni inhabilidad”, aseveró.

Insistió en que el señor herido, es decir, Guillermo León Valencia, nunca lo acusó y como nunca tuvo una defensa técnica terminó involucrado en este proceso.

No obstante, pese a lo que señaló el candidato, es claro que conocía del proceso penal en su contra, incluso llegó a firmar un arreglo con el padre de la víctima, se comprometió a acudir periódicamente ante un juzgado y tuvo una abogada defensora.

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