Tras la reciente decisión de Ecuador de pedir visa a los migrantes venezolanos, Colombia adelanta gestiones con los países de la región para convocar a una cumbre que les permita avanzar en la unificación de medidas para tratar este fenómeno migratorio.

La propuesta fue hecha por el canciller de Colombia, Carlos H. Trujillo, al indicar que “es fundamental que nos sentemos nuevamente a ver cómo se avanza en la armonización regional de medidas migratorias”.

A raíz de esta propuesta, expertos consultados por Vanguardia consideran que se necesitan no solo medidas de tipo humanitario, sino también herramientas que les permitan a estas personas iniciar proyectos de vida en los territorios a dónde decidan llegar.

Ronal Rodríguez, investigador del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, considera que en efecto se requiere una coordinación de los diferentes países para manejar el tema migratorio y Colombia debería tener un liderazgo en esta materia, pues es el país que tiene más migrantes, el que se ve más afectado y al que le costaría tomar más medidas por la dinámica de nuestra propia frontera.

Reconoce que Colombia es un país que tiene diferentes fenómenos migratorios como el pendular que se da en la frontera y se calcula que afecta a unos 11 millones de personas que están entre siete departamentos y cuatro estados venezolanos, pero también tiene migración con vocación de permanencia que es la que dan las cifras gruesas del millón 485 mil que entregó Migración a finales de junio de este año, y también tiene migración de tránsito, es decir, la que pasó a Ecuador, Perú y Chile.

Además, manifiesta el investigador del Rosario, que Chile tiene una política migratoria bastante fuerte porque ha recibido flujos migratorios no solo de Colombia, que tiene un capítulo importante allá, sino también de Bolivia y particularmente de Haití que generan una serie de tensiones; en este momento ese país exige un pasaporte de turista para que ingresen los ciudadanos venezolanos, pero en el caso de Perú y Ecuador exige una visa humanitaria y este último tiene unas particularidades porque esa visa está sujeta a unas plataformas que son bastante débiles, que hasta ahora se empiezan a implementar y que no dan seguridad a la hora de administrar el tema migratorio, lo que lo hace muy difícil.

Por su parte, Germán Cortés, docente investigador de la Universidad Piloto de Colombia señala que “esa particularidad del estado ecuatoriano de poner una restricción es una estrategia política que para el país tiene un sentido, pero más que poner restricciones políticas, hay que hacer un análisis más profundo y entender que hay que brindarles una atención integral”.

Considera el docente que se hace necesario que se construya una agenda macroestatal para atender a estas familias de venezolanos y hacer acompañamiento porque están pasando por situaciones humanitarias complejas.

Política humanitaria

Pese a que en todos los países latinoamericanos hasta la fecha de una u otra manera han recibido grandes cantidades de familias venezolanas, Cortés, considera que “hay mucho desconocimiento de lo que es el impacto mismo de la migración, porque pareciera que es una gente que se mueve y cambia de país, pero hay una cantidad de elementos que están jugando en función de la migración y hay que salvaguardarla (ya que es un derecho fundamental), es necesario entender porque se comprometen aspectos familiares, laborales, de salud pública, educativos, por tanto, se hace necesario pensar en una política multilateral que responda a este fenómeno de crisis humanitaria”.

En este mismo sentido, Laura Colmenares, docente de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto, precisa que es indispensable que se fortalezcan los lazos de cooperación internacional, especialmente teniendo en cuenta una cooperación encaminada al desarrollo y posiblemente esta sea una de las mejores alternativas para dar oportunidades reales y tangibles a los migrantes venezolanos.

Sin embargo, indica Colmenares, sería una apuesta muy osada, porque los países tendrían que disponer de recursos para mitigar una problemática de Venezuela y además, porque tendrían que desvincular dichos recursos de sus propias necesidades o recurrir a más ayuda por parte de organismos internacionales, como la ONU, la Acnur y de otros países.

De acuerdo con la docente de Negocios Internacionales, los esfuerzos son rezagados porque no se está realizando la migración de forma legal y ese sería uno de los objetos que se deben tener en cuenta en términos de regulación, si se habla de una coordinación entre países Latinoamericanos. Además, “los planes de acciones específicas no solo consistirían en un tema de asistencia y recepción sino también de seguimiento, porque para los países que son paso obligado, como Colombia, tenemos varias problemáticas asociadas y es que estamos recibiendo la gran mayoría de migrantes y a esto hay que sumar que son indocumentados”.

Por su parte, Víctor De Currea Lugo, internacionalista, opina que se debe tener en cuenta “la instrumentalización de lo humanitario, si la idea es brindar una ayuda a los venezolanos, primero Colombia debe reconocer la declaración de Cartagena de 1984, que fue firmada en nuestro territorio, pero que nunca se ha reconocido para entender el ámbito de acción y de solidaridad que puede ser invocado; segundo, Colombia debe en sus leyes internas regular la asistencia en salud a las personas venezolanas y controlar la explotación laboral y lo tercero, no se puede instrumentalizar la acción humanitaria a favor de las personas para hacer una campaña anti-Maduro, entonces confundir esas dos agendas es riesgoso porque es poner lo humanitario al servicio político o militar y en ese sentido deja de ser humanitario”.

En otros países

Los venezolanos que han salido de su país por causa de la crisis política y económica son alrededor de 3,4 millones, de los que 2,7 millones se encuentra en otras naciones de América Latina, según datos de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Colombia es el principal país de acogida, con 1,4 millones de inmigrantes y refugiados, seguido de Perú (506 000), Chile (288 000), Ecuador (221 000), Argentina (130.000) y Brasil (96 000).

Incentivo a la ilegalidad

La medida impuesta por el vecino país de Ecuador de exigir visa a los ciudadanos venezolanos que pretendan ingresar a su territorio, más que controlar el paso está incentivando la irregularidad y la ilegalidad.

Así lo consideró el director de Migración Colombia, Cristhian Krüger Sarmiento, que realizó en Ipiales, Nariño, un recorrido por el Puente Internacional de Rumichaca y sus alrededores, donde se concentra gran cantidad de venezolanos tratando de ingresar a Ecuador.

“La medida impuesta por Ecuador (desde el pasado 26 de agosto) a los ciudadanos venezolanos ha ocasionado que un alto número de estos extranjeros se lance a las trochas, poniendo en riesgo su integridad y su vida, para poder continuar con su travesía.