La medida impone una tarifa diferencial de 37,9 % cuando el precio de la mercancía declarada y clasificada en los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas (prendas de vestir), puesto en puerto (FOB), sea menor o igual a 20 dólares por kilo.

Además, se contempla una tarifa de 10% al valor (de la importación CIF, es decir, costo, seguro y flete) y otro específico de 3 dólares para los precios por kilogramo “a partir de 20 dólares”. Ambas medidas más lo que se debe por obligación pagar por IVA.

Así fue consignado en el documento 75 del primero de noviembre y que puso la medida en vigencia desde el tres del mismo mes.

La resolución es la aplicación del artículo 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo, que generó controversia debido a que enfrentó a los diferentes representantes de la producción nacional: por un lado la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quienes están en contra de la iniciativa; y por otro, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, a favor.

¿Por qué proteger?

De acuerdo con la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Confección y a fines, se requerían medidas urgentes para que la industria nacional pudiera “competir y evitar que siga siendo devastada por la producción asiática y africana”, decía puntualmente la carta enviada al presidente Iván Duque, en abril de este año.

La medida, desde esta perspectiva, aumenta el recaudo tributario, “castiga al importador que le hace trampa al fisco nacional”, contribuye al fortalecimiento de una industria representativa en el país y a la generación de empleo, sobre todo de mujeres, y reducirá el déficit de la balanza comercial.

Además, el gremio sostuvo que el consumidor final hoy no recibe los beneficios de las importaciones baratas de este sector “y sí están devastando el empleo en la industria nacional”.

En su argumentación también agregó que el problema “real” del contrabando de prendas de vestir es de “lavado de dólares”.

Los que se oponen

Fenalco, por ejemplo, sostuvo que el impacto para el consumidor sería muy alto que calculó un aumento “de hasta del 25% en el costo del vestuario, y afectará a los comerciantes formales y a la industria de confección por el aumento del contrabando”, explicó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, cuando le fue aceptada la demanda el 16 de julio pasado.

La Andi, por su parte, sostuvo que esta medida incentivaría el contrabando y subfacturación que afecta el sector, así como la estrategia de apertura comercial.

La contravención a la medida no solo vino del sector privado, sino del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a través de su líder José Manuel Restrepo se declaró en contra de estos artículos.

Algunos de sus argumentos se basaron en que el Congreso de la República no es la corporación para tomar decisiones de política comercial de este tipo y además este artículo fue incluido en el debate, pese a que no guarda relación con el Plan Nacional de Desarrollo ni es apoyado por el Ejecutivo.

Hoy el sector de la confección de prendas de vestir muestra un panorama agridulce. Por un lado se evidencian síntomas de recuperación si se tiene en cuenta que ha crecido 3,3 % en la producción real, y 0,7 % en las ventas, entre enero y agosto de este año, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane); pero por otro, si se contrasta el agosto de este año con el de 2018, la caída en los mismos indicadores es de 5,3 % y 4,1 %, respectivamente.

Si bien esta medida ya se puso en vigor aún reposan en la Corte Constitucional cuatro demandas que no han sido resueltas y de las que una vez se tome la decisión se podrá saber si la medida sigue su curso o se cae.