En 2011, cuando se creó la restitución de tierras, una medida que le permite a las víctimas del conflicto recuperar los terrenos que perdieron a causa de los violentos, se creyó que para el 2021 todo este proceso ya habría terminado.

Ahora, faltando poco más de un año para que llegue este plazo, se sabe que no va a ser así. Sin embargo, sí se ha avanzado mucho.

Andrés Augusto Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras, asegura que alrededor del 80% de los procesos, en su fase administrativa, han concluido, y que ya se ha ordenado la restitución de predios que son más grandes que departamentos como Atlántico y Quindío. Al final de todo el proceso, según lo que prevé, se habrá restituido más de 3 millones de hectáreas. “Eso nunca en la historia del país se había hecho”, dice.

En entrevista con Colprensa, Castro hizo un

balance

¿Cuál es el balance, después de año y medio que lleva este gobierno, de la restitución de tierras?

Nosotros asumimos hace unos 15 meses la dirección de la Unidad de Restitución de tierras. En ese momento no había pronunciamiento de la Corte Constitucional, que declaró inexequible el artículo 208 sobre su vigencia. Ahora el plazo son tres períodos presidenciales y la Corte conmina al Gobierno para que presente un proyecto de ley si va a diferenciar esos plazos.

En restitución de tierras, que es un proceso de justicia transicional, nosotros vamos bastante bien. La Unidad ha recepcionado unas 124 mil solicitudes. Ya ha agotado prácticamente la etapa administrativa del 80 por ciento de esos casos. Lo que queda en esencia son territorios en donde hay alteraciones del orden público, de la seguridad. Me refiero básicamente al Catatumbo, al bajo Cauca Antioqueño, al sur de Bolívar, sur de Córdoba, Chocó, Valle, Cauca y Nariño (sobre todo Tumaco), Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare, Guaviare y Arauca. Más o menos suman unas 25 mil solicitudes.

¿Qué tiene planeado hacer para cumplir la restitución en esas zonas, teniendo en cuenta que no es fácil que se recupere pronto la seguridad?

El gobierno ha hecho dos cosas. Una es la implementación de los Pdet. En las reuniones de seguimiento de cada uno de esos 16 territorios, que recogen 170 municipios, hemos logrado viabilizar con la Fuerza Pública la apertura de microfocalizaciones (un mecanismo de selección de predios con el que se inicia la restitución). Eso se complementa con las intervenciones que se van a hacer a través de lo que se denomina zonas futuro, que son cinco territorios donde hay una alta concentración de cultivos ilícitos y en donde el Estado va a llegar también.

¿Cómo se maneja el tema de la seguridad de los demandantes?

Como este es un tema de justicia transicional, debe ir acompañado de la fuerza pública. La restitución siempre debe ir acompañada de la fuerza pública. Si la fuerza pública, en un territorio determinado, dice que no hay condiciones, nosotros no podemos avanzar en restitución. Dentro del conocimiento que tenemos, donde se ha dado la restitución, esas personas han podido retornar y hacer sus proyectos productivos.

¿Hay algún seguimiento de qué pasa después de que el juez dicta la sentencia?

Esa es la evolución que hemos tenido. Nosotros estamos, como Unidad, centrados en la etapa administrativa, pero eso ha venido avanzando. Nosotros asumimos la representación judicial de las víctimas, nos volvemos sus apoderados. Y las órdenes de los jueces tenemos que impulsarlas. Si se trata de la restitución material del predio, acompañamos a la víctima en la diligencia que ordena el juez para entregarle su predio. Y hay medidas de reparación adicionales, que no nos corresponden a nosotros, pero nos articulamos con las entidades correspondientes. La restitución como política pública tiene la vocación de transformar. La gestión que yo haga y la que hagan los jueces, si eso no lo materializamos, es como si no hubiéramos hecho nada.

¿Qué tanto ha abarcado la restitución a todos los colombianos que sufrieron despojo de tierras? ¿Qué tantos se han quedado por fuera?

Yo aspiraría a que nadie quede por fuera. Inclusive la prórroga de la ley nos ayuda a seguir dando a conocer esta política y que la gente pueda acercarse. La restitución de tierras como proceso judicial ha resuelto casos que ordenan 375 mil hectáreas de restitución, beneficiando del orden de unas 70 mil personas. Esos son territorios más grandes que un departamento como Quindío o Atlántico. Lo que tenemos pendiente para restitución en el trámite judicial, en la ruta individual, más o menos son 700 mil hectáreas. En la colectiva, indígena y afro, son 2 millones 700 mil hectáreas. Es decir, al final, cuando haya el último fallo, estamos hablando de 3 millones de hectáreas, eso nunca en la historia del país se había hecho.

¿Qué va a quedar de la restitución de tierras?

Esto va a ser el precedente de lo que se denomina la jurisdicción agraria. Ese es el gran resultado, la gran lección aprendida que deja la restitución de tierras es que debe haber una jurisdicción agraria que resuelva todos estos casos. Lo que uno se encuentra en la historia del país es que a través de los mecanismos ordinarios, esto nunca se atendió. Cuando esto pasaba, nunca la Corte Suprema de Justicia resolvió uno de estos casos. La restitución sí funcionó.

¿Está ya definido hasta cuándo va la restitución de tierras?

Dentro del término de vigencia de 10 años de la Ley, es decir, hasta el 10 de junio de 2021, todos los equipos de trabajo de la Unidad, que son unas 1.800 personas, están hoy a toda marcha tramitando las solicitudes. Al terminar el 2021, nos pueden quedar unas pocas, hemos estimado que entre 7 mil y 10 mil solicitudes.

Necesitaría una prórroga para terminar esos casos y cerrar la etapa administrativa. Es decir, ya la Unidad tendría que terminar. Cuánto tiempo nos vamos a gastar en tramitarlas. Yo le calculo entre dos y tres años. Cuánto se gastarán los jueces de ahí en adelante, no lo puedo determinar. Depende de la complejidad de los casos. Pero habría que buscar quién asume la representación de las víctimas. Es bueno que esto tenga un cierre, garantizando los derechos a las víctimas.