En una misiva de siete páginas, la Procuraduría exhortó al alto gobierno promover mecanismos para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación a la vida social y política.

“Es necesario que el Estado garantice la implementación articulada de medidas de prevención y protección que permitan mitigar riesgos y vulnerabilidades contra la población en proceso de reincorporación, a través del desarrollo de acciones enfocadas a contrarrestar las organizaciones criminales responsables de atentar en su contra”, dice el documento.

La misiva firmada por el procurador Fernando Carrillo afirma que la delegada para el Ministerio Público de Asuntos Penales, puede constituir agencias especiales en las que bajo medidas objetivas se determine que los asesinatos a excombatientes, ha causado un impacto en la colectividad.

Teniendo en cuenta que no se desconoce la importancia de mitigar el riesgo, el Procurador instó a los servidores públicos para que en el marco de sus funciones, garanticen las actividades que deben desarrollar los excombatientes. “En consecuencia, los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que estigmaticen instiguen o inciten al hostigamiento a los exmiembros de las Farc”.

En el marco de la misiva, Carrillo solicitó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior que cuando emitan informes o alertas tempranas que incluyan amenazas o vulneraciones de derechos humanos, remitan copia a la Procuraduría, la que se compromete a realizar acciones que finalmente llevarán a mitigar riesgos.

En razón a la protección, el Ministerio Público también recomendó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) agilizar los tiempos de evaluación de riesgo, dado que esto se verá reflejado en una respuesta inmediata de protección que se adopte en la población. “Revisar y ser pertinente, fortalecer los esquemas de protección colectivos actualmente designados para garantizar medidas idóneas, oportunas y efectivas”.

Además de esto, la UNP deberá presentar al Ministerio Público un informe donde de cuenta del número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes tramitadas, el número de protección aprobadas y el número de medidas de protección implementadas.

“La información deberá estar discriminada por departamentos y municipios, así como si se tratara de excombatientes, integrantes del partido político o de un familiar”.

Además de ello la entidad de protección debe garantizar un enfoque de género en su actuar, incluyendo medidas de protección diferenciada que atiendan los riesgos a los que se enfrentan las mujeres.

En cuanto al alto Gobierno, el procurador consideró necesario solicitar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), garantizar la articulación, implementación y funcionamiento de los planes y programas enfocados a mitigar las vulneraciones al derecho a la vida e integridad.

Del mismo modo, hizo un llamado a la Oacp para que en el menor tiempo posible diseñe una política pública y criminal, para que se puedan desmantelar las organizaciones que son responsables de las muertes de los excombatientes.

Sumado a esto, el Gobierno Nacional deberá adoptar un plan estratégico que tiene como fin evitar la estigmatización de la población exfarc. Esta acción también la debe adelantar el Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Consejería Presidencial para la Estabilización.

Por otro lado, el Procurador también instó al Ministerio de Defensa a adoptar una estrategia de seguridad para la protección y control de riesgos en las zonas donde se encuentran los excombatientes.

Carrillo Flórez consideró necesario implementar la operación de un Centro Integrado de Información, que tendrá como fin articular información de inteligencia y generar mecanismos de apoyo.

Del mismo modo, que en el Centro Integrado se focalice la información que entrega el Cuerpo Élite de la Policía, en relación a las dinámicas de seguridad de los territorios en donde se encuentran ubicados los excombatientes.

El procurador también insistió a los alcaldes y gobernadores para que en los Planes Integrales de Prevención tengan en cuenta a los exmiembros del grupo guerrillero y sean incorporados para garantizar el derecho a la vida.