Las denominadas “chuzadas” se resisten a irse del léxico de los colombianos. Una vez más resuena esa persecución a personas del sector público que van desde magistrados, políticos, defensores de derechos humanos hasta periodistas.

Un nuevo episodio de este flagelo se conoció este fin de semana luego de que la Revista Semana revelara en una nueva entrega de lo que ha sucedido, a su juicio, al interior del Ejército Nacional desde febrero hasta diciembre del año pasado, con los perfilamientos que se hicieron a más de 130 personas.

Serían carpetas en donde reposa información de comunicadores colombianos y extranjeros, en donde exponen a su núcleo más cercano, del mismo modo hay información sobre políticos de la oposición y sindicalistas.

Este hecho, que parece repetirse con frecuencia en el ámbito nacional desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe, esta vez ataca desde el Ejército, institución encargada de salvaguardar la integridad y seguridad de los colombianos.

El sector defensa, en cabeza del ministro Carlos Holmes Trujillo, ha anunciado que las investigaciones por estos hechos dieron frutos durante los últimos días, por lo que decidió retirar del cargo a 11 oficiales, de los cuales tres todavía no se conoce el nombre.

Se trata de los coroneles Milton Eugenio Rozo Regado, Hugo Armando Díaz Hernández, Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros y Helmon René Ramos Naranjo. Los mayores Eduardo de la Torres Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Árias.

El hecho que generó conmoción, incluso hasta en el jefe de Estado, Iván Duque, quien alentó a las autoridades a iniciar investigaciones de fondo, tomó por sorpresa a los altos mandos militares, entre ellos al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas, quien aseguró desconocer quién ordenó el perfilamiento a los líderes, políticos y periodistas.

El oficial resaltó que este tipo de “problemas” no se pueden seguir registrando al interior de las fuerzas, por lo que aseguró que una vez se conocieron de los hechos se adelantaron las investigaciones pertinentes y se pidió apoyo a la Procuraduría y la Fiscalía.

“Hicimos una tarea compleja que fue cambiar mandos, cambiar estructuras de estados mayores, así como implementar temas de transparencia, y en eso hemos ido avanzando, no hemos llegado a responsabilidades, y las investigaciones nos permitirán definir quiénes son los responsables de estos hechos”, señaló el oficial.

Respecto de lo disciplinario, el procurador Fernando Carrillo designó a un funcionario especial para que evalúe los hechos.

Este proceso se suma a la indagación que inició en enero el Ministerio Público contra miembros del Ejército Nacional, por los hechos derivados de la diligencia de allanamiento y registro realizada el pasado 18 de diciembre en las instalaciones del Cantón Militar Miguel Antonio Caro, Batallón de Ciberdefensa, en Facatativá, Cundinamarca, en el que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en su condición de policía judicial disciplinaria, recolectó información.

Este operativo se llevó a cabo por cuenta de una orden generada por la magistrada de la Corte Suprema Justicia, Cristina Lombana, quien tenía en su despacho expedientes que relacionan al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, y que le fueron retirados de su conocimiento por posible imparcialidad, dado que estuvo como subordinada en el Ejército cuando estuvo cumpliendo funciones del jefe de Estado.

Si bien hasta el momento poco se ha vislumbrado sobre las intenciones de las denominadas interceptaciones conocidas en enero y los ahora perfilamientos revelados en mayo, la Procuraduría inició la práctica de pruebas con el fin de verificar y determinar si hubo la falta disciplinaria o si por el contrario se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Lo que pretende también el Ministerio Público es establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública.

En cuanto a lo penal, desde el ente acusador, el exfiscal encargado Fabio Espitia señaló que se iniciaron investigaciones por Chuzadas y se trazaron líneas que permitieran determinar las personas vinculadas que tuvieran fuero, es decir, personas a quienes debe investigar la Corte Suprema y no el ente acusador.

Por estos hechos, el general en retiro Nicacio de Jesús Martínez, excomandante del Ejército Nacional, ha estado en la palestra pública, dado que bajo su comandancia fue que se registraron las irregularidades denunciadas por la Revista.

Martínez, quien abandonó su cargo finalizando el año pasado, dijo que lo hacía por “motivos personales”, sin embargo, fue precisamente días más tarde que se conocieron denuncias de las interceptaciones y una vez volvió a conocerse del escándalo, la defensa del oficial señaló que no tiene vínculo alguno.

El penalista Jaime Granados, quien defiende los intereses del oficial, señaló que pese a todas las investigaciones abiertas “ninguna parece obrar prueba de chuzada y no se han pedido siquiera explicaciones al general Nicacio de Jesús Martínez”.

El abogado señala que “las supuestas interceptaciones y violaciones al derecho de la intimidad parecen existir sólo en las publicaciones de Semana, porque no se evidencia que lo corroboren”.

Investigaciones van a paso de tortuga

El catedrático y coronel del Ejército en retiro Carlos Velásquez señaló que espera que sea el último capítulo de un proceso que viene desde la famosa operación andrómeda, en época del proceso de negociación con las Farc.

Para el oficial lo que hay detrás es que desde los dos mandatos del hoy senador Uribe “se irradió en el país y en el Ejército una ideología estéril que produjo en varios militares una visión oscurecida, eso a su vez en la inteligencia militar conllevó a un seguimiento de todo lo que parecía ser contrario a su posición”.

En cuanto a las investigaciones, el coronel (r) señaló que la Procuraduría y la Fiscalía han avanzado “a paso de tortuga” en las mismas. Precisó que si estas se hubieran tomado con celeridad, seguramente ya habrían resultados disciplinarios.

“Todo parece indicar que el gobierno, a través de su ministro, creyeron que con el retiro del comandante del Ejército ya estaba solucionado el problema. No se preocuparon por completar esa verdad y solo reaccionan cuando sale el artículo. El Ministro de Defensa debe estar pendiente y verificar la reestructuración de la inteligencia”, señaló el exoficial.

Debate de control político a ‘Chuzadas Duque 2.0’

El promotor del mismo es el senador antioqueño Juan Diego Gómez, quien manifestó que “hemos citado al ministro de Defensa, a la ministra del Interior, al comandante del Ejército, al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, al jefe del comando conjunto de Inteligencia del Ejército y al comandante de las Fuerzas Militares, porque creemos que es un hecho muy grave y sobre esto deberán responder por esos famosos perfilamientos que hacen de los ciudadanos y creemos que es fundamental que se encuentren los responsables y se tomen las medidas”.

Gómez, en el amplio cuestionario al ministro Carlos Holmes Trujillo, le pide que responda, por ejemplo, ¿en qué consisten las actividades de inteligencia y contra inteligencia de las Fuerzas Armadas?, ¿existe un marco normativo al interior del Ministerio que regule la realización de estas actividades?, ¿quién o quiénes se encuentran autorizados para ordenar y ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia al interior del Ministerio y/o las Fuerzas Armadas?, ¿requieren las actividades de inteligencia y contrainteligencia autorización judicial previa?

Igualmente, el Mindefensa debe responder ¿En qué consiste el perfilamiento de un ciudadano y con qué fin se realiza?, ¿desde cuándo se realizan estas labores de perfilamiento al interior de la institución?, ¿cuenta el Ministerio de Defensa y/o las Fuerzas Armadas con herramientas tecnológicas que les permitan acceder a los correos electrónicos y/o llamadas de un sujeto de perfilamiento?

El senador del partido de la U Armando Benedetti, sostiene que esta situación cada vez se parece más al caso del exministro de la Defensa, Guillermo Botero, a quien le iba a aplicar la moción de censura ante la serie de equivocaciones y posibles encubrimientos que hizo desde el cargo, como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales de exmilitantes de las Farc, y el encubrimiento de un operativo militar en el cual murieron al menos siete menores de edad en un campamento en el cual estaba un jefe de la nueva guerrilla que conforman, entre otros, Iván Márquez y alias el ‘Paisa’.

Otro senador que se pronunció sobre la gravedad del caso y de los que se debe darse desde el Congreso, es el santandereano de Cambio Radical, Richard Aguilar, el cual dice que “esto es gravísimo, lesiona enormemente la libertad de prensa y las garantías de la oposición. El Gobierno debe enfocar las investigaciones para descubrir a los verdaderos cerebros de estos planes macabros y no en chivos expiatorios, exigimos celeridad”.

Uno de los senadores chuzados, Iván Cepeda, del Polo Democrático, no descarta que se pueda llegar a una moción de censura, pero es claro que por el momento “no nos queda ninguna otra salida distinta a emprender las acciones pertinentes ante la justicia nacional e ir a llevar la información detallada de todos estos hechos a las instancias internacionales de protección de derechos humanos y ante el Congreso de Estados Unidos, puesto que no hay que olvidar que esta operación se financió con dineros de cooperación internacional aportados por ese país”.

La moción de censura es la máxima sanción que le puede imponer el Congreso de la República a los ministros, lo cual les llevaría a que renuncien a su cargo. En noviembre del año pasado en el Senado el exministro Guillermo Botero ya había perdido el respaldo de la mayoría de los senadores, entre ellos los partidos de gobierno, por lo que tuvo que renunciar antes de hacerse la votación.

Desde las filas del Centro Democrático, el senador Ciro Ramírez, aunque destacó que se están haciendo las investigaciones internas, pidió que se conozcan nombres de las personas que hicieron estos seguimientos. “Es importante ponerle nombre a estos responsables para no manchar una institución cuya imagen se está poniendo en duda, que es el Ejército Nacional. Es importante que se conozcan desde el Congreso cuáles son los controles que se están implementando para que esto no vuelva a suceder”, señaló.

El debate está convocado para hacerse en la Comisión Segunda del Senado de la República, y según se informó por la mesa directiva de la misma, se está programando para esta misma semana ante la gravedad de los hechos.