En la época de la Revolución en Marcha, liderada por dos tolimenses: Alfonso López y Darío Echandía, se expidió la denominada Ley de Tierras- Ley 200 de 1936- en la que se establecieron derechos y obligaciones para la propiedad.

En los 84 años transcurridos desde entonces la mencionada ley ha sido objeto de toda suerte de controversias y oposición al punto de que el Acuerdo de La Habana lo encabeza el propósito de definir el tema en cuestión. Por cierto, desde las más altas posiciones del Estado se continúa evadiendo tan trascendental asunto hasta el punto que un ex presidente, propietario de miles de hectáreas, manifiesta en su declaración de renta que esas extensiones no producen nada por lo que no paga tributo en ese sentido.

Lo anterior se complementa con la Constitución de 1991 que en su artículo 58 reza: “La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica”.

Los árboles crean el oxígeno y absorben los gases de efecto invernadero, son los encargados de extraer el dióxido de carbono del aire, absorben y bloquean el ruido, de manera que reducen la contaminación acústica urbana, así como evaporan agua, ofrecen sombra y regulan así la temperatura de su entorno; también deben saber que su destrucción fomenta el calentamiento global y que puede alterar la capacidad de los organismos para sobrevivir en un ecosistema.

Una vivienda con árboles cercanos o en su misma propiedad aumenta entre un 10% y un 23% su valor económico. Los árboles producen materia orgánica en la superficie del suelo con la caída de sus hojas, y sus raíces aumentan la permeabilidad del terreno, ofrecen hogar y alimento para numerosas especies de animales y vegetales. La biodiversidad, y los beneficios que ella ofrece, es mayor cuantos más árboles, arbustos y parques urbanos y periurbanos posea la ciudad, es por ello que la necesidad de salvaguardar la vida de los árboles es el mejor patrimonio que podemos dejar a las generaciones venideras.

Todo lo expresado para referirnos a un atentado perpetrado el miércoles 4 de noviembre del presente año a las 10:30 de la mañana en los Cerros Orientales de Ibagué, en la parte alta del sector de Calambeo, que ya fue publicado en El Nuevo Día y que hoy todavía no se conoce el resultado de la actuación de las autoridades. Para refrescar la memoria de la comunidad y los funcionarios, se acompaña esta nota con nuevas fotografías del sitio.

Vale recordar, por si alguien todavía lo ignora, que los Cerros Orientales han sido objeto de numerosos y costosos estudios que deben reposar en los anaqueles de Cortolima, la Universidad del Tolima, las secretarías de Infraestructura del departamento y el municipio, así como en Ingeominas y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En estos tratados ha de constar la composición geológica del sector, su papel trascendental en la protección y regulación de las aguas, la flora, la fauna y el clima de la ciudad, el entorno y la región.

Pues resulta que el mencionado atentado producto de la tala realizada en el bosque que coronaba la colina descrita, puede calcularse con el solo repaso de los incontables estudios referidos y debe añadirse que la descerebrada acción se realizó exactamente encima de la escuela La Cristalina, adonde acuden alrededor de sesenta niños de la vereda cercana.

Transcurridos más de 46 días de la demencia, en medio de copiosas lluvias y tras una breve visita de la Policía del CAI ambiental que queda a unos cientos de metros del lugar de la agresión, no se conoce de accionar alguno de las autoridades que tienen a su cargo la defensa de los intereses colectivos. Tal vez por las restricciones presupuestales derivadas de la pandemia, no han estado disponibles los viáticos para el traslado de los funcionarios. Preciso es recordar que el costo del pasaje de la buseta que cubre la ruta continúa en los mismos dos mil pesos.

En otras sociedades una acción tan perversa habría generado la expropiación inmediata del predio y, en otras, con legislaciones más severas, la pena de muerte para los perpetradores. En regiones de Colombia, con resguardos indígenas, un desenfreno similar se castiga con el sometimiento de los culpables al cepo público y el azote, con ramas, a los bárbaros.

Las acciones de las personas sobre el medio ambiente siempre provocaran efectos colaterales sobre éste, a eso llamamos impacto ambiental.

Si todo esto está claro, ¿por qué no se evita ‘el arboricidio’ en la ciudad?

¿Por qué las autoridades ambientales no sancionan la tala indiscriminada? ¿Se están realizando los controles necesarios para frenar esta situación? ¿Será que el dueño del predio radicó la respectiva denuncia ante las autoridades competentes? ¿Será que el Procurador Ambiental exigió las investigaciones del caso para sancionar a los responsables? ¿Será que Cortolima actuó como era su deber?

Dicen que el poder embriaga, pero parece que algunos de nuestros directivos no necesitan del poder para embriagarse, y esto de por si no es un problema, en Colombia se calcula que el “…86% de la población general con edades entre 12 y 65 años ha consumido alcohol en su vida …” , el problema pensaría uno, es no atender oportunamente las señales, ya hace más de 2 décadas se viene hablando y en algunos lugares más que en otros padecen el efecto del cambio climático, vemos tragedias en Australia, inundaciones en París, innumerables incendios en la Amazonía, suicidios en masa de ballenas jorobadas, mejor dicho una persona sensata miraría a los bosques con otra óptica, si entiende el problema, y al ir al ciudadano promedio encontraremos que no necesariamente este tiene la información y el criterio para atender este desastre, pero tratándose de funcionarios cuyo objeto es velar por el medio, se espera que sean defensores a ultranza de los recursos naturales por excelencia, claro en el entendido que estos son su prioridad.

Creo que esperamos demasiado y luego de escuchar el silencio de los funcionarios de Cortolima, frente a este nuevo arboricidio de nuestra capital, suponemos están superando apenas la resaca de la embriagada anterior.