Su declaración se produjo en respuesta a un pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que urgió al gobierno para que proteja de manera integral a más de 9.000 excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación.

Según el tribunal, las actuales medidas no son suficientes para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc.

Archila aseguró que se hará todo lo necesario para proteger a los excombatientes y a sus familias y mencionó que en varios casos, gracias a alertas tempranas y a la acción de la fuerza pública y autoridades locales, han sido evacuados excombatientes con sus familias, que estaban en riesgo inminente.

“Somos respetuosos de todas las decisiones de los jueces. El propósito es que no se vea afectada ninguna persona en reincorporación y no ahorramos esfuerzos para su protección. En 30 meses de gobierno hemos actuado con más de 50 medidas y entidades del Estado, y hemos aplicado acciones para proteger personas amenazadas que estaban en riesgo”, añadió.

“Nos hemos articulado y la Fiscalía es 50% más efectiva en la investigación de homicidios de excombatientes, y nuestra meta es que haya cero (0) agresiones”, insistió el Consejero Archila.

La Consejería para la Estabilización está hoy en día coordinando, a través de una mesa de articulación interinstitucional, las acciones que adoptan diferentes entidades del Estado en este sentido.

El Gobierno ha implementado 279 esquemas de protección para excombatientes, que han beneficiado a un total de 424 excombatientes y proyecta que al final de 2021 se cuente con 946 esquemas de protección individuales y 83 colectivos, para un total de 1029 esquemas.