Durante el lanzamiento del Pacto, que lideran la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para personas dadas por desaparecidas, el magistrado aseguró que se debe partir de que “en la medida de que se implemente el Acuerdo Final de Paz en toda su integridad, mejorarán las condiciones de seguridad, protección y realización de los derechos de las comunidades y sectores afectados históricamente por graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario”.

El magistrado llamó la atención sobre la crisis humanitaria que vive el puerto, pues trajo a colación cifras tales como que 23 líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluyendo algunos que integran organizaciones que presentaron informes ante la JEP, han sido asesinados desde la firma final.

Un reporte de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dan cuenta que en el primer trimestre de 2021 se han registrado 33 combates, 41 homicidios, 13 desapariciones y más de 200 desplazamientos. En la alerta temprana, el órgano defensor advirtió que otras 170.500 personas, ubicadas en 38 barrios y nueve veredas están en riesgo de sufrir atentados contra su vida, integridad y patrimonio.

No obstante, para el magistrado la crisis de seguridad no es el único punto que hay que afrontar para transformar la situación de Buenaventura. El presidente de la JEP también aseguró que, según el Banco de la República y el Dane, la tasa nacional de desempleo para 2019, antes de la pandemia y de la crisis económica que esta suscitó, era de 10,5 %. Esto es la mitad de la tasa de desempleo de Buenaventura, que era de 20,3 %. Por último, en 2019 el puntaje global en el examen Saber 11 a nivel nacional fue de 253 puntos, y en Buenaventura fue de 224. O sea, 29 puntos abajo de la media nacional de educación.

A su juicio, la situación actual del municipio contrasta con la sociedad renovada que promueve el Acuerdo de Paz. Por eso, el magistrado Cifuentes enumeró cada uno de los compromisos que adquirió el país en los seis puntos negociados en La Habana. Recordó, por ejemplo, que el Estado se comprometió a superar la pobreza, formalizar la posesión de tierras, garantizar el retorno de la población desplazada, intensificar las acciones contra quienes atentan contra los líderes sociales y ubicar a las personas dadas por desaparecidas que sigan con vida y, respecto de quienes hayan fallecido, entregar sus restos a las familias, de manera digna, entre otros.

Finalmente, dijo que Buenaventura es mucho más que conflicto y que sería injusto definirla como un municipio intrínseco e irremediablemente violento. “Sería igualmente equivocado calificar el problema como endémico y exclusivo de la ciudad y de su entorno rural. Lo que pasa aquí, como bien lo dijo el alcalde hace unas semanas, es la manifestación de un fenómeno más grande y complejo, presente, también, en otras zonas del país. Pero a pesar de que la guerra no es el rasgo definitorio del municipio, sí es relevante, y debemos reconocerla para superarla”.