No: no es exclusivamente una preocupación de los usuarios de Netflix, la famosa plataforma de series de TV y películas por internet. La así llamada Ley Netflix, formalmente Ley 077 de 2015, fue presentada por el representante Diego Patiño y propone integrar los servicios de televisión y películas clásicos con aquellos que se hicieron posibles con tecnología nueva, como el internet de banda ancha y ‘streaming’ de video.

Es decir: empresas como Netflix y otros “proveedores de contenidos audiovisuales sobre redes de telecomunicaciones cuyos servicios estén disponibles en el mercado colombiano bajo el esquema de suscripción y pago” serían considerados en Colombia como un servicio público y tendrían obligaciones acordes a esta denominación.

Censura: la primera consecuencia

Si llegase a ser aprobada la Ley Netflix, quedaría en manos de una entidad del Estado determinar si Breaking Bad, House of Cards o Game of Thrones son series cuyo contenido, además de entretener, sirve para “fortalecer la consolidación de la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local”.

Si la respuesta es negativa, el Gobierno puede eliminar cualquiera de estas u otros miles de series y películas de Netflix.

Después de todo, la Ley Netflix busca igualar los deberes de los “servicios de provisión de contenidos audiovisuales sobre redes de comunicaciones”, o sea aquellos servicios que el internet ha hecho posibles, con los deberes que actualmente tienen los canales y los proveedores de televisión tradicionales que funcionan en nuestro país.

Y uno de esos deberes es atenerse a la vigilancia del Estado.

Aporte obligatorio al Fondo Audiovisual de Contenidos

Los nuevos servicios de TV por internet se benefician de ofrecer a sus usuarios tarifas muy bajas.

De esta forma han conseguido enfrentarse al modelo de TV corriente en todo el mundo, invitando a los suscriptores de televisión por cable a cancelar sus servicios, en un proceso que se conoce como ‘cord cutting’ o ‘recorte de cables’, y adquirir servicios de TV y películas por internet que, en virtud de una fracción del costo, les ofrecen un enorme catálogo y la libertad de escoger cuándo quieren ver sus programas favoritos.

Servicios como Netflix o Hulu han liderado esta revolución en la escala internacional y, en Colombia, servicios como Claro Video tienen la misma oferta y permiten pagar con tarjetas débito o efectivo, junto con el recibo del internet.

La Ley Netflix obligaría a estas empresas y otras que inicien operaciones en Colombia a hacer un aporte al Fondo Audiovisual y de Contenidos, una entidad que financia la realización de contenidos audiovisuales públicos.

El objetivo del fondo es excelente y parte fundamental para estimular el crecimiento de una industria de cine y televisión nacional rica. Pero Netflix, Claro Video y demás servicios tendrían que aumentar sus tarifas, para poder pagar este aporte obligatorio.

Es decir que en la búsqueda por financiar el desarrollo de la industria de la TV y el cine, el Gobierno haría menos accesibles los servicios que hacen que los colombianos sean consumidores de TV y cine y descubran nuevo contenido.

Netflix no estaría solo; usted también tendría obligaciones

La propuesta más ambiciosa de la Ley Netflix es obligar a todos los “servicios de provisión de contenidos audiovisuales sobre redes de comunicaciones” a registrarse ante el Gobierno y cumplir con las obligaciones de la TV clásica.

Pero: ¿qué es un servicio de provisión de contenidos audiovisuales? ¿Lo es su página web, si usted publica en ella videos con tutoriales sobre su hobbie para otros aficionados, y cobra por suscribirse? ¿Lo es su blog, en el que usted publica videos de YouTube?

¿Lo es YouTube?

La Ley Netflix no define claramente cuáles de estos servicios de internet quedarían cubiertos por ella, sujetos a censura y obligados a pagar un aporte obligatorio.

El columnista de opinión José Luis Peñarredonda, fuerte crítico del proyecto de ley, acepta que el representante Diego Patiño radicó el proyecto en el Congreso porque cree que la explosión del ‘streaming’ puede ahogar a los colombianos en contenido extranjero que no cumple con los principios de pluralismo, equilibrio informativo y difusión de la cultura colombiana.

Pero advierte que la televisión colombiana actual tampoco cumple con esos principios a cabalidad y que “en cambio, internet sí da cabida a una diversidad y una libertad que los medios tradicionales ni se quieren ni se pueden permitir. Ignorar eso es no conocer internet. Y no conocer internet e intentar legislarlo es, exactamente, la clase de negligencia que los colombianos hemos aprendido a esperar de nuestro Congreso.”

El colectivo de defensa de los derechos de los internautas RedPaTodos, por su parte, invita a los colombianos interesados en participar en este y otros debates sobre gobernanza de internet del 28 al 30 de septiembre en Hotel Crown Plaza de Bogotá, en el Segundo Foro de Gobernanza de Internet 2015, con entrada libre e inscrición en Gobernanzadeinternet.co.

Lenovo: nuevo laptop, nuevas amenazas a su privacidad 

El fabricante de computadores de Hong Kong lanzó esta semana en Colombia su nueva Yoga Tablet 3, una tableta poderosa con procesador de 4 núcleos, Android 5.1, cámara de 8 Megapixeles que gira 180º para funcionar como cámara trasera o frontal y pantalla de 8 pulgadas.

La tableta tiene 16 gigabytes de almacenamiento y una batería de 6.200 mAh.

Pero por lejos la noticia más impactante sobre la marca fue el descubrimiento de una nueva violación a la privacidad de sus usuarios.

Este año se descubrió que Lenovo vendía computadores de su línea IdeaPad con programas basura que además de mostrar publicidad indeseada, abrían un agujero de seguridad grave en sus equipos. Posteriormente la línea IdeaPad, con equipos diseñados para uso casero, se vio envuelta en otro escándalo, cuando se descubrió que Lenovo había alterado un sistema de arranque de Microsoft Windows para reinstalar software basura en sus equipos, aun si sus usuarios lo eliminaban o formateaban sus equipos.

Los compradores de equipos de las líneas ThinkPad, ThinkCentre y ThinkStation de Lenovo, los más importantes de la compañía pues están diseñados para uso corporativo y son comprados por miles de empresas alrededor del mundo en cientos de industrias, habían estado fuera de peligro.

Hasta ahora.

Esta semana se descubrió que Lenovo instala un programa llamado ‘Lenovo Customer Feedback Program 64’ en los ThinkPad, ThinkCentre y ThinkStation restaurados o ‘refurbished’, que se ejecuta automáticamente todos los días y envía datos a Lenovo, para análisis ejecutados por la empresa.

Una inspección posterior llevó a varios analistas a descubrir un archivo llamado Lenovo.TVT.CustomerFeedback.OmnitureSiteCatalyst.dll, en el que el nombre Omniture sugiere que parte de la información es enviada a Omniture, una empresa de mercadeo y análisis de datos.

Todo parece indicar que aun los equipos de sus líneas corporativas, cuya reputación Lenovo debería cuidar, envían información sobre la actividad de sus usuarios a terceros.

Efectivamente: en una página de soporte de Lenovo, el programa asociado con Omniture aparece en una lista de software que la empresa incluye en equipos ThinkCentre, ThinkStation y ThinkPad, y que puede comunicarse con otros servidores en internet.