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En medio de una difícil situación económica derivada de la pandemia y la notoria reducción en el número de usuarios del servicio de transporte público colectivo, algunos conductores de buseta anunciaron una jornada de paro en aras de exigirle a la Administración municipal que ponga atención a sus querellas.
Según advierten, muchos propietarios están en quiebra y los costos de operación de los vehículos no alcanzan a ser subsanados con la prestación del servicio, por lo que piden reajustes en las tarifas y en la reposición de los vehículos que ya cumplieron su vida útil.
Asimismo, dejaron ver su malestar por el anuncio de que se pongan en funcionamiento los vehículos bajo la normativa Euro 6, situación que para los conductores es inviable económicamente, pues su costo oscila los $600 millones y el cambio de baterías alcanza entre $260 y $280 millones.
“Estamos totalmente afectados, hemos sido ignorados por la Administración municipal. La pandemia afectó mundialmente pero aquí se hizo caso omiso y nos han abandonado, estamos en quiebra y los propietarios no resistimos. Pedimos que se cumpla la ley en temas de tarifa y reposición, se nos pidió que se enviaran unos puntos y se ha hecho caso omiso”, indicó César Martínez, conductor y uno de los promotores de la jornada.
¿Conductores divididos?
Pese al llamado a paro, otro grupo de conductores señaló que aunque tampoco está conforme con la atención que les ha brindado la Alcaldía, no harán parte de la jornada promovida para hoy.
Geferson Cruz, vocero de los pequeños y medianos propietarios de buseta señaló, “el paro del que se habla está orquestado por algunos gerentes, los dueños lo desconocemos, nos quieren hacer una encerrona para que el Alcalde los atienda (...) los propietarios y conductores sí organizaremos una manifestación pacífica para reclamar nuestros derechos y no permitir que se nos sigan desconociendo, no hoy, pero en los próximos días.
“Nosotros no vamos a salir (a paro) vamos es a trabajar”, dijo.
Cruz acotó que en medio de la problemática del gremio, la Alcaldía se equivoca a la hora de solucionar el problema solo con los gerentes de las empresas de transporte, desconociendo a los dueños de los vehículos, alrededor de 700 propietarios, así como a los conductores que entre oficiales y relevadores pueden sumar más de 1.000.
“Nosotros los propietarios no permitimos que los gerentes y directivos de las empresas nos sirvan de interlocutores porque ya les perdimos la confianza y hasta el respeto, ellos solo buscan sus intereses personales”, señaló el propietario.
En agosto del 2020 en Ibagué también se realizó un ‘plan tortuga’ también derivado de la crisis económica que en ese momento impactaba con más fuerza a los empleados de la ‘ola naranja’.
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